Sentencias testimoniales

Un claro ejemplo es la nociva relación que el gobierno nacional mantiene con el Poder Judicial, al que condiciona de distintas formas ya denunciadas en estas columnas, tales como designaciones de jueces por razones políticas, la manipulación del Consejo de la Magistratura, y la presión sobre jueces sin estabilidad, como los subrogantes.

Pero es preocupante otra modalidad instalada, que avasalla el equilibrio de poderes y desprestigia a la Justicia: el incumplimiento de las sentencias dictadas por los jueces.
La lista es tan amplia que reviste una gravedad inusitada y asfixia a la República. No hay un verdadero Estado de Derecho si el Poder Ejecutivo se arroga descaradamente el derecho de ignorar los fallos de la Justicia.

La falta de cumplimiento de órdenes judiciales ha sido una constante en todos estos años. Aníbal Fernández, Nilda Garré y otros funcionarios las han desobedecido en reiteradas oportunidades, burlándose de su obligatoriedad. El fallo que ordenaba desalojar edificios tomados por familias de la villa 1-11-14 en el sur de la ciudad; el que intimaba a evitar los piquetes frente a una planta impresora de diarios; el que requería poner en funciones a la lista Celeste del gremio de Aeronavegantes, o el que exigía impedir el ingreso de materiales para la construcción en la villa 31 son sólo algunas muestras de los incumplimientos crónicos de las autoridades gubernamentales.

Pareciera que los fallos de la Justicia son de carácter optativo para el Gobierno y que su cumplimiento dependiera del humor o de la predisposición del funcionario de turno, en lugar de considerarlos lo que en realidad son: órdenes incuestionables de otro poder de la República. Los fallos judiciales se notifican para ser cumplidos y no para que sean objeto de debate, opiniones y excusas de todo tipo.

Este panorama desolador resulta más grave aún cuando se trata de incumplimientos de las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia. El caso del ex procurador general de Santa Cruz Eduardo Sosa constituyó una fiel muestra de esa permanente desobediencia a los mandatos judiciales. La Corte, luego de un largo peregrinaje judicial, ordenó al gobierno de Santa Cruz restituirlo como procurador general, cargo del que había sido arbitrariamente separado en 1995, cuando Néstor Kirchner era gobernador. Desde 2001 la Justicia viene fallando a favor del funcionario desplazado y desde hace dos años la propia Corte ha denunciado que el gobernador Daniel Peralta no cumple con el mandato del máximo tribunal, sin que haya habido consecuencias para el autor del ilícito penal.

Asimismo, en marzo de 2010 la Editorial Perfil obtuvo un fallo de la Corte que sostuvo que el Gobierno no puede distribuir arbitrariamente la pauta publicitaria en los medios de comunicación, privilegiando a algunos en detrimento de otros, y ordenó distribuirla respetando un equilibrio razonable. Sin embargo, a pesar de ello, el Gobierno ignoró el fallo al asignarle a Perfil publicidades mínimas en sólo algunas de las revistas, y, fiel a su proceder provocador, los avisos contenían mensajes que atacaban a la propia editorial.

Los incumplimientos por parte de la Anses de los fallos de la Corte que ordenan ajustar haberes mal liquidados a los jubilados son otra muestra de la perversidad oficial. El Gobierno obliga a iniciar juicio a quienes están más desprotegidos por su edad avanzada, y luego de muchos años de litigar incumple en forma sistemática la decisión del máximo tribunal. Se trata de una verdadera ofensa a los jubilados, a los que el oficialismo dice defender, mientras se desvía el dinero de la Anses, dinero que pertenece a los jublados, y se lo destina a financiar planes sociales, ofrecer créditos baratos para empresas o cubrir desajustes fiscales.

El Gobierno también incumple otra sentencia dictada por la Corte sobre libertad sindical, al impedir a través del Ministerio de Trabajo la formación de nuevos sindicatos con personería gremial.

Muchos otros fallos dictados por nuestro máximo tribunal referidos a temáticas muy diversas, como los que ordenan combatir la contaminación y sanear la cuenca Matanza-Riachuelo, incorporar al sueldo del personal de las Fuerzas Armadas los adicionales otorgados o reintegrar recursos de la coparticipación federal a algunas provincias, son ignorados olímpicamente.

Ante esta triste realidad, la Corte permanece pasiva, desprestigiándose así el Poder Judicial en detrimento del equilibrio de poderes.

La Corte es un pilar fundamental de la República, es la garantía que tienen los ciudadanos de que sus derechos y libertades serán respetados. Por ello, debe condenar enérgicamente estas desobediencias exigiendo el cumplimiento inmediato de las sentencias.

Hace unos días Aníbal Fernández expresó: "Si hay alguien que ha honrado las instituciones, ha sido la jefa del Estado". Incumplimientos como los descriptos por parte de funcionarios que se encuentran en la órbita presidencial desautorizan completamente, una vez más, la hueca afirmación del jefe de Gabinete.