Seguridad y policía en la Ciudad
La ciudadanía porteña padece las consecuencias de las disputas políticas entre el gobierno nacional y el de la Ciudad en un área clave, la seguridad.
La ciudadanía porteña padece las consecuencias de las disputas políticas entre el gobierno nacional y el de la Ciudad en un área clave, la seguridad. A pesar de la autonomía reconocida a la Ciudad en la reforma constitucional de 1994, se le ha negado el traspaso de las fuerzas policiales de la Nación que prestan servicios en esa jurisdicción. Los intentos de acuerdo promovidos por las autoridades porteñas chocaron con la oposición nacional, interesada en retener una cuota de poder en la Ciudad a través del dominio de la Policía Federal.
La creación de la Policía Metropolitana persiguió remediar parcialmente esta situación, y se esperaba que pudiera complementarse el trabajo de esta nueva fuerza con el actual despliegue de la Federal. Sin embargo, las rivalidades políticas y la irresponsabilidad pudieron más. Así, se han generado situaciones tan complejas como las que rodearon la respuesta policial a la ocupación del Parque Indoamericano. Entre otros hechos confusos, también en el caso de las viviendas ocupadas en el Bajo Flores se han manifestado discordancias políticas en relación al cumplimiento de la orden judicial de desalojo. Las autoridades nacionales pretenden que intervenga únicamente la Policía Metropolitana, alegando que el delito de usurpación fue transferido a la jurisdicción porteña. Por su parte, en la Ciudad se advierte que no ha habido transferencias ni de fuerzas de la Policía Federal ni del presupuesto respectivo y que la Policía Metropolitana no cuenta con un número de efectivos capaz de sustituir a la Federal.
Un nuevo paso en esta serie de disputas sobre el manejo de las fuerzas de seguridad en la Ciudad se ha dado con el anuncio del retiro de la Policía Federal de la custodia de los edificios y espacios públicos porteños. Esta determinación es intempestiva y lesiva para la seguridad.
Es de esperar que se alcancen acuerdos básicos de gestión de la seguridad pública en la Ciudad, dejando de lado la búsqueda de un rédito electoral a través de una dimensión en la que están en juego bienes básicos de la comunidad.
Las pujas entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad se han trasladado al dominio de la Policía, con el riesgo de que se agraven los problemas de inseguridad que ya padece la población.