Se rinden los mapuches y firman
El gobierno chileno y 27 de los 38 mapuches presos en huelga de hambre desde hace 82 días firmaron este sabado un acuerdo por el que las autoridades se comprometen a no sustanciar causas bajo la Ley Antiterrorista.
El acuerdo fue alcanzado en la noche del viernes con los comuneros presos en Concepción, Lebu y Temuco, quienes depusieron la huelga de hambre, y comenzaron hoy un progresivo plan de alimentación, que les permitirá recuperar sus condiciones normales en alrededor de un mes, informaron las agencias ANSA y DPA.
Otros 11 mapuches, presos en la cárcel de Angol, seis de ellos hospitalizados, consideraron insuficiente la propuesta del gobierno y anunciaron que continuarán la huelga de hambre.
El levantamiento de la medida fue decidida por los comuneros luego de que el gobierno les asegurara que desistirá de todas las causas tramitadas por la Ley Antiterrorista que se llevan a cabo en los tribunales del país, legislación heredada de la dictadura de Augusto Pinochet y que permite el doble procesamiento por la Justicia civil y militar.
Este era la principal exigencia de los mapuches presos, procesados por delitos cometidos durante protestas en reclamo de tierras.
El gobierno se comprometió además a introducir cambios a la Ley Antiterrorista, reformar a la justicia militar, seguir perfeccionando la legislación para garantizar los derechos procesales de los presos mapuches, y planteó su disposición a seguir en un diálogo para posibilitar el tratamiento de otros temas que preocupan en la relación entre los indígenas y el Estado.
"El paso que hemos dado no pone término a un proceso sino que da comienzo a otro para todos los pueblos originarios a quienes valoramos", sostuvo hoy el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien señaló que "la dificultad más grande para dar una solución estaba dada por la falta de confianza, ya que el pueblo mapuche había sido muchas veces defraudado por el gobierno".
En ese sentido, Natividad Llanquileo, una de las voceras de los huelguistas, afirmó en declaraciones a ANSA que este compromiso marcará "un precedente muy importante en relación a los gobiernos anteriores".
Andrés Molina, intendente de la Araucanía, la región con mayor concentración de mapuches, aseguró que "en la parte legal, el gobierno va a hacer un esfuerzo porque tengan un proceso justo, haya una defensoría que permita que haya transparencia y que ellos tengan seguridad de que podrán ser defendidos de buena manera".
El codirector del Observatorio Ciudadano y experto en pueblos originarios, José Aylwin, afirmó que la huelga "ha sido central en develar una crítica situación de derechos humanos en el país".
En tanto, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, viajó a la Araucanía para coordinar el traslado de los mapuches de las cárceles a los hospitales, donde completarán un programa alimentario que les permita recuperar condiciones normales de salud.
Mañalich reconoció que varios de los comuneros podrían quedar con secuelas por el extenso ayuno y precisó que la recuperación nutricional será progresiva e incorporará en forma lenta un incremento de las calorías y suplementos vitamínicos, nutricionales y proteicos.
"Las condiciones completamente normales se pueden restablecer en un plazo de un mes, de los cuales estimamos que para la mayoría de los comuneros será de un periodo de una semana en los hospitales y el resto puede ser con monitoreo en las cárceles", agregó.
Los huelguistas bajaron en promedio 20 kilos, en uno de los ayunos voluntarios más extensos que se recuerden, y se mostraron dispuestos a entregar sus vidas, en demanda nada más que de un juicio justo.
La férrea voluntad de los comuneros con la medida de fuerza puso en vilo al gobierno de Sebastián Piñera cuando los huelguistas comenzaron a mostrar deterioro físico.
Para convencer a los mapuches de dejar la huelga de hambre, el presidente recurrió a la Iglesia católica, que ofreció los oficios del cardenal de Concepción, Ricardo Ezzati, quien logró con sus gestiones que las partes llegaran a un acuerdo.
Paralelamente, el gobierno estableció otra mesa de diálogo con representantes mapuches en Temuco para tratar temas más generales de los reclamos de la etnia.
Por otra parte, impulsó en el Congreso las reformas a la Ley Antiterrorista y a la justicia militar, pero la postura de los legisladores oficialistas chocaron con las de la oposición, que proponía cambios profundos en las normas.
La crisis no pudo ser eludida por el Estado pese a que las autoridades entregaron o regularizaron la propiedad de medio millón de hectáreas a estos indígenas desde 1990, ya que los reclamos mapuches se basan en título ancestales de propiedad que el gobierno no reconoce.
Otros 11 mapuches, presos en la cárcel de Angol, seis de ellos hospitalizados, consideraron insuficiente la propuesta del gobierno y anunciaron que continuarán la huelga de hambre.
El levantamiento de la medida fue decidida por los comuneros luego de que el gobierno les asegurara que desistirá de todas las causas tramitadas por la Ley Antiterrorista que se llevan a cabo en los tribunales del país, legislación heredada de la dictadura de Augusto Pinochet y que permite el doble procesamiento por la Justicia civil y militar.
Este era la principal exigencia de los mapuches presos, procesados por delitos cometidos durante protestas en reclamo de tierras.
El gobierno se comprometió además a introducir cambios a la Ley Antiterrorista, reformar a la justicia militar, seguir perfeccionando la legislación para garantizar los derechos procesales de los presos mapuches, y planteó su disposición a seguir en un diálogo para posibilitar el tratamiento de otros temas que preocupan en la relación entre los indígenas y el Estado.
"El paso que hemos dado no pone término a un proceso sino que da comienzo a otro para todos los pueblos originarios a quienes valoramos", sostuvo hoy el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien señaló que "la dificultad más grande para dar una solución estaba dada por la falta de confianza, ya que el pueblo mapuche había sido muchas veces defraudado por el gobierno".
En ese sentido, Natividad Llanquileo, una de las voceras de los huelguistas, afirmó en declaraciones a ANSA que este compromiso marcará "un precedente muy importante en relación a los gobiernos anteriores".
Andrés Molina, intendente de la Araucanía, la región con mayor concentración de mapuches, aseguró que "en la parte legal, el gobierno va a hacer un esfuerzo porque tengan un proceso justo, haya una defensoría que permita que haya transparencia y que ellos tengan seguridad de que podrán ser defendidos de buena manera".
El codirector del Observatorio Ciudadano y experto en pueblos originarios, José Aylwin, afirmó que la huelga "ha sido central en develar una crítica situación de derechos humanos en el país".
En tanto, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, viajó a la Araucanía para coordinar el traslado de los mapuches de las cárceles a los hospitales, donde completarán un programa alimentario que les permita recuperar condiciones normales de salud.
Mañalich reconoció que varios de los comuneros podrían quedar con secuelas por el extenso ayuno y precisó que la recuperación nutricional será progresiva e incorporará en forma lenta un incremento de las calorías y suplementos vitamínicos, nutricionales y proteicos.
"Las condiciones completamente normales se pueden restablecer en un plazo de un mes, de los cuales estimamos que para la mayoría de los comuneros será de un periodo de una semana en los hospitales y el resto puede ser con monitoreo en las cárceles", agregó.
Los huelguistas bajaron en promedio 20 kilos, en uno de los ayunos voluntarios más extensos que se recuerden, y se mostraron dispuestos a entregar sus vidas, en demanda nada más que de un juicio justo.
La férrea voluntad de los comuneros con la medida de fuerza puso en vilo al gobierno de Sebastián Piñera cuando los huelguistas comenzaron a mostrar deterioro físico.
Para convencer a los mapuches de dejar la huelga de hambre, el presidente recurrió a la Iglesia católica, que ofreció los oficios del cardenal de Concepción, Ricardo Ezzati, quien logró con sus gestiones que las partes llegaran a un acuerdo.
Paralelamente, el gobierno estableció otra mesa de diálogo con representantes mapuches en Temuco para tratar temas más generales de los reclamos de la etnia.
Por otra parte, impulsó en el Congreso las reformas a la Ley Antiterrorista y a la justicia militar, pero la postura de los legisladores oficialistas chocaron con las de la oposición, que proponía cambios profundos en las normas.
La crisis no pudo ser eludida por el Estado pese a que las autoridades entregaron o regularizaron la propiedad de medio millón de hectáreas a estos indígenas desde 1990, ya que los reclamos mapuches se basan en título ancestales de propiedad que el gobierno no reconoce.