Se cierra el círculo
La reglamentación de la ley sobre papel para diarios confirma la intención oficial de condicionar a los medios independientes.
La resolución del Ministerio de Economía por la cual se reglamentó la ley que declaró de interés público la fabricación, comercialización y distribución de papel para diarios, y que le otorga al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, el control sobre la producción e importación de ese insumo, confirma que la intención del Gobierno no es otra que seguir restringiendo la libertad de expresión, sometiendo a los diarios a sus arbitrariedades y hostigando a los accionistas privados de la empresa Papel Prensa. Cierra, así, un círculo orientado a asfixiar al periodismo independiente.
La ley, sancionada con llamativa rapidez por el Congreso en diciembre pasado, durante las sesiones extraordinarias, reservaba para el Ministerio de Economía el papel de autoridad de aplicación. Días atrás, el titular de esa cartera, Hernán Lorenzino, emitió una resolución mediante la cual se designa al secretario de Comercio Interior a cargo de la fiscalización, verificación y control del cumplimiento de aquella norma. Al mismo tiempo, éste quedará a cargo del Registro Nacional de Fabricantes, Distribuidores y Comercializadores de Pasta Celulosa y Papel para Diarios, y de determinar eventuales infracciones.
Quizá no hace falta recordar que fue Moreno el funcionario que, en representación del Estado nacional en Papel Prensa, demostró mayor parcialidad contra los accionistas privados de la empresa, esto es, el Grupo Clarín y La Nacion S.A. La reciente resolución reglamentaria dota al propio Moreno de instrumentos legales para que pueda profundizar las hostilidades que inició contra los dos diarios en el directorio de Papel Prensa. Cabe recordar que desde que hombres de Moreno desembarcaron en la empresa, éstos impidieron su normal desenvolvimiento con el solapado fin de justificar la intervención de la compañía.
En la reciente resolución del Ministerio de Economía se fijaron los volúmenes estimados de importaciones necesarias y de producción nacional de papel para diarios para este trimestre. En adelante, el propio Moreno será el responsable de fijar las cantidades que deben producirse en el país y las que podrían importarse. En otras palabras, será el secretario de Comercio Interior quién decida cuánto papel para diarios y de qué origen se consumirá en la Argentina y quiénes lo van a consumir. De este modo, Moreno, con la excusa de controlar el papel para diarios, ejercerá un control policíaco sobre la prensa independiente.
Como lo hemos señalado con insistencia desde esta columna, el gobierno kirchnerista ha intentado hasta hoy emplear la abultada pauta publicitaria oficial para condicionar al periodismo que no le rinde pleitesía y para premiar a los medios que le resultan afines.
Ahora, con el pretexto de garantizar la distribución de papel para todos los diarios del país, buscará someter a sus designios a los diferentes medios periodísticos que precisen de aquel insumo. Intentará hacerlo por la vía de lo que siempre les ha criticado a otros: la edificación de un monopolio, que determinará cuánto papel para diarios deberá producir la única empresa privada que hoy fabrica ese producto y qué cantidad de ese insumo podrá ser importado y por quiénes.
Si hasta aquí en algo coincidían todos los dueños de diarios -grandes, medianos y pequeños- era en la necesidad de que el papel pudiera importarse libremente, sin cupos ni aranceles. La fijación de un cupo a la importación, además de ser inconstitucional, permite inferir que lo que busca el Gobierno es complicar su normal abastecimiento.
La ley argentina y su reglamentación corre a contramano del mundo. Basta señalar que en Brasil, al igual que en nuestro país, hay una sola planta de papel para diarios, cuya producción es más o menos equivalente a la de Papel Prensa. Dos tercios del papel para diarios que se consume en Brasil es importado. Sin embargo, a nadie en el gobierno de Dilma Rousseff se le ha ocurrido obligar a aquella fábrica a producir más para abastecer a todo el mercado doméstico. A nivel mundial, hoy existe sobreoferta de este producto.
La decisión oficial de imponerle a Papel Prensa un aumento de su producción hasta satisfacer toda la demanda nacional tiene un claro objetivo: asfixiar económicamente a sus accionistas privados hasta que el Estado nacional decida aumentar su capital en la sociedad para quedarse con la empresa. Se trata de una medida no sólo confiscatoria, sino también discriminatoria. Cabe preguntarse por qué no se obliga también a la empresa Papel del Tucumán a producir papel para diarios, cuando esta compañía producía hacia 2008 unas 30.000 toneladas, hasta que dejó de hacerlo para dedicarse a fabricar otros tipos de papel más rentables.
La exigencia del Gobierno a los accionistas de Papel Prensa de que, en el transcurso de febrero, definan un plan de inversión para satisfacer la totalidad de la demanda interna de papel para diarios, además de ser antieconómico, irracional y contrario a la lógica del mercado, es impracticable. Diseñar un plan de inversión de esas características lleva no menos de 180 días para cualquier consultora. Aquí se da apenas un mes de plazo. No es más que una maniobra para justificar sanciones tendientes a intervenir la compañía.
La lógica de control político de la ley y de su reglamentación es revelada por un dato muy llamativo: el papel para revistas que se utiliza en la Argentina es importado prácticamente en un ciento por ciento. Al Gobierno no se le ocurrió declararlo de interés público, producirlo a nivel local o fijar cupos de importación. Sencillamente, porque a lo único que apunta la decisión del Poder Ejecutivo es a castigar a dos diarios que han optado por no someterse a sus caprichos. Es el precio que deben pagar por ejercer la libertad de expresión.
La ley, sancionada con llamativa rapidez por el Congreso en diciembre pasado, durante las sesiones extraordinarias, reservaba para el Ministerio de Economía el papel de autoridad de aplicación. Días atrás, el titular de esa cartera, Hernán Lorenzino, emitió una resolución mediante la cual se designa al secretario de Comercio Interior a cargo de la fiscalización, verificación y control del cumplimiento de aquella norma. Al mismo tiempo, éste quedará a cargo del Registro Nacional de Fabricantes, Distribuidores y Comercializadores de Pasta Celulosa y Papel para Diarios, y de determinar eventuales infracciones.
Quizá no hace falta recordar que fue Moreno el funcionario que, en representación del Estado nacional en Papel Prensa, demostró mayor parcialidad contra los accionistas privados de la empresa, esto es, el Grupo Clarín y La Nacion S.A. La reciente resolución reglamentaria dota al propio Moreno de instrumentos legales para que pueda profundizar las hostilidades que inició contra los dos diarios en el directorio de Papel Prensa. Cabe recordar que desde que hombres de Moreno desembarcaron en la empresa, éstos impidieron su normal desenvolvimiento con el solapado fin de justificar la intervención de la compañía.
En la reciente resolución del Ministerio de Economía se fijaron los volúmenes estimados de importaciones necesarias y de producción nacional de papel para diarios para este trimestre. En adelante, el propio Moreno será el responsable de fijar las cantidades que deben producirse en el país y las que podrían importarse. En otras palabras, será el secretario de Comercio Interior quién decida cuánto papel para diarios y de qué origen se consumirá en la Argentina y quiénes lo van a consumir. De este modo, Moreno, con la excusa de controlar el papel para diarios, ejercerá un control policíaco sobre la prensa independiente.
Como lo hemos señalado con insistencia desde esta columna, el gobierno kirchnerista ha intentado hasta hoy emplear la abultada pauta publicitaria oficial para condicionar al periodismo que no le rinde pleitesía y para premiar a los medios que le resultan afines.
Ahora, con el pretexto de garantizar la distribución de papel para todos los diarios del país, buscará someter a sus designios a los diferentes medios periodísticos que precisen de aquel insumo. Intentará hacerlo por la vía de lo que siempre les ha criticado a otros: la edificación de un monopolio, que determinará cuánto papel para diarios deberá producir la única empresa privada que hoy fabrica ese producto y qué cantidad de ese insumo podrá ser importado y por quiénes.
Si hasta aquí en algo coincidían todos los dueños de diarios -grandes, medianos y pequeños- era en la necesidad de que el papel pudiera importarse libremente, sin cupos ni aranceles. La fijación de un cupo a la importación, además de ser inconstitucional, permite inferir que lo que busca el Gobierno es complicar su normal abastecimiento.
La ley argentina y su reglamentación corre a contramano del mundo. Basta señalar que en Brasil, al igual que en nuestro país, hay una sola planta de papel para diarios, cuya producción es más o menos equivalente a la de Papel Prensa. Dos tercios del papel para diarios que se consume en Brasil es importado. Sin embargo, a nadie en el gobierno de Dilma Rousseff se le ha ocurrido obligar a aquella fábrica a producir más para abastecer a todo el mercado doméstico. A nivel mundial, hoy existe sobreoferta de este producto.
La decisión oficial de imponerle a Papel Prensa un aumento de su producción hasta satisfacer toda la demanda nacional tiene un claro objetivo: asfixiar económicamente a sus accionistas privados hasta que el Estado nacional decida aumentar su capital en la sociedad para quedarse con la empresa. Se trata de una medida no sólo confiscatoria, sino también discriminatoria. Cabe preguntarse por qué no se obliga también a la empresa Papel del Tucumán a producir papel para diarios, cuando esta compañía producía hacia 2008 unas 30.000 toneladas, hasta que dejó de hacerlo para dedicarse a fabricar otros tipos de papel más rentables.
La exigencia del Gobierno a los accionistas de Papel Prensa de que, en el transcurso de febrero, definan un plan de inversión para satisfacer la totalidad de la demanda interna de papel para diarios, además de ser antieconómico, irracional y contrario a la lógica del mercado, es impracticable. Diseñar un plan de inversión de esas características lleva no menos de 180 días para cualquier consultora. Aquí se da apenas un mes de plazo. No es más que una maniobra para justificar sanciones tendientes a intervenir la compañía.
La lógica de control político de la ley y de su reglamentación es revelada por un dato muy llamativo: el papel para revistas que se utiliza en la Argentina es importado prácticamente en un ciento por ciento. Al Gobierno no se le ocurrió declararlo de interés público, producirlo a nivel local o fijar cupos de importación. Sencillamente, porque a lo único que apunta la decisión del Poder Ejecutivo es a castigar a dos diarios que han optado por no someterse a sus caprichos. Es el precio que deben pagar por ejercer la libertad de expresión.