Se busca imagen, no soluciones
*Por Carlos Sacchetto. Crónica del "marketing político de izquierda" con que el gobierno nacional busca sumar electoralmente con amenazas de expropiaciones y nacionalizaciones.
Si a cualquier persona que camina por la calle le preguntan si le gustaría ser pobre y enfermo, seguramente responderá que no. A la inversa, si le consultan si estaría de acuerdo con que las empresas distribuyan las ganancias entre sus trabajadores, los que se opondrían serían muy pocos. Ambas obviedades son a la vez legítimas expresiones de deseos en el terreno de la dialéctica, donde las fronteras entre lo real y lo ideal se diluye de la misma manera que en los discursos demagógicos de la política.
La actual ofensiva del Gobierno nacional para ubicar representantes en los directorios de algunas grandes empresas, también tiene su legitimidad y su demagogia. El Estado posee porcentajes minoritarios de acciones de esas compañías, que habían sido compradas con el objeto de obtener renta financiera por el extinguido sistema de las AFJP. Pero la decisión de hacer valer esos derechos de ese modo y no de otro, tiene un trasfondo político que al kirchnerismo le llevó tiempo resolver.
Réditos políticos
Cuentan en algunos despachos de la Casa Rosada que quien impuso su opinión fue el secretario Legal y Técnico, Carlos Zanini, autor además del decreto de necesidad y urgencia que firmó la Presidenta. Previamente, se evaluaron los beneficios y los riesgos de otras posibilidades. Una de ellas era la venta de esas acciones para pagar con cierta rapidez las deudas a los jubilados que originan los juicios que hoy se tramitan por miles en Tribunales por mala liquidación de haberes.
Esos jubilados deberán seguir esperando y, por razones de edad, tal vez nunca cobren lo que ordenó la Corte Suprema de Justicia en sus conocidos fallos previsionales. La ofensiva en nombre de la Administración Nacional de la Seguridad Social le da prioridad al efecto político que tiene introducirse en los directorios de las empresas, por sobre la solución práctica de los problemas de los jubilados.
En la cima del poder evalúan como positivo, en términos de réditos electorales, que el Gobierno abra una fuerte disputa con los grandes grupos económicos. La sola idea de la confrontación discursiva, que incluye para los empresarios el fantasma de la distribución de utilidades a los trabajadores, es movilizadora de la militancia y genera simpatías en otros sectores políticos. Alimenta, además, la falsa imagen de un Gobierno que avanza con reivindicaciones fundamentales contra el capitalismo.
Desde el pensamiento de la izquierda política y económica, basado en ideas realmente opositoras al capitalismo, dicen que no hay que preocuparse y que esta actitud del Gobierno es "jueguito para la tribuna". Agregan que no hay en estos casi ocho años de kirchnerismo ni una sola medida, profunda y efectiva, que lastime al capitalismo en la Argentina. "Puro marketing", sostienen.
En este punto, los archivos son demoledores. En aquellos medios críticos al Gobierno pueden verse discursos, declaraciones y actos en los que el fallecido ex presidente Néstor Kirchner y su esposa prodigan afectos y hasta desmesurados elogios a empresarios que siempre -no ahora- han sido claros exponentes de la cultura capitalista en sus negocios.
Sin límites
"Si es necesario dar una señal mayor, podemos nacionalizar el comercio exterior", amenazó hace unos días un funcionario allegado al ministro de Economía, Amado Boudou, hombre que se formó en el más puro liberalismo y militó en aquella Ucedé de los Alsogaray. Hoy Boudou es precandidato peronista en Capital Federal, y la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, ha delirado diciendo que el ministro sigue la misma lucha de los desaparecidos.
En este extraño cóctel ideológico, la nueva pelea con las grandes empresas disparó también distintas reacciones en el campo sindical. Mientras desde la CGT se pedía que la representación que quiere el Estado en los directorios de las compañías debía ser para los trabajadores, en la asamblea de Siderar la Unión Obrera Metalúrgica, que ya tiene un asiento, votó en contra del pedido del Gobierno. Al parecer, "la línea no bajó con claridad", dijeron en la Casa Rosada.
A falta de los desafíos políticos y electorales que debería plantearle la oposición, el Gobierno tiene para entretenerse en la solución de sus varios conflictos internos. Los tironeos entre el kirchnerismo no peronista y los sindicatos siguen generando rispideces. Ahora hay un fuerte debate en torno al masivo acto público que realizará la CGT el viernes próximo en la Capital Federal. En la Casa de Gobierno temen que Hugo Moyano, bajo el gesto de apoyar a la Presidenta, intente condicionar desde la integración de la fórmula, a las candidaturas al Congreso.
Cristina Fernández, en la intimidad con "labilidad de ánimo" según filtran algunos de sus allegados, insiste en que nadie, ni ella misma, es imprescindible para llevar adelante el modelo iniciado en 2003. Los tiempos para que sólo queden las verdades de cada discurso se acortan inexorablemente.