Satisfacción y escepticismo
Que la Corte Suprema deba recordar periódicamente que es inaceptable el manejo discrecional del erario en materia de difusión revela la tenaz inmadurez política y ética de los gobiernos en turno.
Es lamentable que la Corte Suprema de Justicia de la Nación deba recordar de manera periódica a los gobernantes en turno que el precepto constitucional que establece la publicidad de los actos de gobierno no supone propaganda y, menos aun, que la difusión pagada sea transformada en un mecanismo de presión y extorsión para silenciar a expresiones opositoras.
Este perverso sistema genera, a su vez, otras nefastas consecuencias; entre otras, la proliferación de medios oficialistas cuyas tiradas no guardan relación alguna con los excesivos montos que se les asignan, que suelen derivarse a aportes para el partido gobernante o para sus epígonos.
Al intentar refutar el pronunciamiento de la Corte, el Gobierno nacional sostuvo insólitamente que ese cuerpo no puede "interferir en el ejercicio de una atribución de naturaleza discrecional, que ha sido puesta en manos del poder administrador, frente a la ausencia de normas que establezcan criterios concretos para la distribución de la publicidad oficial a la cual debiera ajustarse el Estado nacional". Un mediocre refugio en el principio de que lo que no está prohibido en forma expresa queda tácitamente permitido. No advierte que su argumento es una expresa y tácita admisión de que interpreta de modo discrecional el precepto constitucional en cuestión.
Ni siquiera recuerda el kirchnerismo que en 2003, Néstor Kirchner firmó el decreto 1.172, que reconoce que la Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública y obliga a todos los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo "a brindar información de manera gratuita y en un plazo no mayor a 10 días".
Prácticamente nada de eso hizo él y nada de eso hace su sucesora en el cargo. Por lo contrario, desde que asumieron el poder, han llevado adelante una sistemática campaña de presión, extorsión y represión del periodismo independiente, contando a veces con la colaboración del sindicalismo oficialista, que bloquea la distribución de las ediciones de diarios y revistas. Aún no se han dedicado a Internet y a la telefonía celular, pero, como enseñan Hugo Chávez, Muamar Kadhafi y Hu Jintao, todo llega a su tiempo.
Si un medio del país no hubiese informado sobre el reciente discurso de Cristina Fernández, se hubiese clamado contra una presunta censura. Pero se arroga el derecho al silencio cuando son extorsionados medios independientes que resisten el dictado del pensamiento único.
El dictamen de la Corte Suprema de Justicia suscita satisfacción no exenta de escepticismo, porque lamentablemente el Gobierno y también sectores de la oposición siguen amparándose en la carencia de un marco legal, pero nada hacen para aprobar los proyectos que intentan poner límite a esta absurda discrecionalidad.