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Santa Fe y la Nación

Por un supuesto "error administrativo" la provincia del ex presidente Kirchner recibió más fondos que la gobernada por Binner

El gobierno nacional ha rectificado la detracción de fondos que había pretendido realizar en detrimento de la provincia de Santa Fe. Por esta vez, al menos, el escándalo ocasionado por la decisión del jefe de Gabinete nacional de desviar hacia Santa Cruz 93,1 millones de pesos que correspondían a Santa Fe por acuerdo entre la Nación y las provincias ha terminado en el reconocimiento de un "error administrativo".

Si es ésa la calificación correcta por lo ocurrido, entonces los errores cometidos por el gobierno nacional con Santa Fe han sido muchos más de la cuenta. No sorprende. Los santafecinos se han dado desde hace años un gobierno socialista, de moderada disidencia con el kirchnerismo, y aun así han padecido algunas de las penurias impuestas a las provincias que se han mantenido ajenas a la dirección del poder central.

El gobierno de Binner ha denunciado que la Nación está debiendo a Santa Fe un total de 842 millones de pesos por compromisos asumidos de financiamiento de la Caja de Jubilados y Pensionados de la provincia. Esa deuda está expresada en valores de 2006, último año en que la Nación había cumplido, aunque de forma parcial, sus obligaciones con Santa Fe. O sea, que en términos reales esa deuda es hoy mayor.

Por el acuerdo existente entre la Nación y las provincias, la Anses se queda con el 15 por ciento de la coparticipación impositiva a condición de cubrir el déficit o los desequilibrios que se produzcan en las cajas provinciales. El censo poblacional de 2010 informó que Santa Fe tiene una población de más de 3.200.736 personas -es uno de los tres distritos más poblados del país- y que Santa Cruz, a pesar de su crecimiento, es unas nueve veces menor, como deberían serlo sus compromisos previsionales. Tiene 272.524 habitantes.

Sin embargo, la resolución ahora rectificada, publicada el 30 de diciembre último en el Boletín Oficial, retaceaba 93,1 millones de pesos a Santa Fe para sumárselos a lo que Santa Cruz percibe y no termina por alcanzarle. La marcha atrás dispuesta por el gobierno nacional concierne sólo a lo reclamado por Santa Fe; Santa Cruz se quedará, de todos modos, con los 180 millones que ya tenía asignados y a eso se sumará una cifra equivalente a los más de 90 millones de la controversia, con lo cual totalizará 272 millones para su sistema previsional.

La cuestión de fondo, que en realidad es la enorme deuda pendiente de la Nación con Santa Fe, está a decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Convendría que el alto tribunal no demore un pronunciamiento y aplique no sólo el criterio de justicia que de él se espera, sino el orden legal hasta sus últimas consecuencias. En la Casa Rosada y en la provincia de Santa Cruz todavía se toman a la ligera -lo que en términos jurídicos se conoce como rebeldía- las sucesivas decisiones, todas ellas incumplidas, por las cuales la Corte Suprema de la Nación ordenó a la provincia que gobernó el ex presidente Kirchner reponer al procurador general del Superior Tribunal, Eduardo Sosa, desplazado de manera ilegal.

Cuando en el país se restaure de verdad el Estado de Derecho, episodios como éstos serán recordados, en un sentido, como cuentos de pesadillas y ficción.