Sangre en la tierra jujeña
Los luctuosos incidentes ocurridos en Jujuy, con un saldo de cuatro muertos, fueron una prueba más de esa mezcla letal entre la violencia social y la de la política, que merecen claras respuestas.
Han pasado varios días y todavía no se han aclarado las circunstancias en que se produjo el violento desalojo de un predio de la empresa Ingenio Ledesma, en la localidad Libertador General San Martín, provincia de Jujuy. Los hechos dejaron cuatro muertos, tres de los cuales eran ocupantes ilegales y el cuarto un policía que intervino en el operativo.
Manifestantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), una agrupación piquetera de izquierda con presencia en casi todo el país, habían ocupado ese lugar para solicitar trabajo y la entrega de terrenos para construir viviendas, previo otorgamiento de créditos o planes sociales.
Ante una denuncia de la empresa, el gobernador jujeño Walter Barrionuevo elevó el caso a la jueza Carolina Pérez, quien instruyó a la Policía para que interviniera, restableciera el orden y desalojara a los ocupantes. Según aclaró después la magistrada, en ningún momento ordenó la represión y menos el uso de armas de fuego. Aún no se pudo determinar el origen de los incidentes ni la identidad de sus participantes.
Fuentes policiales jujeñas dijeron que los efectivos habían sido recibidos a balazos con armas de calibre 22 por parte de manifestantes encapuchados, pero la CCC negó abiertamente esa imputación, afirmó que sus militantes no usaban armas y denunció que se había tratado de una simple y brutal represión policial, de la cual responsabilizó al Gobierno provincial. También dijo que participaron guardias privados armados de la empresa Ingenio Ledesma, instancia que esta firma negó de modo categórico. Por otra parte, a los medios de difusión provinciales y nacionales llegaron versiones de que los hechos podían estar vinculados con las próximas internas del justicialismo y la UCR, sobre todo al primero de los partidos nombrados, en el que hay facciones enfrentadas de manera abierta. Según esta última hipótesis, la violencia social se vuelve a mezclar con la violencia política, como viene ocurriendo con frecuencia en el país.
Vivimos tiempos electorales, lo que facilita que se sucedan hechos violentos de diversa procedencia, incluso el ataque a candidatos opositores por parte de fuerzas que apoyan a los oficialismos de los distintos distritos. Y la repetición de estos hechos aconseja que el gobierno de la Nación y los gobiernos de las provincias cierren filas para dar urgentes respuestas y resguardar el orden público.El Gobierno de Jujuy propuso ahora expropiar el predio de 40 mil hectáreas donde se produjo la matanza. Los legisladores de esa provincia deberán analizar si ésa es la respuesta adecuada, cuanto no tardía, ya que una expropiación podría disparar nuevos conflictos y ocupaciones ilegales. Todos, desde los políticos hasta los empresarios y gremialistas, deben tratar de llegar a acuerdos más sólidos y perdurables sobre temas tan críticos y conflictivos, como lo es el derecho de acceso a una vivienda digna.