Salud, una oportunidad
*Por Federico Tobar y Sofía Olaviaga. Argentina obtiene un bajo rendimiento de los recursos asignados a la salud. Destina casi 10 por ciento de su producto interno bruto (PIB), pero los resultados no reflejan esa apuesta asignativa.
Países de la región con ingresos similares, como Chile y Costa Rica, gastan por persona 30 por ciento menos y presentan, por ejemplo, una mortalidad más baja en niños menores de 5 años.
La principal causa de este pobre desempeño es la indefinición de un modelo de salud que, sumado a mecanismos de coordinación poco efectivos, genera una fragmentación de la gestión, el financiamiento y la atención.
En el país, coexisten tres subsistemas de cobertura sin un marco general que paute la articulación entre ellos. De cada 10 personas, cuatro acceden a los servicios públicos de salud, cuatro tienen cobertura de obras sociales nacionales; una, de obras sociales provinciales, y otra, del sistema de prepagas.
En paralelo, la política de salud a nivel local es responsabilidad de las provincias, que cuentan con recursos dispares y resultados sanitarios muy heterogéneos. Por ejemplo, Formosa registra una tasa de mortalidad infantil casi cinco veces mayor que Tierra del Fuego. Frente a ello, el Estado nacional intenta conducir el sistema mediante normativas, programas y el Consejo Federal de Salud.
Esta fragmentación genera un acceso desigual a la salud, que se traduce en una cobertura segmentada según el ingreso y el lugar de residencia de las personas. Los más pobres acuden al hospital público; el trabajador en relación de dependencia recurre a las obras sociales y los de mayores ingresos acceden a las prepagas. Estas tres realidades, a su vez, varían en cada provincia.
La oferta pública contribuye a la fragmentación mediante el débil desarrollo de redes de servicios de salud. Esto impide la continuidad en el proceso de atención y provoca que, ante enfermedades simples, las personas acudan a hospitales en lugar de a centros de atención primaria de la salud.
Los recursos humanos del sector son también víctimas de las fallas de coordinación del sistema. Carecen de condiciones de equidad en el desempeño de la profesión, existen barreras a la movilidad al interior del sistema y su distribución en el país no es estratégica.
Propuestas para el sector. Desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), presentamos algunas propuestas y desafíos para el próximo gobierno.
En primer lugar, es clave impulsar el debate y la sanción de una ley nacional de salud que defina qué deben hacer los gobiernos de la Nación, provincias y municipios, las obras sociales, las prepagas, los hospitales y los centros ambulatorios. Es hora de establecer qué modelo queremos y alinear a los actores.
Además, es necesario fortalecer las instancias de articulación del sistema. Se puede comenzar por convertir al Consejo Federal en la principal instancia de coordinación. También es posible crear una Dirección de Redes Asistenciales en el Ministerio de Salud de la Nación, con recursos para apoyar a las provincias. Otro desafío es cambiar de modo progresivo el enfoque por patologías con el que se diseñan los programas por uno integral, por ciclo de vida: niños-adolescentes, mujer y embarazo, adultos y adultos mayores. Esto requiere reorganizar la oferta programática y definir líneas de cuidado para cada grupo.
Por otro lado, es importante desarrollar una estrategia integral para planificar los recursos humanos en salud. Esta medida implica regular el ejercicio profesional y crear un plan de incentivos para que los profesionales se distribuyan según las necesidades regionales.
Finalmente, se podría crear un seguro universal que garantice cuidados adecuados para enfermedades catastróficas, es decir, de baja prevalencia, que impactan en la economía de las familias y del sistema de salud.
Estas medidas contribuirían a ordenar la respuesta que el Estado brinda a los problemas de la población.