Salud en crisis: una prepaga pidió la quiebra, los afiliados se quejan y la ley ahora ya no prevé dónde podrán atenderse

La prepaga Servin Life S.A, que operaba en la Ciudad y el Conurbano, es una de las tantas prepagas pequeñas cuyo nombre no tiene el peso de las más conocidas, pero abundan en el país. Existen unas 600 prepagas inscriptas en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), y la suerte que puedan correr los afiliados de las que carezcan de la solvencia económica suficiente empieza a generar preocupación.

“Amanezco con la noticia de que la prepaga de mis papás jubilados quebró. Y esto dice el DNU que está vigente. ¿Qué hago entonces? Ninguna prepaga los toma por la edad!!”, posteó Pato en la red social X. En cuanto a la mención al DNU, se refiere a que esa norma estableció en diciembre pasado que en caso de quiebra de una empresa de medicina prepaga, la autoridad de aplicación no transferirá la cobertura de salud con sus afiliados a otras empresas.

Otro usuario de la misma red social, identificado como Francisco, manifestó su preocupación: “Mi abuelo con hipertensión, marcapasos y demencia junto a mi abuela con artrosis y diabetes se están por quedar sin cobertura porque su prepaga quebró. Y en el mail donde nos lo comunican, nos aclaran que no tienen la obligación legal de brindarles nueva cobertura en otro lado”.

Esa obligación en rigor era del Estado y caducó a partir del artículo 267 del DNU 70/2023, que derogó el inciso m) del artículo 5 de la Ley N° 26.682: ordenaba a la autoridad de aplicación “transferir en caso de quiebra, cierre o cesación de actividades de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley (N. de la R.: las empresas de medicina prepaga) la cobertura de salud con sus afiliados a otros prestadores inscriptos en el Registro que cuenten con similar modalidad de cobertura de salud y cuota”.

Servin Life se define como una empresa familiar, que en su mejor momento llegó a tener -según informaron a Clarín fuentes del estudio de abogados que la representa- 2.800 afiliados. Nació en 2018, cuando compró parte de lo que era otra prepaga, Valmed. Su presidente es Matías Sosa y su domicilio legal, Juan Domingo Perón 725, de la Ciudad de Buenos Aires. Desde 2016 la firma ya era una prestadora de internación domiciliaria y luego sumó el nuevo rubro.

El estudio de abogados confirmó a Clarín que este viernes por la mañana, tras más de un año de convocatoria de acreedores sin resultados positivos, envió la nota con el pedido de quiebra al juez, casi en simultáneo con los mails que empezaban a llegarles a los afiliados. “Que el juez acepte la quiebra es una formalidad. El final es inexorable”, dijeron. La prepaga, admitieron sus representantes, tiene muchos pacientes adultos mayores y otros con diferentes discapacidades.

Las fuentes de la empresa detallaron que “hay una deuda de unos 200 millones de pesos que se volvió impagable. Desde enero hasta ahora, con el aumento de las cuotas, se dieron de baja unos 200 afiliados que representaban un ingreso de más de 20 millones de pesos mensuales. Los costos son cada vez mayores y ahora hay que devolver lo que se cobró en las cuotas de los últimos meses por encima de la inflación (N. de la R: Servin Life no está en la lista de 41 prepagas que firmaron esa obligación en la Justicia). No se pudo salvar la prepaga. Este negocio se va a concentrar en tres o cuatro empresas de salud. Las chiquitas van a morir todas”.

Sin bien Servin Life es poco conocida, algunos recuerdan que en plena pandemia fue denunciada por el Municipio de San Nicolás. El intendente Manuel Passaglia presentó en agosto de 2020 una acción penal contra directivos de la UOCRA y de Servin Life por hisopados de Covid presuntamente falseados, realizados a trabajadores de la empresa contratista AESA. En el Municipio no pudieron precisar este viernes cómo terminó esa causa.

Servin Life y una larga agonía
La empresa viene a los tumbos desde el verano de 2023, cuando ya entonces solicitó que se abriera la feria judicial para dar inicio al concurso de acreedores. En aquel momento el pedido fue rechazado por la Cámara Comercial, pero el 21 de marzo de ese año lo formalizó en un edicto el juez Germán Páez Castañeda, titular del Juzgado Comercial N°21. Desde ese momento y hasta hace pocos días hubo sucesivas ofertas a los más de veinte acreedores, que -según dijo el síndico de la causa a Clarín- no conformaron.

El caso particular de Servin Life S.A pone en evidencia una situación delicada ante la eventualidad de que una cobertura de salud deje de existir. Un directivo de la Unión Argentina de Salud (UAS), que prefirió el anonimato, le dijo a Clarín: “Debería haber un seguro para este tipo de casos. Es injusto para los afiliados pero también es injusto para otras prepagas tener que hacerse cargo. La gente está preocupada por esta situación y cuánta más edad tiene más preocupada está. El actual escenario tiende a una concentración de empresas. Las prepagas chicas van a la quiebra si tienen que cubrir un medicamento caro”.

Gabriel Martínez Medrano, de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), dijo sobre el cambio en la legislación: “Me parece que va con la filosofía del Gobierno de que cada uno se arregle como pueda. La ley 26.682 trataba de hacer un sistema en el que, si bien privado, las empresas tuvieran control estatal y protección de los afiliados ante una quiebra. De esa manera el Estado podía repartir la masa de usuarios de la empresa quebrada en otras empresas similares. Ahora funciona como cualquier compañía privada que quiebra, y una quiebra siempre acarrea resultados perjudiciales para todas las personas relacionadas. Entre ellas, los afiliados”.

Martínez Medrano agregó: “Con la eliminación del inciso m) del artículo 5 de la ley que regula la medicina prepaga, si quiebra una empresa cualquier persona que esté con un tratamiento caro jamás va a ser tomada voluntariamente como afiliado por otra empresa de medicina prepaga, precisamente por esa enfermedad preexistente”.

De alguna manera, este debate guarda una lógica similar al que lo precedió a partir de la desregulación y vía libre a las prepagas para aumentar sus cuotas, producto del mismo DNU, episodio que terminó con la intervención de la SSS y la Secretaría de Industria y Comercio para tratar de ordenar un mercado cuyo ímpetu natural, contenido durante años, no fue sustentable para la ocasión.

El último caso conocido de quiebra de una empresa de estas características fue en 2018, con la prepaga Medicina Privada. La fuente de la UAS consultada recordó que “en aquel momento, cuando la ley así lo preveía, la SSS empezó a llamar a las prepagas y fue repartiendo los afiliados, que eran unos 11 mil”. Con las nuevas reglas de juego el Estado no interviene más en esta clase de conflictos, por lo que los pacientes de las empresas de salud que dejen de funcionar deberían procurarse por sí mismos la forma de conseguir otra cobertura.