Salta: Urtubey revocó contratos por ser "lesivos"
El Gobernador de Salta anunció en rueda de prensa que decidió dejar sin efecto, mediante decreto, la operación de adjudicación de las tierras fiscales de Tolloche y que, en consecuencia, estas propiedades revierten al Estado provincial.
El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, denunció hoy la existencia de un "plan sistemático" en la provincia para la apropiación de tierras fiscales por parte de grupos que "confunden el patrimonio público con el privado".
En ese marco, el mandatario firmó un decreto que considera "lesivo" para los intereses de la provincia la concesión de tierras de la ex empresa estatal Salta Forestal, otorgada en 2000 por su antecesor Juan Carlos Romero a la empresa Ecodesarrollo, del diputado nacional Alfredo Olmedo.
Urtubey anunció en una conferencia de prensa en el Centro Cívico Grand Bourg la firma de otro decreto para anular la adjudicación de lotes en la localidad sureña de Tolloche.
El gobernador explicó que esos inmuebles fueron adjudicados durante el gobierno de Romero, con una cláusula que impedía su enajenación durante 10 años.
La medida fue adoptada luego de que el gobierno comprobó que los beneficiarios comercializaron las tierras obtenidas a través de una promoción otorgada por el Estado, a precios de mercado.
En este caso, existen también denuncias periodísticas de lugareños según las cuales las operaciones fueron realizadas por "testaferros" de diputados provinciales oficialistas, que utilizaron "tráfico de influencias".
Urtubey calificó de "berretas" esas versiones y las vinculó con el enfrentamiento que mantiene con el diario El Tribuno, propiedad de la familia del senador nacional Romero.
Las denuncias motivaron la intervención del fiscal Eduardo Barrionuevo, quien solicitó la apertura de una causa penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude a la administración pública contra ex funcionarios provinciales y los beneficiarios que vendieron las tierras otorgadas.
Urtubey explicó que en el caso de Salta Forestal no existe una cláusula de rescisión por incumplimiento del contrato. En ese sentido, mencionó que en una modificación aplicada en 2006 "se cambió sustancialmente la naturaleza económica del contrato", que a la luz del análisis oficial resultó "lesiva" para los intereses del Estado. Por eso, el mandatario ordenó a la Fiscalía de Estado concurrir a la Justicia y "resguardar los derechos de las partes, a fin de defender los intereses de la provincia".
Urtubey aclaró que en el inicio de su gestión la Unidad Revisora de Contratos renegoció la concesión con Agropecuaria Cervera, uno de los adjudicatarios de Salta Forestal. Pero no ocurrió lo mismo con Olmedo Agropecuaria, cuyos representantes no asistieron a la requisitoria oficial.
Además del análisis oficial sobre cláusulas modificatorias del contrato, hay informes según los cuales EcoDesarrollo no cumplió con objetivos del contrato que tendían a "mejorar la calidad de vida de los habitantes", el desarrollo sustentable y conservacionista de la zona a través de indicaciones especificas que prohibían el monocultivo y el desmonte indiscriminado.
La concesionaria dedicó, pese a esas cláusulas, la actividad exclusivamente al desmonte y cultivo de soja.
Asimismo, inspecciones del ministerio de Trabajo determinaron la existencia de trabajo en negro y condiciones precarias laborales y de alojamiento de los empleados de la firma. Esos incumplimientos motivaron que la Legislatura conformara una comisión investigadora que emitirá conclusiones en un mes.
Urtubey deslizó que en el manejo de tierras fiscales hay una cuestión "de fondo", en la que identificó un "plan sistemático" para la apropiación de predios por parte de quienes "confunden el patrimonio público con lo privado".
Entre otros hechos, citó el caso de presuntas irregularidades cometidas en la compra de 90 hectáreas de La Ciénaga por parte de una empresa vinculada al senador Romero. Esos terrenos fueron adquiridos en un 1.100.000 dólares durante el gobierno romerista para destinarlos a personas carenciadas, pero años después las tierras fueron compradas por la compañía Estancia El Carmen, dedicada al gerenciamiento y promoción de barrios cerrados, por apenas 100.000 pesos.
Una fiscalía imputó a raíz de ese caso por incumplimiento de sus deberes a Romero y varios ex funcionarios, que finalmente no participaron de los comicios de marzo donde Urtubey fue reelecto.