Robaban petróleo a YPF, lo refinaban y lo vendían en el mercado negro: 20 detenidos, entre ellos un concejal

Personal del Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina desbarató una organización criminal conformada por más de 20 personas dedicada a extraer petróleo de un oleoducto de la empresa estatal YPF, para luego refinarlo en una destilería clandestina de la localidad de Valentín Alsina y finalmente venderlo como combustible a estaciones de servicio tanto del mercado formal como el informal.

En las últimas horas hubo 39 allanamientos en distintas zonas del conurbano bonaerense y del interior del país. Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Pablo Augé, a pedido de la titular de la Fiscalía Federal N°2 de Cecilia Incardona, quien lideró la investigación que comenzó hacia fines de 2019.

Según revelaron fuentes policiales a Infobae, en total se concretaron 21 detenciones y el secuestro de una importante cantidad de dinero en distintas monedas, además de camiones, autos, herramientas para la extracción del crudo, productos químicos, armas y elementos de comunicación.

Según se pudo establecer, la organización contaba con una logística que les permitía hacer punciones a un oleoducto de la empresa estatal para luego refinarlo, transportarlo y comercializarlo de manera clandestina. Además, señalaron las fuentes, habrían arrojado posteriormente los residuos producto del proceso a la cuenca Matanza-Riachuelo. Por eso también se investiga el daño ambiental que pudieron haber causado.

La Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, los integrantes de la banda obtenían “un alto rédito económico, no sólo sorteando todas las exigencias y controles estatales, sino también construyendo con sus maniobras un circuito económico y comercial completamente ilegal”, y que además “habrían realizado acciones que dañan el medio ambiente de manera ostensible”, en un caso adelantado por La Nación.

La investigación comenzó en noviembre de 2019 cuando la fiscal le pidió a los miembros de la Policía Federal la realización de tareas de seguimiento con el objeto de corroborar si la refinería de Valentín Alsina funcionaba una planta refinadora que arrojaba los residuos a la cuenca Matanza-Riachuelo. Esto a partir de una denuncia contra un hombre identificado como Gerardo Rodríguez, un reconocido puntero político del asentamiento “El Pueblito”, situado a un costado del Puente Alsina. Según las fuentes consultadas por este medio, era él quien manejaba la planta y recibía el crudo por parte de los hermanos Néstor y Carlos Panagopulos.

Estos últimos -según la investigación- “obtenían el producto y lo transportaban a través de la empresa “Delpa Energía”, con remitos y facturas apócrifas para luego ser distribuida en diferentes puntos de expendio según el producto final obtenido”. Finalmente al comprobarse las maniobras ilícitas en la planta clandestina, la fiscal decidió profundizar la investigación.

Por eso se enmarcó la causa bajo los posibles delitos de robo, encubrimiento, usurpación de inmuebles, adulteración de combustible, transporte ilegal de hidrocarburos, falsificación de documentos y comercialización ilegal de combustibles, entre otros.

En medio de las tareas de la Policía, ocurrió un episodio que dificultó el trabajo por un momento: uno de los involucrados en el robo de petróleo murió mientras llevaban adelante la extracción del crudo. Esto derivó en que por un lado dejaran las operaciones ilegales y por el otro, que los propios integrantes de la banda se escondieran. A pesar de esto, sí se lograron identificar los vehículos utilizados en la maniobra, entre otros datos de importancia.

Tras este episodio, indicaron las fuentes, intervino la Justicia de la Provincia y se obtuvo un testimonio de gran valor. Empleados de la empresa YPF declararon testimonialmente en sede judicial cómo eran las tareas de punción y extracción que habían ocurrido. Al analizar el modus operandi y la coincidencia cronológica con lo que ya venían investigando, la fiscal pudo determinar, la participación de varias personas y empresas, su función y rol dentro de esta organización. Comprobó que detrás de todo se escondía una trama aún más grande que involucraba a más personas y cuyas ganancias eran astronómicas.

Todo a expensas de un recurso que era propiedad del Estado.

Con los elementos hasta ese momento obtenidos, llevaron adelante “vigilancias físicas y remotas, seguimientos, averiguaciones, intercepciones telefónicas, entrecruzamiento de llamados, explotación de fuentes públicas y análisis de informes solicitados a diferentes organismos públicos”, informaron las fuentes.

Hubo tareas de campo varios lugares del AMBA, en localidades del interior de la provincia de Buenos Aires como Olavarría, Bahía Blanca, Hilario Ascasubi, Azul, Médanos, Ramallo, Plaza Huincul (Neuquén) y General Roca (Río Negro), obtuvieron vistas fotográficas, registros fílmicos, audios, documentación, bienes muebles e inmuebles, además de establecer el vínculo de los investigados.

Según publicó el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal, para adquirir el producto perforaban el oleoducto que transporta el petróleo desde Puerto Rosales (Bahía Blanca) a la refinería más grande de YPF, ubicada en Ensenada, en el límite con La Plata.

Para esa maniobra, señala el MPF, utilizaron tres camiones cisterna y cuatro choferes, y que se realizaba un circuito que permitía efectuar dos cargas de petróleo a la cisterna por noche. Para esa fase se utilizaban dos camiones. El tercero volvía a descargar el combustible robado en las plantas de refinamiento investigadas.

Las operaciones se llevaban a cabo durante la tarde-noche y finalizaban cerca de las seis de la mañana, lo cual evitaba a los miembros de la organización ser vistos durante el día. Los imputados habían implementado un mecanismo que les permitían transportar el petróleo crudo directamente desde el oleoducto hacia la cisterna de los camiones.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae, fue una importante cantidad de dinero y muchos los elementos importantes para la causa los que la PFA logró secuestrar.

Durante los procedimiento descubrieron un total de 17.238.440 de pesos en efectivo; uS$5.470, €2.485, $1.010 pesos bolivianos, siete camiones, seis cisternas, 34 rodados livianos, tres motovehiculos, un acoplado cisterna con 20.000 litros de petróleo, una bomba de succión, una bomba de achique, 30 metros de mangueras camión cisterna con pico de encastre, soldadora y herramientas especiales para realizar la operación denominada “boca de pez” en los oleoductos para extracción de crudo, tres escopetas, una carabina, una pistola, 130 municiones varias, 41 teléfonos celulares, 11 computadoras y un mini laboratorio que contenía diversos productos químicos como colorantes y aromatizantes.

Dentro del listado de detenidos suministrado por la PFA, se dio cuenta de la detención del concejal y empresario Alberto Torres, integrante del Movimiento Peronista Bonaerense que desde 2015 acompaña al intendente de Lanús, Néstor Grindetti de Juntos por el Cambio.

Sin embargo, el propio edil hizo un descargo en su perfil de Twitter y desmintió que esté bajo arresto. En cambio, sí confirmó que fue allanado y se puso a disposición de la Justicia. Torres explicó que fue mencionado por un dirigente que formó parte de su movimiento entre 2013 y 2015: el puntero Gerardo Rodríguez.

“La Policía Federal realizó ayer un allanamiento en mi domicilio en el marco de la causa que se investiga por la perforación de oleoductos de la empresa YPF para su posterior refinamiento y venta de manera ilegal. Yo no estoy detenido ni incomunicado. El resultado del allanamiento fue negativo ya que no encontraron ningún elemento que me involucre en la causa”, señaló el concejal. En ese sentido indicó que no tiene desde hace cinco años vínculo con Rodríguez. Torres está imputado en la causa.

En los allanamientos también participaron miembros de la Superintendencia de Investigaciones Federales, de Agencias y Regionales Federales, de Bomberos; Superintendencia de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones; y Superintendencia de Orden Urbano y Federal. También intervino personal técnico de la empresa YPF y funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).