Río Negro, Neuquén y una petrolera irán a la Justicia por el congelamiento de la nafta del Gobierno

Las provincias de Río Negro y Neuquén pidieron directamente a la Corte Suprema de Justicia que se declare la inconstitucionalidad del decreto de Mauricio Macri para congelar el precio de los combustibles.

Como habían anticipado, las provincias petroleras acudieron a la Corte para impugnar el decreto del Gobierno ya que se trata de una norma "manifiestamente inconstitucional".

Señalaron que "el Poder Ejecutivo Nacional se arrogó inconstitucionalmente, mediante el DNU el dictado de normas de carácter legislativo, en detrimento de las que son propias del Congreso de la Nación".

"El DNU que impugnamos modifica inconstitucional y arbitrariamente el precio de las operaciones de venta de petróleo crudo y –consecuentemente- la base de cálculo para la liquidación y pago de las regalías petrolíferas e impuesto a los Ingresos Brutos que deben las concesionarias de explotación de la Provincia de Río Negro, y en su perjuicio, afectan de forma directa y actual la percepción de sus rentas públicas, que son cuantitativamente muy significativas, por ser un principal recurso corriente para atender los gastos y necesidades del Estado provincial", dice el escrito presentado por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek.

La demanda advierte que los ingresos provinciales se verán afectados en forma negativa, "por una menor recaudación tanto de regalías como de impuesto a los ingresos brutos, en tanto se encuentra directamente vinculada a la diferencia entre el precio de mercado del petróleo crudo Brent y la paridad efectiva entre el peso argentino y el dólar estadounidense".

Weretilneck había dicho en declaraciones radiales que no mantiene una posición contraria a la medida en sí misma, sino que se plantea la existencia de "otras maneras de alcanzar el congelamiento de precios de los combustibles".

Los gobernadores de las provincias petroleras, que cobran regalías de entre 12% y 15% por el precio del barril del petróleo protestaron ante la medida porque les implica un costo fiscal por ingresos que dejan de percibir.

En el caso de Neuquén, según estimaciones oficiales, la medida le implicaría un costo de al menos $1500 millones. Además señalaron que la medida desincentiva la inversión y advirtieron sobre un desaceleramiento en la actividad de la industria.