Riachuelo, la historia sin fin

No es novedad que el saneamiento del Riachuelo constituye desde hace tiempo una historia cuyo final feliz persiste incierto y distante.

Su lóbrego estado actual tuvo un temprano comienzo en los inicios de nuestra nación, cuando en sus márgenes se instalaron saladeros y curtiembres. Los perjuicios que se observaron ya por entonces llevaron a la Asamblea de 1813 a ordenar el desalojo de esos establecimientos.

Dos siglos después, el problema de la contaminación del curso fluvial y de su cuenca de influencia ha crecido de modo imponente, con grave riesgo para la salud de la población allí radicada. Las últimas noticias referidas a la evolución de los trabajos proyectados a partir de una atinada intervención de la Corte Suprema en 2007 reiteran un cuadro ingrato de obligaciones incumplidas.

En efecto, la corriente de 64 kilómetros de longitud, que nace en Cañuelas como río Matanza y se convierte en Riachuelo a partir del puente La Noria, alberga en su curso contaminado por miles de industrias los microorganismos que producen graves enfermedades gastrointestinales, broncorrespiratorias y eruptivas, sin contar los compuestos tóxicos de cromo, plomo y metales pesados que arrastran las pestilentes aguas.

Como es lógico, esto mantiene en grave riesgo la salud de los millones de habitantes de la cuenca. Es duro de admitir que a través de décadas se hayan frustrado proyectos de distinto alcance para remediar un estado de cosas tan deplorable. Sin ir muy lejos, en la memoria colectiva han quedado grabadas promesas que luego se vieron como meras fantasías. Así lo fueron los mil días proclamados en 1995 para depurar el río o el posterior anuncio del ministro Julio De Vido, en 2005, con respecto a los trabajos que emprendería una empresa china con el mismo propósito.

Hoy, las deudas pendientes recaen sobre la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), que ha tardado en funcionar y debe ahora cumplir un plan con plazos definidos para el saneamiento de la cuenca, fallo que la Corte derivó para su ejecución al juez federal de Quilmes, Luis Armella.

Según se informa, hay pasos importantes que no se han cumplido todavía o lo están haciendo muy lentamente. Esto lesiona una cuestión prioritaria, como es la atención a la salud de quienes sufren males derivados de la contaminación.

También, en otro orden, está demorado el plan de construcción de viviendas sociales, pese a que la Justicia ha fijado plazos para la mudanza de los asentamientos y la construcción de miles de viviendas sociales que, según anunció el ministro de Economía Amado Boudou, tendrían financiamiento. Tampoco hubo progresos en el traslado del Polo Petroquímico de Dock Sud ni han concluido las inspecciones de los establecimientos fabriles, y son pocos los planes de reconversión industrial presentados, a fin de que no se sigan descargando efluentes tóxicos en el río.

Es evidente entonces que se está frente a una realidad que ha crecido demasiado para perjuicio de la cuenca y sus vulnerables habitantes. Tanto ha crecido el problema que con toda razón puede afirmarse que se ha transformado en uno más de los ya tristes parámetros de hasta dónde puede llegar la desidia de las autoridades cuando se trata de encarar y resolver las auténticas y más urgentes necesidades de sus representados.

Por ello, hoy, la expectativa del saneamiento indispensable se sustenta en el mantenimiento y vigor de la vigilia de nuestro máximo tribunal sobre el cumplimiento del plan de las obras que se efectuarán dentro de los plazos previstos.