Riachuelo: desidia y corrupción
Las autoridades no informan el destino de 6862 millones de pesos presupuestados para sanear una cuenca muy contaminada.
En la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 16 del actual con el propósito de evaluar la ejecución del programa de saneamiento del Riachuelo, volvió a quedar de manifiesto la negativa del Gobierno a brindar información sobre sus gastos y una posible malversación de fondos. También quedó en evidencia la absoluta falta de interés del oficialismo por llevar a cabo la limpieza de la cuenca de ese río, uno de los diez más contaminados del planeta.
Al testimoniar Leandro Despouy, titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), máximo órgano de control de las cuentas del Estado, afirmó que sólo fue posible auditar 581 millones de pesos de los 7443 millones presupuestados por la Nación, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Autoridad de la Cuenca (Acumar) para sanear la cuenca de los ríos Matanza y Riachuelo. La Acumar ha reconocido que el Estado nacional aún no pudo identificar sus partidas.
Despouy también denunció un importante desfase entre los gastos y los plazos de ejecución de obras, la negativa del gobierno nacional a identificar las partidas y la subejecución de préstamos para el saneamiento.
En esa audiencia, otra sorpresa provino también de los funcionarios interrogados por el alto tribunal, pues ninguno de ellos pudo explicar si existe un programa para evaluar la salud de niños con alta concentración de plomo en sangre y si mejoraron los valores de contaminación del agua y del aire en esa zona. Varios admitieron que apenas hay 34 inspectores para controlar las 14.000 empresas de la cuenca, muchas de ellas sospechadas de verter desechos contaminantes en el río.
Como informó La Nacion, ni siquiera el nuevo titular de la Acumar y secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi, pudo explicar por qué, si su organismo había prometido en 2006 que en 2008 se iban a erradicar todos los basurales, hoy existen 68 basurales más que hace dos años. El secretario de Estado lo atribuyó a una recuperación económica que permitió a los pobladores un mayor nivel de consumo.
Los funcionarios de las distintas áreas y jurisdicciones tampoco tuvieron respuesta cuando el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, les preguntó si se contaba con registros de contaminación tanto del aire como del agua.
De un muestreo realizado por la Acumar surgió que, de mil chicos que viven en la ribera, el 90 por ciento tiene concentración de plomo en sangre. Uno de los funcionarios provinciales respondió que habían sido enviados al pediatra, pero no supo explicar si existe un programa de seguimiento.
La improvisación y la falta de respuestas de los funcionarios encargados de sanear una de las cuencas más contaminadas confirma que, para las autoridades, el tema ambiental es sólo eso: un tema.
Y esa desidia tiene mucho que ver con la denuncia efectuada por Despouy. Si quienes se encuentran a cargo de resolver el problema no sólo no hacen nada para revertir el estado de cosas sino que tampoco cuentan con mediciones y no están en condiciones de llevar a cabo controles e inspecciones adecuados, es lógico entonces que a la AGN no le hayan permitido acceder a la información sobre el destino real otorgado al 92 por ciento de los 7443 millones de pesos que integran los presupuestos de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad, y que deberían haberse invertido en el saneamiento del área.
La pregunta que queda por hacerse es si esos fondos se destinaron efectivamente a ello. Se trata de 6862 millones de pesos. Los montos en danza son demasiado voluminosos como para que su destino permanezca sin respuesta. Si se han desviado o malversado, debería determinarlo cuanto antes la Justicia, pero en cualquiera de los dos casos, ha sido a costa de la salud de una considerable porción de ciudadanos.