Poco antes del horario previsto para continuar la sesión en la Legislatura porteña, donde se discutían cambios al Código Urbanístico, el bloque oficialista, alineado con Jorge Macri, anunció que se retiraría la obligatoriedad de incluir viviendas para encargados en los edificios, ante el rechazo de la mayoría de las bancadas.
Aunque la sesión comenzó a las 12, no se abordó ningún tema debido a un cuarto intermedio que, inicialmente programado para las 16, se extendió hasta las 17:30. Esto permitió revisar la última versión del proyecto, que incluye modificaciones al código sobre la construcción en la Capital.
El proyecto lleva casi dos meses en discusión en la Comisión de Planeamiento Urbano y fue despachado el viernes para ser tratado en la sesión del jueves. Aunque algunos artículos ya contaban con los votos necesarios para su aprobación en primera lectura, un nuevo artículo, enviado esta mañana, causó controversia. El artículo establecía la obligatoriedad de destinar un departamento para el encargado en edificios con “25 o más unidades”.
Esta obligación se había eliminado en 2018, cuando se aprobó el actual Código Urbanístico. Desde entonces, la asignación de viviendas para encargados es opcional.
La legisladora Graciela Ocaña calificó el artículo de "inaceptable" y dijo que castigaba a la clase media. Manuela Thourte, de la UCR, señaló que esta medida incrementaría significativamente las expensas, perjudicando a los vecinos. Desde otros bloques como La Libertad Avanza y el Frente Liberal Republicano también manifestaron su rechazo.
Poco antes de las 16, el bloque oficialista aseguró que no se votaría ningún artículo relacionado con las viviendas para encargados. Aclararon que la propuesta provenía del PJ y que no había sido aceptada en las conversaciones previas.
Fuentes legislativas indicaron que el artículo fue parte de las negociaciones en los despachos de líderes políticos, pero ante las críticas, se descartó.
Se atribuye el intento de incluir este artículo a la relación entre Víctor Santa María, líder del Suterh, y el PRO, que se remonta a la gestión de Mauricio Macri y continúa con la de Jorge Macri.
Pilar Ramírez, de La Libertad Avanza, acusó al gobierno porteño de acordar con el sindicalismo kirchnerista en detrimento de los vecinos, señalando que la obligatoriedad de la vivienda para encargados solo traería más costos y menos libertad para los porteños.
Desde el Frente Liberal Republicano, Marina Kienast sostuvo que los residentes deberían tener la libertad de decidir sobre esto, sin la intervención del Estado, ya que encarecería los costos de construcción. Juan Pablo Arenaza, del PRO, también se opuso, argumentando que el partido busca reducir los costos de vivienda en la ciudad.
En redes sociales, Patricia Bullrich celebró la postura de Arenaza y rechazó los “pactos corporativos”. El artículo comenzó a ser apodado "la ley Francella", en referencia a la serie "El encargado", protagonizada por Guillermo Francella, donde interpreta a un portero de edificio.
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