Retroceso social, económico y cultural

El Estado corrupto, inmoral y clientelar –que es uno de los grandes males de las sociedades republicanas y democráticas modernas– se alimenta de varias fuentes para obtener recursos económicos y financieros, y así acceder y permanecer en posiciones de poder.

Las fuentes de aprovisionamiento son numerosas, pero hay tres que se destacan con nitidez: las cajas de jubilaciones, la publicidad oficial y el nombramiento masivo de empleados públicos contratados, que en la mayoría de los casos pasan a planta permanente.

Las cajas previsionales –como lo han señalado innumerables expertos– deberían ser administradas por los aportantes, los beneficiarios y un veedor del Estado. Pero el sistema en la Argentina, sobre todo a partir de la derogación de la jubilación privada, es de propiedad casi exclusiva del Gobierno nacional, que usa en forma discrecional esos fondos para sus fines políticos. Siempre, claro está, que esos fondos no se agoten, como ocurrió en el pasado; para escarnio de los jubilados, no de la clase dirigente.

La distribución de la publicidad oficial en los medios de comunicación adictos al gobierno de turno, una práctica súper especializada del kirch-nerismo a partir del conflicto con medios de comunicación independientes del relato oficial, es otro foco de corrupción. De ese modo, el Estado hace propaganda de sus propios actos con dineros que son de toda la sociedad y que provienen, fundamentalmente, de los impuestos que pagan los ciudadanos y los sectores productivos.

Así, se plantea una confusión muy grande entre lo que es la publicidad de los actos de gobierno y la propaganda militante. El Estado tiene el derecho y el deber de difundir las obras o actos que benefician a todos, pero lo que no debe hacer, bajo ningún punto de vista, es utilizar esos fondos con fines políticos y electorales. La historia enseña que uno de los rasgos de las sociedades autoritarias o totalitarias es el uso masivo e indiscriminado de la publicidad oficial como instrumento de poder político.

Finalmente, está el uso y abuso del empleo público como recurso clientelar, al que apelan el Estado como tal, pero también los partidos políticos que se empeñan en hacer de la administración pública –sea ésta nacional, provincial o municipal– un reservorio electoral.

Partidos, sindicatos y legisladores de distintos niveles impulsan la contratación en gran escala de personas que, en su gran mayoría, no son necesarias y menos imprescindibles, para luego pedir su pase a planta permanente. El resultado es que una urbe como Córdoba, que era una ciudad con amplio predominio de trabajadores industriales, muchos de ellos en empresas de alto desarrollo, se ha convertido en una ciudad con un elevado porcentaje de empleados públicos.

Este Estado corrupto, inmoral y clientelar implica un retroceso social y cultural del país.