Remueven a un juez por beneficiar a un preso
El mismo está acusado de cobrar dadivas para favorecer del delincuente, cuyo abogado, Marcos Alonso, fue asesinado en 2010.
El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense destituyó ayer al juez de Garantías de Olavarría, Antonio Saladino, acusado de cobrar dádivas para beneficiar a un detenido, cuyo abogado, Marcos Alonso, fue asesinado en 2010, en esa ciudad.
La decisión fue adoptada estARA FAa noche por el tribunal conformado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Eduardo De Lázzari, cinco abogados legisladores, y cinco letrados de matrícula.
El veredicto fue dado a conocer al término de las audiencias orales que se realizaron en el anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, en la ciudad de La Plata.
En su fallo, el jurado consideró que Saladino incurrió en "incompatibilidad con la dignidad y la austeridad para el cargo judicial, parcialidad manifiesta, cohecho y mal desempeño de sus funciones".
Al juez se le imputó haber acordado con Alonso favorecer la situación procesal de su defendido, Walter Gallastegui, a través del cambio de calificación de un hecho, que originariamente había sido tipificado como "homicidio simple en grado de tentativa" y luego se redujo a "lesiones graves".
De esta forma, Gallastegui iba a obtener el beneficio de la excarcelación, algo que finalmente no sucedió.
Sin embargo, una investigación realizada por la Secretaría de Control Judicial de la Corte bonaerense reveló que existían correos electrónicos entre Alonso y Saladino, en los que quedaría probada la connivencia entre ambos, en el "arreglo" de causas para beneficiar imputados.
Durante las audiencias del jury, declararon la mujer, la hermana, el tío y el suegro de Alonso; policías; peritos informáticos; abogados; y remiseros.
Además de De Lázzari, el tribunal estuvo integrado por los senadores Cristina Fioramonti (Frente para la Victoria) y Nora De Lucía (FPV-PJ); y los diputados Gonzalo Raico Atanasof (Unión Celeste y Blanco), Marcelo Feliú (FPV) y Fernanda Antonijevic (Frente Amplio Progresista).
Mientras que los abogados fueron Carlos Garavaglia y Ana Zuchella de Milesi (San Nicolás); Ricardo Lebele (San Martín), Adalberto Busetto y Máximo García (La Plata); y actuó como secretario del jury, Ulises Giménez.
En tanto, el juez también fue denunciado ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 10 de Mar del Plata, a cargo del fiscal David Bruna, quien entendió que "surgían elementos para presumir que Saladino resultaba ser autor penalmente responsable del delito de cohecho agravado", explicaron fuentes judiciales.
Ese expediente no había podido avanzar porque se esperaba la decisión del jurado de enjuiciamiento, que ahora remitirá parte de sus actuaciones al fiscal Bruna luego de considerar que Saladino cometió un delito.
Las sospechas sobre el juez comenzaron días después del crimen del abogado Alonso, a partir de las denuncias de la esposa de la víctima.
El crimen ocurrió el 26 de enero de 2010, cuando Alonso fue hallado asesinado de siete balazos y con un billete de un dólar en su boca, dentro de su auto Peugeot 307 estacionado en una calle céntrica de Olavarría y desde un principio se investigó el hecho como un caso "mafioso".
La decisión fue adoptada estARA FAa noche por el tribunal conformado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Eduardo De Lázzari, cinco abogados legisladores, y cinco letrados de matrícula.
El veredicto fue dado a conocer al término de las audiencias orales que se realizaron en el anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, en la ciudad de La Plata.
En su fallo, el jurado consideró que Saladino incurrió en "incompatibilidad con la dignidad y la austeridad para el cargo judicial, parcialidad manifiesta, cohecho y mal desempeño de sus funciones".
Al juez se le imputó haber acordado con Alonso favorecer la situación procesal de su defendido, Walter Gallastegui, a través del cambio de calificación de un hecho, que originariamente había sido tipificado como "homicidio simple en grado de tentativa" y luego se redujo a "lesiones graves".
De esta forma, Gallastegui iba a obtener el beneficio de la excarcelación, algo que finalmente no sucedió.
Sin embargo, una investigación realizada por la Secretaría de Control Judicial de la Corte bonaerense reveló que existían correos electrónicos entre Alonso y Saladino, en los que quedaría probada la connivencia entre ambos, en el "arreglo" de causas para beneficiar imputados.
Durante las audiencias del jury, declararon la mujer, la hermana, el tío y el suegro de Alonso; policías; peritos informáticos; abogados; y remiseros.
Además de De Lázzari, el tribunal estuvo integrado por los senadores Cristina Fioramonti (Frente para la Victoria) y Nora De Lucía (FPV-PJ); y los diputados Gonzalo Raico Atanasof (Unión Celeste y Blanco), Marcelo Feliú (FPV) y Fernanda Antonijevic (Frente Amplio Progresista).
Mientras que los abogados fueron Carlos Garavaglia y Ana Zuchella de Milesi (San Nicolás); Ricardo Lebele (San Martín), Adalberto Busetto y Máximo García (La Plata); y actuó como secretario del jury, Ulises Giménez.
En tanto, el juez también fue denunciado ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 10 de Mar del Plata, a cargo del fiscal David Bruna, quien entendió que "surgían elementos para presumir que Saladino resultaba ser autor penalmente responsable del delito de cohecho agravado", explicaron fuentes judiciales.
Ese expediente no había podido avanzar porque se esperaba la decisión del jurado de enjuiciamiento, que ahora remitirá parte de sus actuaciones al fiscal Bruna luego de considerar que Saladino cometió un delito.
Las sospechas sobre el juez comenzaron días después del crimen del abogado Alonso, a partir de las denuncias de la esposa de la víctima.
El crimen ocurrió el 26 de enero de 2010, cuando Alonso fue hallado asesinado de siete balazos y con un billete de un dólar en su boca, dentro de su auto Peugeot 307 estacionado en una calle céntrica de Olavarría y desde un principio se investigó el hecho como un caso "mafioso".