Relatos macabros, sexo, droga y misterio: arranca el juicio por la muerte de Lucía Pérez

A partir de hoy martes y dos años después del hecho, se dará inicio al juicio oral por la muerte de Lucía Pérez, la joven de 16 años de Mar del Plata que perdió la vida en la casa de un narcotraficante después de haber consumido una importante cantidad de drogas y de un supuesto abuso sexual.

El caso ocurrió el 8 de octubre de 2016 y en su momento generó una repercusión nacional de dimensiones inesperadas. De hecho, sirvió como eje para catapultar la lucha social en las calles contra los femicidios y la violencia de género contra la mujer.

El caso estuvo contaminado por un manto de polémica durante los dos años hasta la fecha. En un principio se habló de una historia de drogas, violación, torturas y hasta un empalamiento. Las características de la muerte divulgadas en un inicio a la opinión pública provocaron espanto y repudio en cada rincón del país. Asimismo, con el pasar de los meses, aparecieron exámenes médicos forenses que refutaron algunas características del macabro hecho y aumentaron la intriga y el suspenso sobre lo que ocurrió realmente.

A día de hoy, los jóvenes Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel comenzarán a ser juzgados por la muerte de la estudiante. Farías deberá afrontar la acusación de "autor probable" de "abuso sexual seguido de muerte agravado por el suministro de estupefacientes y femicidio".

Mientras tanto, Offidani será juzgado como "partícipe secundario del mismo delito". Por su parte, sobre Maciel pesará la acusación por "encubrimiento agravado".

La cronología de una muerte con demasiada polémica

El 7 de octubre de 2016, Lucía Pérez conoció a Farías en la puerta de su escuela, la Media Nº 3, donde le compró unos gramos de marihuana.

Un día después, ambos volvieron a encontrarse en la casa del joven, ubicada en el barrio Alfar. A la mañana tuvieron relaciones sexuales y consumieron más drogas. Poco se sabe lo que sucedió en las horas siguientes. Ya a la tarde, Farías, junto a Offidani y Maciel llevaron a la joven desvanecida a la sala de salud de Playa Serena. Allí, los médicos intentaron reanimarla y finalmente constataron su muerte.

El 12 de octubre finalmente explotó el caso en la luz pública. La fiscal María Isabel Sánchez brindó una conferencia de prensa en la que hizo mención a detalles escabrosos del supuesto crimen. Habló de "una agresión sexual infrahumana" y aseguró que Lucía había sido empalada durante el proceso de tortura recibido.

El caso se convirtió rápidamente en el emblema de una nueva lucha contra la violencia de género y los femicidios en la Argentina. Así, movimientos sociales convocaron a un paro internacional de mujeres bajo la consigna #VivasNosQueremos, a realizarse el 19 de octubre. La repercusión fue inmensa y la medida fue adoptada también en países como Venezuela y Colombia.

Sin embargo, con el pasar de los meses, la historia comenzó a encontrar matices y no hizo más que ahondarse en un misterio sobre lo sucedido.

En noviembre se tomó declaración a los tres detenidos. Tanto Maciel como Offidani aseguraron no haber tenido nada que ver con la muerte de la joven y que ellos sólo ayudaron a Farías a llevar el cuerpo hacia un centro de salud. En su momento, Farías y Offidani quedaron imputados como coautores de "abuso sexual seguido de muerte agravado por el suministro de droga en concurso ideal con femicidio", y Maciel, acusado por "encubrimiento agravado".

En enero de 2017, las pericias forenses confirmaron el ADN de Farías y Offidani en el lugar de la muerte de Lucía. Se hallaron datos genéticos de Farías en preservativos. Cuatro meses después, el acusado presentó un escrito a la fiscalía en el que aseguró que las relaciones sexuales con Lucía habían sido consentidas y que el desvanecimiento de la joven se debió a su consumo excesivo de drogas.

A finales de mayo del 2017, el Instituto Forense de Lomas de Zamora realizó un informe para intentar determinar los motivos de la muerte de la adolescente. En ese trabajo, se aseguró que Pérez perdió la vida como consecuencia de una "asfixia por sofocación", descartó por completo la teoría del empalamiento y una posible sobredosis y que las lesiones descriptas en la autopsia "son compatibles con relación sexual forzada".

Sin embargo, la perito Natalia Corti, solicitada por la Defensoría Oficial, advirtió que desde la ciencia forense no era posible determinar en ese momento si Lucía había sido abusada sexualmente.

En julio de ese año, la Suprema Corte anunció la organización de una junta médica interdisciplinaria para dictaminar los motivos de la muerte. La resolución se tomó a partir de las posturas tan contrapuestas de los expertos ofrecidos por la defensa y la fiscalía.

La resolución de la Junta Médica apareció el 1º de octubre. En ese informe se advirtió que no se podía probar que Lucía Pérez haya sido víctima de un abuso sexual y que, probablemente, la causa de su muerte fue de asfixia por congestión y edema pulmonar por causas tóxicas. Las hipótesis del empalamiento y de que el cuerpo fue lavado antes de ser entregado quedaron enterradas definitivamente.

Este hecho produjo una serie de críticas durísimas y cuestionamientos sobre el accionar de la fiscal Sánchez durante las horas y días posteriores a la muerte de la joven de 16 años.

El 12 de octubre de 2017, el juez de garantías decidió elevar la causa a juicio oral y deslizó duras críticas a la labor de la fiscal. De tal modo, 11 días después la fiscal Sánchez solicitó una licencia psiquiátrica y se apartó de la causa.

A finales de diciembre, la Cámara de Apelaciones ratificó la elevación a juicio oral y modificó levemente las acusaciones iniciales: Farías quedó como "autor probable" y Offidani, como "partícipe secundario", en lugar de ser "coautores". En tanto, un mes después se designó a Daniel Vicente como el fiscal en el caso.