Re-estatizar, ¿y después qué?

En la mente del Gobierno nacional está la exitosa empresa de petróleo de Brasil, Petrobras, nave insignia de los gobiernos de Lula y Dilma y de un país al que todo el globo mira.

La re-estatización de YPF podría ser militada por el kirchnerismo poniendo, seguramente, este ejemplo para demostrar que la gestión pública en temas sensibles como la energía tiene buenos resultados y sacando del centro del debate el (mal) ejemplo más cercano que tenemos, acá en nuestro país, la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, empresas que siguen siendo altamente deficitarias.
 
Ahora bien, esta nueva etapa de YPF, en la que el Gobierno busca ser el controlante accionario junto con las provincias productoras de hidrocarburos, tiene como fin último la recuperación de la soberanía energética del país, ya que las producciones de crudo y de gas han venido en franca caída durante la última década y a contramano de un crecimiento económico a tasas chinas que exige más y más combustibles.
 
Por segundo año consecutivo, la Argentina deberá importar más energía de la que exporta y en un panorama de escasez de dólares deberá destinar algo así como 14.000 millones de verdes.

Si el objetivo es entonces darle al Estado el control de la principal empresa productora de hidrocarburos del país para poder revertir una política energética que va de mal en peor -y en la que el kirchnerismo tiene mucha responsabilidad por no haber advertido la situación durante 9 años- hay que prestar entonces atención al complejo mapa de exploración y explotación de hidrocarburos que se está empezando a dibujar y en el que YPF será sólo uno de los actores.

Esto último es así porque la ofensiva de las provincias y el Gobierno nacional contra la empresa para lograr devaluar su precio (meta conseguida porque en enero cotizaba unos 16.000 millones de dólares y hoy en la bolsa neoyorquina se valúa a la mitad) tuvo como principal herramienta la quita de importantes yacimientos. Hasta el momento, el conjunto de provincias le sacó a la compañía 16 áreas que, sumadas, aportaban el 19 por ciento de la producción de la empresa. Es decir que redujeron los activos de YPF una quinta parte.

Si las provincias, como Santa Cruz y Chubut, siguen adelante con este plan, la empresa podría quedar reducida a dos tercios de lo que era a fin del año pasado.

¿Cuál es la contracara de este desguace? Una YPF re-estatizada pero mucho menos importante en el mercado que la YPF que todos conocíamos hasta 2011.

Por eso es importante saber qué pasará con cada una de las áreas que las provincias le revirtieron, ver de qué manera las empresas provinciales de energía en sociedad con nuevos concesionarios las operan (apellidos como Bulgheroni o López, amigos de los K) y ver de qué manera el Estado nacional gerencia la reducida YPF.

La pregunta que hay que hacerse es qué viene después de la estatización, porque si el oficialismo no plantea una política energética, para lo cual deberá coordinar esfuerzos de la nueva YPF, las empresas provinciales de energía y todas las demás petroleras, de nada habrá servido esta vuelta de página.

Atrás de esta larga tormenta que el Gobierno cierne sobre los accionistas privados de YPF, a quien durante 9 años no culpó de falta de inversión -el pecado por el cual ahora se los echa-, hay demasiados vaivenes y curiosidades.
 
Pero el capítulo a tener en cuenta con mayor atención es el que propició el propio Néstor Kirchner cuando negoció férreamente en Madrid lo que se consideró la "argentinización" de YPF, es decir, el ingreso a la compañía de su banquero preferido, Enrique Eskenazi, santacruceño como el ex presidente.
 
Las condiciones por las cuales el grupo Petersen, de la familia Eskenazi, arriba a YPF significaron una fuerte descapitalización para la propia empresa. Esto es así porque el grupo Petersen no desembolsó en 2007 -cuando compró casi el 15%- y en 2011 -cuando amplió su participación un 10%- ni un peso, sino que acordó con Repsol y varios bancos préstamos que fueron devueltos con los dividendos obtenidos por la empresa en todos estos años.

Semejante beneficio -de características muy sui generis- fue convalidado por el Estado argentino en la propia empresa.

La mencionada descapitalización se produjo por varias vías (el diario El Cronista dio un detallado informe que indica que hoy Repsol-YPF debe 8.000 millones de dólares, casi lo mismo que vale), pero la principal es porque los privados giraron utilidades y no invirtieron lo suficiente. De esto se lamenta hoy Cristina Kirchner, de una situación que su gobierno y su esposo negociaron hace cuatro años aunque, por supuesto, echa la culpa a los otros.

"Apareció la libreta negra de Néstor", dicen varios diputados opositores para explicar los motivos no dichos de la ofensiva del Gobierno sobre los privados que manejan YPF.

"No se trata de una metáfora", aclara un peronista disidente ligado al sector petrolero, "sino de una realidad". Aseguran que la Presidenta está furiosa con el clan Eskenazi porque no cumplieron con muchas de las cosas acordadas con su marido, algo así -insinúan- como el pago por sus gestiones ante Repsol.

Los gobernadores

Hasta acá, los gobernadores decidieron acompañar al Gobierno nacional en este plan por "conquistar" YPF. Muchos están molestos por la performance de la compañía en sus provincias, sobre todo Martín Buzzi (Chubut) y Daniel Peralta (Santa Cruz), los únicos que revirtieron yacimientos importantes desde el punto de vista económico.
 
Pero no todos los mandatarios piensan igual, incluso hay miradas diferentes sobre el futuro del negocio petrolero del que dependen las economías de sus provincias. Es el caso de Buzzi y del neuquino Jorge Sapag. Ambos tienen -como señala el diputado nacional Enrique Vaquié (UCR)- una idea de cómo defender a sus provincias.

El chubutense busca dejar los principales yacimientos de su provincia en manos de la familia Bulgheroni (Pan American Energy) y correr a YPF del negocio. Puede ser un nuevo ejemplo del capitalismo de amigos que pervive en nuestro país o un cálculo inteligente del gobernador, que teme que el Estado nacional sea aún más mezquino que la YPF de gestión privada a la hora de pagar regalías o más ineficaz a la hora de hacer inversiones.

En este último caso, Buzzi estaría curándose en salud. Sapag, en tanto, tiene a YPF como socio estratégico ya que es esta empresa la que tiene la concesión del bloque Vaca Muerta, la tercera reserva de combustibles no convencionales del mundo, valuada en 250 mil millones de dólares.

El temor de Sapag es claro: si el kirchnerismo nacional maneja YPF, su provincia podría ver naufragar todos los esfuerzos que se están haciendo por conseguir en China, Estados Unidos y Europa inversores para explotar tan importantes reservas en asocio con Repsol. Los futuros accionistas internacionales, frente a un nuevo cambio de reglas de juego impuesto por la Casa Rosada, tendrán todos los motivos del mundo para huir.

En este contexto, cabe preguntarse cuál es la visión del gobierno mendocino, que ha realizado todos los deberes pedidos por Cristina Kirchner. El 77% del crudo que produce Mendoza es extraído por YPF, por eso la suerte de la economía provincial está atada a lo que suceda con esta compañía.

¿No sería oportuno, como pide la oposición, que se rediscutan de nuevo todos los contratos con todas las petroleras, para poner, diciéndolo en criollo, los huevos en varias canastas?

Si los principales yacimientos de la provincia dependerán de la eficacia que pueda tener el Gobierno nacional en la nueva YPF -hay que tocar madera al pensar en Aerolíneas-, entonces Mendoza habrá perdido herramientas clave para direccionar su propia economía.