Quiere perdonarlo pero la justicia no la deja
Una mujer del barrio platense de Los Hornos que hace un año y medio había denunciado que su marido la había amenazado de muerte apoyándole una botella rota en el cuello intentó perdonarlo y retirar la denuncia, pero la Justicia no se lo permite y rechazó ese pedido.
La víctima de aquel episodio, quien argumentó que la relación con el acusado mejoró y entonces por eso quería perdonarlo, se encontró con el criterio de un fiscal platense, que rechazó el pedido por considerar que aceptar que la causa sea enviada a "mediación penal", donde debía derivar por pedido expreso de la mujer, implicaría violar la Constitución Nacional.
El fiscal entendió en la resolución, a la que tuvo acceso el diario El Día de esta ciudad, que la mencionada violación constitucional se produciría a raíz de la incorporación que la Argentina realizó de la Convención Interamericana para "prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer".
En su decisión, el fiscal platense Alvaro Garganta admitió que "si bien el caso se encuentra contemplado en el Régimen de resolución alternativa de conflictos penales previsto en la ley 13.433, y específicamente en su artículo 6 inciso a, por tratarse de una causa correccional e involucrar un problema de convivencia, estimo que en el caso la misma no es aplicable, porque los hechos investigados constituyen actos de violencia especialmente dirigidos contra la mujer.
El fiscal Garganta manifestó de esa manera que por tratarse de un caso de violencia de género, que está contemplado en tratados internacionales a los que adhirió la Argentina, no está en condiciones de enviar la causa a "mediación penal", tal como había solicitado la mujer víctima del ataque. "La aplicación de un criterio de oportunidad como el propuesto -agregó Garganta en su decisión acerca del pedido de la víctima- colisiona con el compromiso asumido por el Estado Argentino de prevenir, investigar y sancionar hechos de violencia contra la mujer, por lo que existe un impedimento de naturaleza constitucional para aplicar la ley 13.433 al presente caso".
Según lo señalado, la decisión de Garganta abre nuevos interrogantes, pues hasta el momento la mayoría de los pedidos de víctimas tenían una respuesta positiva de parte de los fiscales.
Cuando el fiscal acepta este tipo de solicitudes de las víctimas, el destino de las causas queda sellado: van a mediación penal y terminan en la nada.
Esa situación es la que el fiscal Garganta rechazó de plano, pues entendió que significaría violar la Constitución.
El fiscal entendió en la resolución, a la que tuvo acceso el diario El Día de esta ciudad, que la mencionada violación constitucional se produciría a raíz de la incorporación que la Argentina realizó de la Convención Interamericana para "prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer".
En su decisión, el fiscal platense Alvaro Garganta admitió que "si bien el caso se encuentra contemplado en el Régimen de resolución alternativa de conflictos penales previsto en la ley 13.433, y específicamente en su artículo 6 inciso a, por tratarse de una causa correccional e involucrar un problema de convivencia, estimo que en el caso la misma no es aplicable, porque los hechos investigados constituyen actos de violencia especialmente dirigidos contra la mujer.
El fiscal Garganta manifestó de esa manera que por tratarse de un caso de violencia de género, que está contemplado en tratados internacionales a los que adhirió la Argentina, no está en condiciones de enviar la causa a "mediación penal", tal como había solicitado la mujer víctima del ataque. "La aplicación de un criterio de oportunidad como el propuesto -agregó Garganta en su decisión acerca del pedido de la víctima- colisiona con el compromiso asumido por el Estado Argentino de prevenir, investigar y sancionar hechos de violencia contra la mujer, por lo que existe un impedimento de naturaleza constitucional para aplicar la ley 13.433 al presente caso".
Según lo señalado, la decisión de Garganta abre nuevos interrogantes, pues hasta el momento la mayoría de los pedidos de víctimas tenían una respuesta positiva de parte de los fiscales.
Cuando el fiscal acepta este tipo de solicitudes de las víctimas, el destino de las causas queda sellado: van a mediación penal y terminan en la nada.
Esa situación es la que el fiscal Garganta rechazó de plano, pues entendió que significaría violar la Constitución.