Quién es el extraño empresario detrás de la clínica de abortos más grande de la ciudad de Buenos Aires

Por Federico Fashbender, extraído de Infobae

Fernando T. y Juan G., gasista uno y vidriero el otro, se quedaron ahí como atontados mientras la división Delitos contra la Salud de la Policía de la Ciudad entraba por la fuerza y desbarataba la clínica de abortos más grande y lucrativa de la Capital Federal.

Fue en octubre de 2017, en una habitación del quinto piso del hotel Las Naciones, a metros del Obelisco sobre la calle Corrientes. Una denuncia anónima hecha un año antes por una mujer al 911 había llevadoal juez Rodolfo Cresseri y a la Fiscalía N°19, en ese tiempo comandada por la doctora Graciela Bugeiro, a ordenar pinchaduras de teléfono y vigilancias policiales; la denuncia hecha a gritos en la línea pública aseveraba que una clínica clandestina llamada Ginofem operaba en un pequeño apart hotel de Montserrat sobre la calle Salta al 500, que cobraba 10 mil pesos por interrumpir un embarazo, que hasta publicitaba sus servicios en Internet con un sitio web y un blog propio hecho de comentarios de pacientes y clientas altamente dudosos que hablaban sobre las virtudes del servicio.

Ginofem no solo tenía su web aparentemente oficial: también tenía su perfil de Facebook donde hablaba de misoprostol e invitaba a posibles pacientes interesadas a escribir a un mail que se convertiría en un teléfono de contacto y alguien que contestaba del otro lado de una cuenta de WhatsApp para coordinar todos los detalles.

Ginofem creció como empresa en el año entre la recepción de la denuncia y el allanamiento de la Policía de la Ciudad. La clínica clandestina dejó el hotelcito en Montserrat por algo mejor, más vistoso: el hotel Las Naciones es famoso por sus banderas que penden sobre la vereda de la calle Corrientes y famoso también por haber sido allanado por ser un foco de prostitutas VIP ordenado en 2016 por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Ginofem también había aumentado el precio. Abortar quirúrgicamente ya no costaba 10 mil pesos. Había dos tarifas diferenciadas: "16 mil pesos con anestesia local", dijo una voz ligada a la clínica trucha detectada escucha, "y 28 mil con sedantes".

"Yo aborté en Ginofem", dijo Carla, una mujer de poco más de 30 años, bonaerense y docente, entrevistada por Infobae en febrero pasado: "Me cobraron 27 mil que pagué en efectivo. Ni sabía que el misoprostol existía". Carla fue a la clínica con un embarazo de cuatro semanas: Juan G. fue quien la recibió y la hizo pasar según su propio relato, Carla pudo reconocerlo en una foto policial. Allí se encontró con la "doctora María", la encargada de practicarle el aborto en un potro ginecológico junto a un tomógrafo portátil en una habitación del quinto piso del hotel, ambientada como un consultorio. "Bajita, de tez oscura", la recuerda Carla: "Fue muy amable conmigo".

"María" todavía no pudo ser identificada por la Justicia. Hasta hoy es apenas un nombre y una voz en el teléfono: la supuesta doctora apareció entre las intervenciones telefónicas de la causa escuchada por las grabadoras de la Corte Suprema mientras decía que "hay dos guardias en la entrada", que sin DNI "no pasa nadie", que lleven "los últimos análisis, última fecha de menstruación, cualquier patología que tengan" y que "ilegal no significa inseguro." La Policía de la Ciudad siguió la misma ruta que Carla: la división Delitos contra la Salud plantó una agente femenina que logró un turno y dio la luz verde para la redada donde Fernando y Juan fueron encontrados y detenidos. El potro y el ecógrafo no fue lo único que se incautó: había algodones en un tacho con sangre fresca, instrumental quirúrgico, tranquilizantes como el sulfato de atropina, usado en veterinaria.

De poco menos de 50 años de edad cada uno, Fernando y Juan venían de Santo Tomé, una pequeña ciudad a unos 15 kilómetros de la capital de Santa Fe. Se creyó al comienzo que eran los presuntos regentes de la clínica, en una causa que todavía llevaba la carátula de "averiguación de delito" y la dirección del apart hotel de Montserrat. Era una suerte de debut para ellos: Fernando y Juan nunca habían tenido una causa en su contra en la Justicia porteña, jamás habían pasado por una celda del Servicio Penitenciario Federal o el de su provincia.

Ambos fueron liberados poco después del arresto: era claro para la Justicia que el vidriero y el gasista no podían ser los cerebros de nada.

Ginofem tenía un mail oficial, radicado en el programa Outlook de Microsoft. Cinco IPs distintos, aseguraron pericias posteriores, entraron a chequear ese mail. Los informes de proveedores como Telefónica llevaron a dos nombres: J.L., de 47 años, también oriundo de Santo Tomé, ex operario de una fábrica en la zona dedicada al negocio del plástico, casado. El otro nombre, en cambio, era mucho más inquietante. J.F. no era un ex operario de ninguna fábrica: es un empresario.

Su nombre completo será mantenido en reserva así como el del operario, no para protegerlos sino para no entorpecer el expediente en su contra: ninguno de los dos fue indagado hasta ahora por el juez Cresseri a nueve meses de la redada en el hotel, la Fiscalía N°19 -hoy a cargo de la doctora Cinthia Oberlander luego de la jubilación de la fiscal Bugeiro- no pidió sus procesamiento. Tampoco pidió sus sobreseimientos.

"La causa está en trámite, trabajan peritos de Cibercrimen", dice una fuente cercana a Oberlander ante la aparente lentitud de la marcha procesal tanto meses después. El caso se mezcla en los tiempos sociopolíticos: la posibilidad del aborto, legal y gratuito en una Argentina en donde clínicas como Ginofem y los hombres que lucran con ellas ya no tendrán lugar se mueve hacia un punto decisivo.

Tras la histórica media sanción en Diputados, el proyecto para legalizar el aborto y volverlo una política de salud estatal llegará el 8 de agosto en el Senado para su aprobación o no. Si es aprobado, si el aborto es legalizado, negocios como el del hotel Las Naciones serán una cosa del pasado. El empresario sabe de la imputación en su contra: designó un abogado constituido en la causa, según aseveran fuentes tribunalicias. Con 73 años de edad, J.F. se sienta y espera.

Infobae tocó en repetidas ocasiones su timbre en la coqueta torre en el límite norte de la Capital donde está su departamento, dejó una carta buscando su testimonio, ofreciéndole una réplica previa a la publicación de esta nota. No hubo respuesta. La Policía de la Ciudad también lo buscó en su departamento a fines de 2017, sin encontrarlo tampoco.

La fiscal Oberlander no solo tiene en su expediente la constancia del IP registrado a su nombre que chequeó el mail de Ginofem, un IP proveniente del hotel Las Naciones mismo: una de las habitaciones alquiladas por la organización, la 1907, estaba a nombre del empresario según declararon responsables del hotel. Hay otros vínculos. El empresario tiene varios domicilios registrados ante la AFIP, entre ellos un departamento en la calle Seguí, barrio de Palermo: cuando la Policía porteña visitó el lugar se encontró con un hombre que decía tener el mismo nombre y apellido que el operario de fábrica de Santo Tomé.

De vuelta en Santa Fe, la acusación sorprende con fuerza a uno de los ex empleadores del operario. "Flaco, me parece que te equivocás. Acá era excelente, impecable. Un muy buen trabajador", dice: "Anduvo por acá el último verano, vino a una fiesta de la fábrica. Si es amigo del vidriero o el gasista ese no lo sé." El ex jefe le ofrecío trabajo el año pasado, tiempo antes de la redada en el hotel Las Naciones: "Me había dicho que sí, le iba a pagar más, mejor puesto. Y después me dijo que no, echó marcha atrás. Le había salido, me dijo, algo en Mendoza."

El posible vínculo entre el empresario de la avenida del Libertador y el operario de Santo Tomé todavía es algo desconocido para la fiscal Oberlander. Los negocios en blanco del empresario -que cobra una jubilación del ANSES en un banco privado- no llegan al menos en los papeles hasta Santa Fé. Tampoco son fáciles de explicar: preside de acuerdo al Boletín Oficial una empresa en teoría dedicada al rubro inmobiliario, registrada en su propio domicilio, con un nombre algo pretencioso que suena a Wall Street o a firma offshore, compuesto de tres palabras.

La empresa no tiene sitio web. Su nombre tampoco figura en el registro del Colegio Profesional Inmobiliario porteño, así como el del empresario y de sus dos hijos varones, los fundadores originales de la firma que la conformaron en 1998 mientras vivían en la vieja casa familiar en el barrio cercano al Hipódromo de San Isidro, del otro lado de la avenida Márquez y que dejaron catorce años atrás. La inmobiliaria, según la AFIP, tiene su pago de aportes previsionales al día: el empresario es su empleado desde 2010. La inmobiliaria tiene otros domicilios, dos en Puerto Madero y otro en la calle Córdoba.

El empresario dejó y reasumió el directorio de la firma a lo largo del tiempo; uno de sus hijos hoy se dedica al negocio de las galletitas. Creó otras empresas, todas con nombres en inglés, dedicadas al rubro de las computadoras, fundadas a fines de los 90 y en los papeles todavía vigentes: otro de sus hijos estaba en la nómina de pago de una de ellas meses atrás. Si son o fueron una máscara para contener plata del aborto clandestino, la Justicia porteña todavía no lo sabe: aún no son parte de la investigación de la clínica del hotel Las Naciones.

Fernando T., el gasista encontrado en la clínica, sigue en Santo Tomé y se deja ver de vez en cuándo, visita a su familia. La llamada a su celular lo sobresalta. "¿Cómo consiguió mi teléfono?", dice, previsiblemente.

-Eso me lo reservo. Quiero preguntarle por la causa de la clínica en el hotel.

-Es que estoy complicado con ese tema, estoy con un abogado.

-Usted fue encontrado allí.

-No. Eh, mire... ¿Por qué me pregunta estas cosas?

-Porque quiero saber. ¿Conoce a J.F, el empresario?

-No.

-¿Y a J.C? Es de Santo Tomé, calculo que lo conoce.

-Eh... Mire, mejor hable con mi abogado.

La comunicación se corta amablemente poco después. Fernando no tiene su sobreseimiento pedido, por ejemplo, tampoco su procesamiento. Hay otros nombres que están en esta misma situación gracias a la ley vigente en Argentina que castiga a las mujeres que abortan. En la redada al hotel, la Policía incautó planillas firmadas por al menos cuatro mujeres que dejaron sus datos antes de interrumpir sus embarazos en Ginofem, formularios de consentimiento diseñados para liberar a la clínica trucha de cualquier responsabilidad legal.

Las formas de consentimiento de Ginofem fueron una maniobra artera de cara al Código Penal mismo: un abortero que obra con consentimiento de la persona a la que le interrumpe un embarazo recibe una pena muchísimo menor de quien lo hace sin permiso explícito, una diferencia de seis años en la condena. Sin embargo, el artículo 86 establece que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible, por ejemplo, "si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios."

"Tiene que haber un médico atrás de esto", dice una voz cerca del expediente, "sino, ¿cómo se explica todo el instrumental y medicación que se encontró?" El operario y el empresario no serían médicos, por lo pronto: sus nombres no figuran en el Colegio de Médicos de Santa Fe o en los registros del Ministerio de Salud Bonaerense, entre otros organismos. Sin embargo, hay un profesional que fue investigado por la fiscal Oberlander cuyo nombre está en la causa, un reconocido ginecólogo cordobés con un puesto en una universidad de la provincia.

Las cuatro mujeres siguen en un limbo nueve meses después con respecto a la posibilidad de terminar imputadas y presas por interrumpir sus embarazos, al menos dos ya tienen abogados defensores. La causa en la Fiscalía N°19 todavía no recibió una calificación penal, si se investiga el delito de aborto, o ejercicio ilegal de la medicina: "averiguación de delito" es lo que se lee todavía en su carátula. El sitio de Ginofem, mientras tanto, sigue online.