¿Qué hará Cristina con "su" Congreso?

El kirchnerismo ya logró, tras su fenomenal victoria en las urnas, la recuperación del control del Congreso Nacional. El próximo 10 de diciembre, Cristina Fernández de Kirchner no necesitará lidiar más con un Parlamento hostil y podrá sacar todas las leyes que quiera y frenar todos los proyectos que le resulten inconvenientes. Ahora bien, ¿qué es lo que el Gobierno tiene en mente? ¿De qué le servirá tener mayoría en cada una de las cámaras?

Las leyes más urgentes son económicas. El Presupuesto 2012 está garantizado, incluso con la actual composición del Congreso, en la cual la oposición maneja la Cámara de Diputados. Esto es así porque sólo los sectores más furiosamente anti K, como la Coalición Cívica, están dispuestos a votar en contra.
 
Los demás no quieren dejar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sin la herramienta clave. Pero además, la Casa Rosada necesita antes de fin de año las prórrogas a la ley de Emergencia Económica, del impuesto al cheque y del gravamen a los cigarrillos. Significan, en su conjunto, unos 35 mil millones de pesos anuales.

La avidez por este dinero es lógica, aunque sea difícil de explicar para el kirchnerismo la emergencia que se dictó en la peor crisis política del país hace diez años o la necesidad de impuestos creados en momentos de recesión.
 
Es que el escenario actual indica que el PBI del país seguirá creciendo, por noveno año consecutivo, pero también señala un deterioro del balance fiscal y complicaciones en la balanza comercial por la depreciación del real brasileño y la caída del precio de la soja (que podría mejorar en 2012 y llegar a niveles históricos, según algunos especialistas).

El problema de fondo, la inflación, sigue esperando una solución estructural. Por ahora, el Gobierno sólo intentó frenar la salida de divisas poniendo trabas a la compra de dólares, lo que no hizo más que generar mayor deseo por parte de los ahorristas por la moneda estadounidense que, como cualquier mercancía, subió su valor por la ley de oferta y demanda. Los argentinos siguen prefiriendo el dólar al peso porque la moneda local pierde todos los días capacidad de compra frente a la inflación, aunque paradójicamente el dólar también pierda contra la suba de precios ya que es un bien que se apreció muy poco respecto al peso en los últimos años.

Además, como es imposible sostener el nivel de gasto público actual, el Gobierno ya anunció que reducirá los subsidios que repartió sin ton ni son básicamente en el Gran Buenos Aires. Arrancará quitando unos 600 millones en luz y gas a empresas con grandes utilidades como aeropuertos, compañías de telefonía, bingos y casinos, etc. Es un paso casi simbólico, porque la cifra es equivalente a menos del 1% de lo que en este 2011 se destinará a subsidiar gastos de privados en transporte y energía.

El Gobierno también necesita antes de fin de año dos nuevas leyes para desalentar el lavado de dinero. Se las exige el Grupo de Acción Financiera Internacional (GA FI), que amenaza con poner a la Argentina en una lista de países que no combaten el terrorismo explícitamente. Por eso una de las iniciativas amplía la pena a los delitos que tengan como finalidad el financiamiento del terrorismo.

La hegemonía en el Congreso le permitirá al kirchnerismo neutralizar las avanzadas de la oposición, que exige mayores controles al Ejecutivo. La eliminación de los súper-poderes del jefe de Gabinete, cambios en la composición del Consejo de la Magistratura o la modificación del Indec dormirán el sueño de los justos.

Pero el kirchnerismo también tiene en carpeta algunas leyes que vendrán a sostener su "relato". Antes de fin de año, en una extensión de las sesiones ordinarias, el Gobierno quiere aprobar la ley que busca declarar "de interés público" la producción de papel de diario. Reavivará con esto su pelea con los medios de comunicación críticos, ya que la principal empresa que se dedica a esto, Papel Prensa, es controlada por los diarios Clarín y La Nación.

Se trata, para el kirchnerismo, de una batalla fuertemente simbólica, ya que la sorda guerra por esta empresa -el Estado es accionista minoritario- podría derivar en la expropiación. Con el nuevo Congreso, dominado por el oficialismo, la sanción de esta norma podría tener un trámite urgente.

Otra ley con valor simbólico pero no económico podría tener luz verde el año que viene: la que limita el proceso de extranjerización de la tierra. Aunque todos los sectores políticos, a excepción del macrismo, están de acuerdo con el objetivo de la iniciativa y hay más de 15 proyectos que versan sobre el tema, la norma que impulsa la Presidenta no tendrá consecuencias en lo inmediato ya que pone en un 20% el tope y se estima que hoy no son más de un 7% las parcelas que están en manos de extranjeros. En lugar de frenar la compra, podría subliminalmente alentarla.

Es poco probable, en cambio, que el kirchnerismo habilite el año que viene el tratamiento de la despenalización del aborto. El ministro de Justicia, Julio Alak, reconoció días atrás que la Presidenta no dio la orden de incluir en la agenda parlamentaria este debate complejísimo. De hecho, sólo una legisladora K, Diana Conti, se animó a refrendar el fallido dictamen de la Comisión de Legislación Penal que promovió la legalización de la interrupción del embarazo hasta la duodécima semana de gestación.

Como contrapartida, tienen grandes posibilidades de ser sancionadas leyes con más consenso como la de muerte digna, fertilización asistida y la de identidad de género. La primera significa consentir que un enfermo terminal pueda decidir cuándo morir.

Así, podrá rechazar procedimientos quirúrgicos, de hidratación y alimentación y de reanimación artificial, cuando sean extraordinarios o desproporcionados a las perspectivas de mejoría y produzcan dolor y sufrimiento desmesurado. Los sectores más conservadores y cercanos a las Iglesias no aceptan este proyecto, pero hay consenso entre las bancadas más grandes en darle su aprobación.

En cambio, todos los partidos están de acuerdo en incluir en el Programa Médico Obligatorio de los efectores de salud a la infertilidad como una enfermedad y por lo tanto obligarlos a solventar los costosos tratamientos. Por último, la tercera norma les permitirá a travestis y transexuales cambiar sus datos registrales y elegir un nombre de acuerdo a su género auto-percibido, que es diferente al sexo con el que nacieron. Se trata del principal reclamo de las organizaciones que luchan por los derechos de homosexuales.