Qué hacer con los subsidios
*Por Alejandro González Escudero. La economía argentina se convertirá durante los próximos meses en un interesante laboratorio, donde discutiremos y veremos los efectos.
Luz, gas, aguas, transportes, son algunos de los servicios por los que en Argentina se paga menos que el costo y menos que los valores internacionales de servicios similares. Ocurre que para muchas corrientes de pensamiento económico las cuestiones de los bienes y servicios públicos, los subsidios y los impuestos, son asuntos complejos de analizar en tanto no pueden resolverse mediante mercados competitivos donde la oferta y la demanda termina estableciendo los precios. En nuestro país, el estado ha fijado esas tarifas aún después de haber privatizado las empresas públicas.
El gobierno recientemente buscó que la "solidaridad" ayude a soportar la eliminación de los subsidios. Trató de que muchos usuarios, empezando por los famosos de la farándula y la política, renuncien a recibirlos como un gesto de desprendimiento de quienes tienen ingresos importantes, por lo que no les afectaría pagar algo más. La "economía de la caridad" predice que a ciertos agentes económicos no le son indiferentes los bajos ingresos de otras personas y para paliar la pobreza estarán dispuesto a resignar utilidad propia en tanto se vuelque a mejorar la situación de los que ganan menos. Más allá de los discursos, la baja adhesión recogida por la campaña de renuncias a los subsidios mostraría que el interés económico individual, y el débil altruismo, siguen teniendo un gran peso al momento de decidir.
Si la reducción o eliminación de los subsidios termina siendo obligatoria, se producirá un efecto sustitución en la economía de cada uno de los beneficiarios actuales. Al aumentar el precio de los servicios hoy subsidiados, deberán reducir el consumo del servicio que aumenta de precio, y también una parte de los demás gastos, ya que como es obvio no podrá reemplazarse totalmente a los que aumentaron de precios. Tengamos en cuenta que en cierto nivel esa demanda se torna inelástica. Es decir, el consumo eléctrico será más moderado con un precio mayor pero no hay forma de sustituirlo por completo. Dicho crudamente: el auge actual del consumo, por ejemplo en electrodomésticos, será en parte limitado por la necesidad de tener que pagar servicios públicos básicos a un precio final mayor.
Hace muchos años que Arthur Pigou estudió la economía del bienestar. Simplificando su análisis, cuando el producto marginal privado se encuentra por debajo del producto social, se debe dar un subsidio al primero para lograr el equilibrio. Lo recomendaba en temas de educación, vivienda y sanidad de forma tal de que mayores segmentos de la población pudieran recibir esos beneficios en los que de otra forma quedarían excluidos. Pigou no habría podido imaginar incluyendo en esta categoría a las tarifas subsidiadas del consumo domiciliario de gas que gozan muchas ciudades argentinas. Evidentemente el gobierno lo que ha tratado de minimizar es el disgusto popular que generan los aumentos de tarifas. La memoria colectiva condena a quienes tuvieron que hacer ajustes.
Pero observemos que buena parte de los sectores medios que reciben subsidios como consumidores de electricidad, gas y agua, en cambio, pagan por la educación y la salud en forma privada. Es decir, no le generan costos al estado por servicios que con frecuencia se hace cargo el sector público. ¿Podría argumentarse con ello para no perder los beneficios?
Los problemas de los subsidios están estrechamente relacionados con los impuestos. Por ese motivo, muchos beneficiarios de subsidios estarían ahora dispuestos a renunciar a ellos si a cambio se ajustaran los mínimos y escalas del impuesto a las ganancias al ritmo que tuvieron los aumentos de precios.
Entre los economistas los subsidios tienen sentido como herramientas para optimizar bienes públicos. En nuestro país, son una enorme usina de distorsiones económicas. En el laboratorio de los próximos meses se verá cómo evoluciona este tema tan sensible. Lamentablemente, la población volverá a ser el conejillo de indias de los experimentos de nuestro gobernantes.
El gobierno recientemente buscó que la "solidaridad" ayude a soportar la eliminación de los subsidios. Trató de que muchos usuarios, empezando por los famosos de la farándula y la política, renuncien a recibirlos como un gesto de desprendimiento de quienes tienen ingresos importantes, por lo que no les afectaría pagar algo más. La "economía de la caridad" predice que a ciertos agentes económicos no le son indiferentes los bajos ingresos de otras personas y para paliar la pobreza estarán dispuesto a resignar utilidad propia en tanto se vuelque a mejorar la situación de los que ganan menos. Más allá de los discursos, la baja adhesión recogida por la campaña de renuncias a los subsidios mostraría que el interés económico individual, y el débil altruismo, siguen teniendo un gran peso al momento de decidir.
Si la reducción o eliminación de los subsidios termina siendo obligatoria, se producirá un efecto sustitución en la economía de cada uno de los beneficiarios actuales. Al aumentar el precio de los servicios hoy subsidiados, deberán reducir el consumo del servicio que aumenta de precio, y también una parte de los demás gastos, ya que como es obvio no podrá reemplazarse totalmente a los que aumentaron de precios. Tengamos en cuenta que en cierto nivel esa demanda se torna inelástica. Es decir, el consumo eléctrico será más moderado con un precio mayor pero no hay forma de sustituirlo por completo. Dicho crudamente: el auge actual del consumo, por ejemplo en electrodomésticos, será en parte limitado por la necesidad de tener que pagar servicios públicos básicos a un precio final mayor.
Hace muchos años que Arthur Pigou estudió la economía del bienestar. Simplificando su análisis, cuando el producto marginal privado se encuentra por debajo del producto social, se debe dar un subsidio al primero para lograr el equilibrio. Lo recomendaba en temas de educación, vivienda y sanidad de forma tal de que mayores segmentos de la población pudieran recibir esos beneficios en los que de otra forma quedarían excluidos. Pigou no habría podido imaginar incluyendo en esta categoría a las tarifas subsidiadas del consumo domiciliario de gas que gozan muchas ciudades argentinas. Evidentemente el gobierno lo que ha tratado de minimizar es el disgusto popular que generan los aumentos de tarifas. La memoria colectiva condena a quienes tuvieron que hacer ajustes.
Pero observemos que buena parte de los sectores medios que reciben subsidios como consumidores de electricidad, gas y agua, en cambio, pagan por la educación y la salud en forma privada. Es decir, no le generan costos al estado por servicios que con frecuencia se hace cargo el sector público. ¿Podría argumentarse con ello para no perder los beneficios?
Los problemas de los subsidios están estrechamente relacionados con los impuestos. Por ese motivo, muchos beneficiarios de subsidios estarían ahora dispuestos a renunciar a ellos si a cambio se ajustaran los mínimos y escalas del impuesto a las ganancias al ritmo que tuvieron los aumentos de precios.
Entre los economistas los subsidios tienen sentido como herramientas para optimizar bienes públicos. En nuestro país, son una enorme usina de distorsiones económicas. En el laboratorio de los próximos meses se verá cómo evoluciona este tema tan sensible. Lamentablemente, la población volverá a ser el conejillo de indias de los experimentos de nuestro gobernantes.