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Qué es la Ley de Abastecimiento que lanzó Mauricio Macri y en qué otros casos se aplicó
El Gobierno anunció este jueves la denominada "ley de abastecimiento" para congelar los precios de los combustibles por 90 días.
Se trata de una normativa sancionada en 1974 pero modificada por el kirchnerismo en 2014. En ese entonces, empresarios, legisladores del PRO y hasta el actual ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, la cuestionaron con dureza.
La ley habilita al Ejecutivo a “establecer en cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, o todas o algunas de estas medidas".
El Estado también puede intervenir en cualquier compraventa que tenga relación con la producción, construcción, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte y todo lo que crea que esté orientado al bienestar de la población.
En su artículo 4°, la normativa fija sanciones a quienes "eleven artificial o injustificadamente los precios, acaparen materias primas o productos, descontinúen el abastecimiento normal y habitual sin causa justificada y destruyan bienes o impidan la prestación de servicios".
Como sanciones, el artículo 5° establece multas de $ 500 a $ 10 millones -aunque puede aumentarse hasta alcanzar el triple de la ganancia obtenida en infracción-, clausuras de establecimientos de hasta 90 días, y el decomiso de mercadería, entre otras.
En septiembre de 2014, tras un trámite exprés en comisiones, el kircherismo en Diputados logró convertir en ley la modificación a esta norma. Durante el tratamiento, los legisladores del Frente para la Victoria argumentaron que el proyecto apuntaba a proteger a los consumidores de los abusos de las posiciones dominantes de las empresas.
Durante la sesión, la ultra-cristinista Diana Conti se despachó con una polémica frase contra sus colegas que no acompañaban la iniciativa. "Miren menos Lanata y lean la Constitución", lanzó.
Del lado de la oposición, cuestionaron la discrecionalidad que le otorga al Poder Ejecutivo y consideraron que frena las inversiones y que no resuelve los problemas de la economía. “La escala de control que quieren instaurar desvirtúa el control democrático y la división de poderes, y lo convierte en amenaza permanente”, había dicho en ese entonces la diputada macrista Patricia Bullrich.
Etchevehere, titular de la Sociedad Rural Argentina en ese momento, señaló que la Ley de Abastecimiento "es peor que la 125", porque "no solo perjudica al campo, sino a toda la economía".
Durante su gestión, el kirchnerismo aplicó la normativa en dos oportunidades, ambas antes de su modificación. En febrero de 2011, la Secretaría de Comercio Interior encabezada por Guillermo Moreno obligó a Shell a retrotraer los precios de sus combustibles, luego de que la empresa que lideraba Juan José Aranguren aumentara sus valores entre 2 y 3,6% argumentando un incremento de costos.
En julio de 2013, otra vez a través de la Secretaría de Comercio, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la aplicó para el trigo. "Los distintos sectores intervinientes en los procesos productivos de trigo pan, condición estándar y harina para panificación derivada del mismo que detenten tenencia física de dicho producto deberán ejecutar las acciones comerciales tendientes a proveer adecuadamente al mercado interno", señaló la resolución 67/2013 publicada en el Boletín Oficial.
En abril de 2012, en tanto, la propia Cristina amenazó con hacer lo propio a la yerba, tras la escasez en las góndolas que provocó subas de entre 40 y 150%.
La ley habilita al Ejecutivo a “establecer en cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, o todas o algunas de estas medidas".
El Estado también puede intervenir en cualquier compraventa que tenga relación con la producción, construcción, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte y todo lo que crea que esté orientado al bienestar de la población.
En su artículo 4°, la normativa fija sanciones a quienes "eleven artificial o injustificadamente los precios, acaparen materias primas o productos, descontinúen el abastecimiento normal y habitual sin causa justificada y destruyan bienes o impidan la prestación de servicios".
Como sanciones, el artículo 5° establece multas de $ 500 a $ 10 millones -aunque puede aumentarse hasta alcanzar el triple de la ganancia obtenida en infracción-, clausuras de establecimientos de hasta 90 días, y el decomiso de mercadería, entre otras.
En septiembre de 2014, tras un trámite exprés en comisiones, el kircherismo en Diputados logró convertir en ley la modificación a esta norma. Durante el tratamiento, los legisladores del Frente para la Victoria argumentaron que el proyecto apuntaba a proteger a los consumidores de los abusos de las posiciones dominantes de las empresas.
Durante la sesión, la ultra-cristinista Diana Conti se despachó con una polémica frase contra sus colegas que no acompañaban la iniciativa. "Miren menos Lanata y lean la Constitución", lanzó.
Del lado de la oposición, cuestionaron la discrecionalidad que le otorga al Poder Ejecutivo y consideraron que frena las inversiones y que no resuelve los problemas de la economía. “La escala de control que quieren instaurar desvirtúa el control democrático y la división de poderes, y lo convierte en amenaza permanente”, había dicho en ese entonces la diputada macrista Patricia Bullrich.
Etchevehere, titular de la Sociedad Rural Argentina en ese momento, señaló que la Ley de Abastecimiento "es peor que la 125", porque "no solo perjudica al campo, sino a toda la economía".
Durante su gestión, el kirchnerismo aplicó la normativa en dos oportunidades, ambas antes de su modificación. En febrero de 2011, la Secretaría de Comercio Interior encabezada por Guillermo Moreno obligó a Shell a retrotraer los precios de sus combustibles, luego de que la empresa que lideraba Juan José Aranguren aumentara sus valores entre 2 y 3,6% argumentando un incremento de costos.
En julio de 2013, otra vez a través de la Secretaría de Comercio, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la aplicó para el trigo. "Los distintos sectores intervinientes en los procesos productivos de trigo pan, condición estándar y harina para panificación derivada del mismo que detenten tenencia física de dicho producto deberán ejecutar las acciones comerciales tendientes a proveer adecuadamente al mercado interno", señaló la resolución 67/2013 publicada en el Boletín Oficial.
En abril de 2012, en tanto, la propia Cristina amenazó con hacer lo propio a la yerba, tras la escasez en las góndolas que provocó subas de entre 40 y 150%.
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