¿Publicidad oficial o propaganda de gobierno?

Han causado asombro las declaraciones del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, respecto del supuesto cumplimiento por parte del Estado nacional de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su línea de fallos iniciada con la disidencia de los doctores Petracchi, Fayt y Bossert en la causa "Emisiones Platenses", y receptada ya en forma mayoritaria en los conocidos casos "Editorial Río Negro", "Perfil" y, recientemente, "Artear" (Canal 13). Si por cumplimiento se entiende distribuir con cuentagotas alguna publicidad oficial a los medios independientes, mientras se derraman fondos públicos en caudal tan extraordinario como privilegiado sobre medios amigos del poder, estamos ante una tragicomedia. Su particularidad reside en su abierta contradicción con el espíritu republicano.

Las sentencias mencionadas han establecido reiteradamente que el uso discriminatorio de la publicidad oficial, por el que se premia con cifras millonarias a los medios que repiten el discurso del partido gobernante y se castiga con el desconocimiento a los que obran sin someterse a sus dictados, son formas de violar el derecho a la libertad de expresión. La Corte volvió a decirlo así en el reciente caso "Clarín" sobre la ley de medios audiovisuales, cualquiera que haya sido el resultado de esa causa.

Algunos funcionarios gubernamentales creen tener derecho a disponer del dinero público -es decir, del que entra en las arcas fiscales por contribuciones ciudadanas para ponerlo al servicio de una facción política y sustraerlo del interés general. Se trata de una concepción autoritaria, que violenta principios constitucionales.

La única selección que debe hacer la publicidad oficial paga, entendida como contrato y no como subsidio, es la que se gana el propio medio con su seriedad periodística y su llegada a la opinión pública, medida por un órgano moralmente inapelable por sus características: el Instituto Verificador de Circulaciones (IVC). Ese cuerpo se halla al servicio de los anunciantes privados y del propio Estado.

Excluir o premiar más allá de la información del IVC constituye una forma de censurar la crítica y de premiar la benevolencia y propaganda a favor de los gobiernos de turno. El periodismo es por definición una actividad independiente y cabe al Estado ser custodio de ese valor.

Cuando sólo algunos medios reciben publicidad oficial, y a otros de mayor audiencia se les niega, es evidente la comisión de actos discriminatorios. Y tal vejación, que niega al periodismo crítico lo que se le brinda al propagandista del partido gobernante, violenta la libertad de prensa.

Es más, si nuestro Poder Ejecutivo leyera con atención los pronunciamientos sobre publicidad oficial que desacata, advertiría que en ellos la Corte Suprema sentó dos principios de suma importancia sobre esta materia. El primero es que, ante la comprobación de un tratamiento desparejo en la asignación de pauta publicitaria, corresponde al Estado demostrar la razón de ese trato desigualitario, sin que deba el medio desfavorecido probar la existencia de un ánimo discriminatorio. Para el segundo principio, los criterios para una diferente asignación de pauta publicitaria deben ser siempre neutros respecto de la línea editorial del medio de que se trate. De más está decir que nuestros gobernantes lejos están de satisfacer estos valiosos criterios sentados por el más alto tribunal.

Resulta, pues, lamentable que los medios independientes deban recurrir a la Justicia mediante juicios de amparo, para pedirle al Poder Judicial que remedie la discriminación de la que son víctimas sólo por sustentar ideas distintas de las de un gobierno. Cuando los perjudicados documentan tiradas que superan en diez o más veces las de los privilegiados del oficialismo, y éstos reciben en cambio ingresos más de cuarenta veces mayores que los primeros, estamos, entre otras cosas, en presencia de un escándalo administrativo y de otro grave desvío de poder.

Nadie le quita al Estado el derecho de elegir dónde anunciar, o cómo hacerlo, pero siempre que los gobernantes preserven una conducta ética y de ecuanimidad en su gestión, de respeto a la pluralidad. Acusar, como se ha osado, a la Corte Suprema de avanzar sobre facultades de otros poderes por haber reclamado el cumplimiento de las sentencias es una burla abierta a la Justicia.

Como dijo el máximo tribunal en casos anteriores, "el tratamiento desigual con las demás publicaciones supone una evidente violación del principio de libertad de prensa, que debe ser reparada de inmediato". Sin los principios de igualdad y libertad de expresión, "no existe democracia en el país".

Cabe esperar, por lo tanto, que el Poder Ejecutivo dé el ejemplo de ajustarse, de una vez por todas, a normas del Estado de Derecho de las que se ha apartado en reiteradas oportunidades. No está de más recordar que en esta materia comenzó a transitar esa indebida senda cuando desoyó los llamamientos de la Justicia para reponer al entonces procurador del Supremo Tribunal de Santa Cruz, Eduardo Sosa.