Proyecto de poder y proyecto de país
El progreso sostenible sólo será factible dejando atrás un intervencionismo que desconfía de los propios ciudadanos.
Distintos gobiernos han pasado desde la reapertura democrática de 1983, sin que la Argentina haya podido superar el cortoplacismo y alcanzar como sociedad los acuerdos indispensables para asegurar un progreso sostenible.
Es cierto que el país ha logrado avances para nada desdeñables desde entonces, empezando por la recuperación de la democracia. Sin embargo, los últimos años han sido testigos de un profundo retroceso en materia institucional, al extremo de que, para algunos actores políticos, la división de poderes y ciertos mecanismos propios de la vida republicana constituyen un mero estorbo burocrático. Esa lamentable cultura política se traslada, invariablemente, a parte de la sociedad, incrementando la percepción de que, en todos los terrenos, la fuerza está siempre por encima de la ley.
También en el campo de la economía, muchos de los problemas de los años 80 forman hoy parte de nuestras discusiones presentes, pese a que en algún momento pudimos creer que los habíamos superado.
Hoy vuelven a preocuparnos la inflación, el desenfrenado crecimiento de un gasto público improductivo, el intervencionismo en la vida económica y el resurgimiento de un Estado empresario que hace mal las cosas que el sector privado podría hacer bien.
La recurrencia de nuestros errores puede apreciarse recorriendo las páginas de los diarios de veinte o treinta años atrás. También releyendo documentos y declaraciones que distintos actores sociales o empresariales emitieron en otras épocas.
Por caso, a comienzos de la década del 80, un grupo de empresarios reunidos en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) emitía un diagnóstico en materia económica, que no parece haber perdido vigencia pese al tiempo y a las circunstancias transcurridas.
Señalaba aquella declaración de 14 puntos que la extensión de la corrupción constituye la más aguda manifestación del profundo desorden que nos afecta. "La coima, el soborno, el cohecho, la extorsión, la falta de respeto de los derechos del prójimo, deterioran hondamente la vida de la comunidad y amenazan marginar al empresario que se resiste a aceptar esas reglas de juego", puntualizaba.
Abogaba por garantizar la mayor participación de todos en el producto nacional, borrando la imagen de que las riquezas del país o los recursos del Estado son inagotables.
Advertía que un estatismo desenfrenado no conduce al real progreso social y sobre los daños derivados de una pesada burocracia, que mediante contradictorias medidas legislativas y reglamentarias entorpece la actividad económica y favorece la corrupción.
Ponía de relieve la importancia de la empresa privada, reivindicando el papel de la ganancia, estímulo y fuente de la inversión, sin la cual no hay crecimiento de la economía ni recursos para el Estado. Pero subrayaba que la empresa es una comunidad humana con vocación eminentemente social.
Finalmente, instaba a los argentinos a aprender a compatibilizar nuestros múltiples objetivos sectoriales y a aceptar prioridades, sabiendo que cada uno debe postergar o renunciar a algo para que el país avance.
Siguiendo esas consideraciones emitidas hace tres décadas, podríamos concluir hoy que el crecimiento sustentable sólo podrá darse si desde el Estado se abandonan los clásicos proyectos de poder para dar lugar a proyectos de país, en los cuales se adopten medidas claras y coherentes para alentar el trabajo productivo y fomentar la confianza en la ciudadanía.
Sin seguridad jurídica, sin reglas de juego estables, ningún proyecto de crecimiento sostenido será factible.
El próximo 23 de junio, en el marco del XIV Encuentro Anual de ACDE y bajo el título "La Argentina: nuestros desafíos para un progreso sostenible", se reflexionará acerca de la necesidad de una visión de mediano y largo plazo para nuestra sociedad.
Sería altamente positivo que iniciativas como ésta se multiplicaran, especialmente en un año electoral como el actual. El crecimiento de manera armónica y sustentable debería ser un objetivo nacional, que se traduzca en políticas de Estado que surjan de amplios consensos, al margen de cualquier interés partidario o sectorial circunstancial.
No podemos resignarnos a la perspectiva de otro ciclo de euforia y una posterior caída con toda la secuela de pobreza, desánimo y frustración que conlleva y a la que nos hemos acostumbrado a vivir en los últimos años.