Provincias y municipios en rojo

No es una novedad, porque el ahogo financiero siempre se sucede hacia los meses de diciembre y enero, cuando se deben pagar sueldos, aguinaldos y anticipos de vacaciones, pero la situación fiscal de provincias y municipios se agravó de modo peligroso. Los comicios en los distintos niveles llevaron a los poderes ejecutivos a usar todos los recursos imaginables en la campaña, además de emprender obras públicas. Ahora llegó el turno de pagar.

Las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, tres de las jurisdicciones más ricas en recursos económicos, están en dificultades, así como la Gobernación de La Rioja, intendencias de la provincia de San Juan y el 20 por ciento de los municipios de la provincia de Córdoba, por mencionar sólo los casos más resonantes.

Los informes publicados el domingo último en este diario dieron cuenta de la complicación que significará el pago del aguinaldo al menos en 80 municipios del interior, la grave situación financiera de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba y el rojo de la administración provincial.
Si bien este último se fundamenta en buena parte en la falta de remisión de fondos por parte del Gobierno nacional –casi 1.100 millones para la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia–, el exceso de gastos en la reciente campaña y la obra pública encarada los últimos meses colocan a Córdoba en una difícil encrucijada. Casi con seguridad la Provincia saldrá de esta encerrona con nueva deuda a tasas astronómicas.

Es cierto que el país necesita un nuevo ordenamiento fiscal y es clave poner en marcha una reforma de la coparticipación. Este cambio debería apuntar a una mejor distribución entre las jurisdicciones que más aportan, pero teniendo en cuenta indicadores de equidad, pobreza y desarrollo regional para los distritos necesitados.

También es cierto que esos temas no figuraron en la campaña de la presidenta Cristina Fernández, quien seguramente preferirá seguir teniendo la sartén por el mango y distribuir a discreción la recaudación que supera las partidas presupuestarias previstas. Pero esa situación convierte al interior en un potencial polvorín, que este año acumulará un déficit financiero de 10.261 millones de pesos, según cálculos del economista Marcelo Capello (Fundación Mediterránea).

Ese rojo no es sólo por los gastos corrientes en provincias y municipios (sueldos y erogaciones de funcionamiento), incluye millonarias ayudas sociales y obras puestas en marcha con claros objetivos electorales.

El inicio de otra etapa institucional a partir del 10 de diciembre próximo debería obligar a trabajar en una nueva ley de coparticipación y a restablecer principios de equilibrio fiscal y endeudamiento.

Las imágenes pasadas de la Argentina y las más recientes de Europa son, en ese sentido, claras advertencias de lo que puede sobrevenir.