Provincias bajo presión
Según las cifras macroeconómicas que maneja el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el país sigue creciendo a un buen ritmo y la inflación
si bien muy alta conforme a las pautas internacionales, no es motivo de preocupación. Hasta hace poco Cristina, el supersecretario Guillermo Moreno y otros funcionarios se esforzaban por brindar la impresión de creer a pie juntillas en la veracidad de los datos oficiales, pero últimamente se han visto obligados a reconocer que la Argentina no constituye una isla próspera en un mundo que se hunde. Por cierto, a juzgar por lo que está sucediendo en las provincias, la situación en que se encuentra la economía ya es francamente mala y parece destinada a agravarse mucho. Con muy escasas excepciones, las administraciones provinciales están al borde de la bancarrota. Para salvarse tendrían que recibir una cantidad enorme de fondos que el gobierno nacional no podría facilitarles a menos que ordenara a la empresa Ciccone inundar el país de dinero fresco, lo que, huelga decirlo, entrañaría el riesgo de provocar un estallido inflacionario.
El fracaso, por falta de quórum, del intento del gobernador bonaerense Daniel Scioli de lograr la aprobación parlamentaria de una proyectada reforma impositiva habrá complacido a los productores rurales que, por motivos evidentes, son contrarios al revalúo inmobiliario y también a los militantes de La Cámpora que quieren castigarlo por sus aspiraciones presidenciales, pero la verdad es que nadie tiene motivos para celebrar. Es que tanto Scioli como muchos otros gobernadores necesitan dinero para poder abonar a tiempo los sueldos, y el aguinaldo, de una multitud de empleados públicos; si no lo consiguen muy pronto, podrían verse frente a protestas callejeras furibundas como las que desde hace años están causando estragos en Santa Cruz. Por lo demás, en esta ocasión las dificultades financieras que tanto preocupan a los gobernadores no pueden atribuirse a nada más que la voluntad de disciplinarlos de la presidenta Cristina. Está en lo cierto el ex mandamás de Santa Fe y actual titular del Partido Socialista, Hermes Binner, cuando acusa al gobierno nacional de hacer "vivir de rodillas a las provincias" negándose a enviarles los fondos de coparticipación que les corresponden, pero sucede que, a causa de la ralentización de la economía, no queda dinero suficiente en la tristemente célebre casa presidencial como para permitirle adoptar una estrategia distinta.
A los partidarios más fervorosos del "modelo" les gusta hacer pensar que sigue vigente el sistema de premios y castigos que durante años sirvió para que casi todos los gobernadores provinciales se afirmaran kirchneristas convencidos, pero tal y como están las cosas Cristina ya no se encuentra en condiciones de mandar fondos ni siquiera a los innegablemente leales. Puede que Scioli y el jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri tengan derecho a creerse víctimas de la discrecionalidad de una presidenta que nunca ha vacilado en aprovechar su control de los fondos públicos para perjudicarlos, pero ya distan de ser los únicos. Según la UCR, la deuda de la Nación con las provincias en su conjunto ya es de aproximadamente 70.000 millones de pesos, de suerte que convendría que todos los gobernadores lo denunciaran ante la Justicia, pero aun cuando el gobierno nacional se dignara prestar atención a un eventual fallo que le ordenara respetar las reglas, no contaría con los fondos precisos.
Para mantenerse a flote, los gobernadores se han acostumbrado a bicicletear, postergando al máximo los pagos a los proveedores, endeudándose licitando bonos y, como Scioli, procurando recaudar más aumentando la presión impositiva a pesar de los costos políticos resultantes. El próximo paso consistiría en la emisión de "patacones" y otras cuasimonedas, alternativa ésta que, desde luego, no atrae a ningún gobernador pero que dadas las circunstancias podría resultar inevitable. No cabe duda de que las provincias están experimentando un ajuste muy fuerte que con toda probabilidad se intensificará mucho en los próximos meses, contribuyendo así a la desaceleración de la economía que según la presidenta es culpa del "mundo" que "se nos cayó encima" pero que se debe principalmente a factores endógenos.
El fracaso, por falta de quórum, del intento del gobernador bonaerense Daniel Scioli de lograr la aprobación parlamentaria de una proyectada reforma impositiva habrá complacido a los productores rurales que, por motivos evidentes, son contrarios al revalúo inmobiliario y también a los militantes de La Cámpora que quieren castigarlo por sus aspiraciones presidenciales, pero la verdad es que nadie tiene motivos para celebrar. Es que tanto Scioli como muchos otros gobernadores necesitan dinero para poder abonar a tiempo los sueldos, y el aguinaldo, de una multitud de empleados públicos; si no lo consiguen muy pronto, podrían verse frente a protestas callejeras furibundas como las que desde hace años están causando estragos en Santa Cruz. Por lo demás, en esta ocasión las dificultades financieras que tanto preocupan a los gobernadores no pueden atribuirse a nada más que la voluntad de disciplinarlos de la presidenta Cristina. Está en lo cierto el ex mandamás de Santa Fe y actual titular del Partido Socialista, Hermes Binner, cuando acusa al gobierno nacional de hacer "vivir de rodillas a las provincias" negándose a enviarles los fondos de coparticipación que les corresponden, pero sucede que, a causa de la ralentización de la economía, no queda dinero suficiente en la tristemente célebre casa presidencial como para permitirle adoptar una estrategia distinta.
A los partidarios más fervorosos del "modelo" les gusta hacer pensar que sigue vigente el sistema de premios y castigos que durante años sirvió para que casi todos los gobernadores provinciales se afirmaran kirchneristas convencidos, pero tal y como están las cosas Cristina ya no se encuentra en condiciones de mandar fondos ni siquiera a los innegablemente leales. Puede que Scioli y el jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri tengan derecho a creerse víctimas de la discrecionalidad de una presidenta que nunca ha vacilado en aprovechar su control de los fondos públicos para perjudicarlos, pero ya distan de ser los únicos. Según la UCR, la deuda de la Nación con las provincias en su conjunto ya es de aproximadamente 70.000 millones de pesos, de suerte que convendría que todos los gobernadores lo denunciaran ante la Justicia, pero aun cuando el gobierno nacional se dignara prestar atención a un eventual fallo que le ordenara respetar las reglas, no contaría con los fondos precisos.
Para mantenerse a flote, los gobernadores se han acostumbrado a bicicletear, postergando al máximo los pagos a los proveedores, endeudándose licitando bonos y, como Scioli, procurando recaudar más aumentando la presión impositiva a pesar de los costos políticos resultantes. El próximo paso consistiría en la emisión de "patacones" y otras cuasimonedas, alternativa ésta que, desde luego, no atrae a ningún gobernador pero que dadas las circunstancias podría resultar inevitable. No cabe duda de que las provincias están experimentando un ajuste muy fuerte que con toda probabilidad se intensificará mucho en los próximos meses, contribuyendo así a la desaceleración de la economía que según la presidenta es culpa del "mundo" que "se nos cayó encima" pero que se debe principalmente a factores endógenos.