Propiedad y libertad

Hasta ahora, han brindado resultados a lo sumo parciales los intentos de defender la propiedad intelectual contra los deseosos de apropiarse de ella bajándola sin pagar un centavo.

 Mientras que algunas empresas, como Apple, Amazon y ciertos diarios han creado sistemas que les permiten ganar dinero vendiendo productos –música, películas, libros, artículos periodísticos–, tienen que enfrentar la oposición de otras que se dedican a repartirlos gratis.

En un esfuerzo por frustrar a "los piratas" informáticos, el Departamento de Justicia estadounidense acaba de ordenar el cierre inmediato de "Megaupload", un gran distribuidor de contenidos –el que, según se informa, cuenta con 150 millones de clientes y ha ocasionado pérdidas de 500 millones de dólares a los propietarios de obras legalmente protegidas–, y la detención de los responsables acusados de asociación ilícita, blanqueo de dinero y violación de los derechos de copyright, entre otros delitos, lo que podría suponerles hasta medio siglo de cárcel.

Sin embargo la medida, y el proyecto de ley relacionado que está debatiendo el Congreso norteamericano para poner fin a la piratería en la internet, ha motivado protestas airadas de pesos pesados del mundo informático como Wikipedia, que los ven como un ataque peligroso en contra de la libertad.

El asunto sería más sencillo si rigieran en el ciberespacio las fronteras nacionales, pero si bien algunos países como Corea del Norte y, en menor medida, China tratan de obstaculizar el torrente de información de todo tipo, en el resto del planeta pocos querrían procurar emularlos. Los alemanes de Megaupload fueron capturados en Nueva Zelanda, pero de haber optado por vivir en un país menos dispuesto a prestar atención a las autoridades norteamericanas hubieran podido seguir operando por un rato más.

Aunque hay acuerdos internacionales sobre los derechos intelectuales, no existen normas universalmente reconocidas, de ahí las disputas frecuentes en torno a las patentes farmacéuticas que tantos problemas han ocasionado en nuestro país por ser incompatibles los intereses de los empresarios del sector con los de quienes invierten cantidades enormes de tiempo y dinero en investigación. Asimismo, cuando es cuestión de los productos intelectuales disponibles a través de la internet, se contraponen los intereses de centenares de millones de consumidores por un lado y, por el otro, los autores y las empresas que comercializan sus obras.

En Estados Unidos, los contrarios a la piratería han intentado solucionar el problema intimidando a los consumidores, enjuiciando a personas acusadas de bajar algunas canciones o películas ilegalmente para que un juez les ordene pagar multas a todas luces desproporcionadas, pero merced a la evolución constante de los sistemas de comunicación y lo difícil que es detectar a los presuntos infractores, tales tácticas no han producido resultados muy promisorios.

Para los creativos, la gran revolución tecnológica de los años últimos ha supuesto una combinación cambiante de beneficios y costos. Les ha permitido comunicarse con un público internacional que, en teoría por lo menos, podría llegar a incluir a una parte sustancial de la población del mundo, pero ya no le resulta tan fácil como antes cobrar por sus servicios, realidad que ha motivado muchas quejas amargas de músicos, autores y periodistas, además, huelga decirlo, de empresarios del sector.

En el caso de algunos, en especial de músicos capaces de convocar a multitudes deseosas de asistir a sus conciertos en estadios repletos, la publicidad así supuesta es más que suficiente, pero en el de otros ha significado pérdidas insoportables que, andando el tiempo, podría arruinarlos, razón por la que los ejecutivos de instituciones de apariencia tan fuerte como el New York Times prevén que dentro de algunos años tendrán que poner fin a su negocio como ya han hecho tantas empresas periodísticas norteamericanas a causa de la libre disponibilidad de alternativas igualmente valiosas para los usuarios de la internet.