Promoción industrial, sin pan y sin tortas
A consecuencia de un fallo de la Cámara Federal de Mendoza desestimando la acción de amparo presentada por la Cámara de Comercio de San Rafael contra el Decreto Nacional 699/10, reaparece el polémico problema de la vigencia del régimen de promoción industrial en las cuatro provincias ubicadas al norte y al este de Mendoza.
Y a la nuestra se le sigue negando lo único que haría justicia para ella y para todas: un plan integral de promoción que, en vez de favorecer privilegios y corruptelas, elimine los parches y arme un sistema federal en serio.
Varios son los aspectos a considerar en este delicado tema que hace a uno de los aspectos centrales de la política de nuestra provincia. El año pasado, en ocasión de la sanción del decreto precitado, decíamos que el régimen de promoción es una inextricable madeja de normas legales que, seguramente, sólo un reducido "número de estudios contables y jurídicos conocen en su integridad.
Posiblemente algunos de ellos hayan contribuido a la redacción del ya famoso Decreto 699 del año pasado. Basta mencionar que dicho decreto hace referencia a siete leyes nacionales, incluyendo la 22.031 (sancionada en 1979) que dio origen a la promoción. Existen numerosos decretos y resoluciones nacionales y es imposible saber la cantidad de leyes, decretos y resoluciones que ha dictado cada una de las provincias en su condición de Autoridad de Aplicación del régimen".
Una primera conclusión indiscutible es que resulta imposible justificar, desde el punto de vista de la economía, que un régimen de promoción se haya prolongado durante treinta años y se lo quiera prorrogar otros 15. Si durante ese lapso las empresas acogidas a los beneficios impositivos promocionales no pueden funcionar sin ellos es por que son claramente ineficientes, en cuyo caso deberían cerrar. Y si pueden funcionar sin los beneficios, que ya debieron haber caducado, están pretendiendo saquear a los contribuyentes y consumidores del país.
Un segundo asunto se refiere a las decisiones adoptadas por el gobierno del contador Celso Jaque. Cuando se sancionó el Decreto 699/10, frente al reclamo unánime de todos los sectores de la provincia, el Gobierno presentó ante la Corte Suprema nacional una acción de inconstitucionalidad del mismo. Dicha demanda luego fue desistida ante la promesa, de Néstor Kirchner, de que saldría otro decreto otorgando beneficios a 7 departamentos de Mendoza, decreto que jamás se dictó.
En consecuencia, sea por debilidad (la demanda se desistió para entrar en plan de refinanciación de las deudas con la Nación) o por ingenuidad, el Gobierno provincial quedó inerme ante el desplante del Gobierno nacional. Debemos recordar que frente a la promesa de algunas "migajas" no faltaron empresarios a los que les pareció bien el desistimiento a cambio "de que nos dieran algo". No importaba seguir con una mala política si ellos obtenían algún beneficio.
En este contexto sólo quedó en pie la acción de amparo de la Cámara de San Rafael, acogido en primera instancia por el juez federal, que obligó a postergar la aplicación del decreto. Este fallo es el que ahora ha dejado sin efecto la Cámara Federal, argumentando falta de legitimidad de dicha institución para representar a los empresarios afectados.
Esta opinión jurídica es muy discutible ante la posición de diversos tribunales del país que han acogido recursos de asociaciones de consumidores, caso típico, frente a los bancos, aceptando la legitimidad para defender no sólo a sus asociados sino a todos los clientes que estuvieran en similar situación. Sin embargo, ante la gravedad de la situación planteada resulta inadmisible la reacción del gobierno descalificando a los jueces.
Todo fallo se puede cuestionar con argumentos jurídicos, no ad hominen. Pero más preocupante es que esas argumentaciones no cuestionan el Decreto 699/10 dictado por la Señora Presidenta de la Nación, que es el origen del problema. Todo lo demás es consecuencia de esa decisión política inaceptable para cualquier gobierno local que quiera preservar un mínimo elemental de autonomía frente a los desplantes del centralismo.
En síntesis, la principal responsabilidad de todo lo que ocurre en esta cuestión es política, en particular del Gobierno provincial (aunque no sólo del actual), que sigue sin tener en claro cómo defender los intereses de todos los mendocinos ante los avasallamientos externos.