Profesionales locales se sienten postergados
El ensayista Héctor Álvarez Murena sorprendió en la segunda mitad del siglo pasado, con su tesis de que los americanos arrastran desde su origen una culpa geográfica y cultural que los lleva, por ejemplo, a juzgar que siempre es mejor lo foráneo que lo local.
La idea, presentada en su libro "El pecado original de América" alude a un supuesto complejo de inferioridad, a una actitud de baja autoestima de consecuencias naturalmente frustrantes que ha influido y sigue haciéndolo en los pueblos del subcontinente.
El lector podría pensar que Murena conocía Catamarca, no con la liviandad de un turista cualquiera, pues no cabe duda de que aquí la cantidad de pruebas lo habría terminado de convencer de la verdad de su hipótesis, si ya hubiese estado en germen en su supuesta visita.
Dichas pruebas han sido reiteradas en estos días, por lo que no hace falta hacer referencia a situaciones de los tiempos de este ensayista que murió en 1975.
Identificarlas en el acontecer presente parece más convincente, porque la comprobación está al alcance de todos.
Bastaría señalar que en Catamarca fue necesario imponer una ley evitando las injustificadas opciones que implican, por parte del propio Estado, una flagrante discriminación contra lo que se produce en la provincia. Se alude a la Ley de Compre y Contrate Catamarqueño que, en los hechos, se cumple relativamente, como lo hacen ver las esporádicas quejas de los empresarios y colegios profesionales locales.
Se recordarán, sin duda, los casos de designación de técnicos y profesionales de otras provincias -principalmente Córdoba, durante la gestión de 20 años del Frente Cívico y Social- para funciones y emprendimientos que podrían asumir eficazmente hijos de Catamarca que se han manifestado desplazados injustamente.
Ahora, hay inocultable malestar por la decisión del Poder Ejecutivo de encomendar mediante un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba, a docentes de esa casa de altos estudios, la elaboración del proyecto de modificación de la Ley Orgánica Municipal Nº 4640. No sin costo económico, debe señalarse, pues el trabajo universitario demandará una erogación provincial de 48 mil pesos, además de la que surja de los viáticos que deberán pagarse a los profesionales cordobeses durante los seis meses en que deberá efectuarse el trabajo.
Ya se han oído objeciones contra el convenio, el cual si bien quedó sin efecto -y se suma a la agenda de asuntos pendientes para la próxima gestión-, lo que importa en este caso es la intención original de buscar mano de obra afuera. Quienes lo fustigan ponen el acento en que en Catamarca hay profesionales en condiciones de diseñar el proyecto, con la ventaja de que por conocer la realidad de la provincia están mejor habilitados para hacer un trabajo ajustado a lo que aquí hace falta. Observan que esta postergación del capital humano que tiene la provincia no es hecho aislado sino habitual y por cierto, no dejan de demandar el cumplimiento de aquella citada ley del Compre y Contrate Catamarqueño que, según dicen, se viola con
impunidad vergonzosa.
Difícilmente los profesionales afectados por la sistemática preferencia oficial por la "materia gris" extra provincial se resignen ante la hipótesis del ensayista Murena. En otras ocasiones sugirieron motivos menos profundos y más perceptibles, vinculados con lo económico y las mil derivaciones posibles en el plano de lo fáctico, entre ellas las de carácter ético.