Procesaron a testaferros de supuesto narco por lavado de dinero
Dos testaferros de un supuesto narcotraficante argentino fueron procesados por la Justicia Federal de Campana acusados de haber lavado dinero proveniente de esa actividad ilegal mediante la compra de un inmueble en un country y varios vehículos, informaron hoy fuentes judiciales.
La medida recayó sobre Ester Cristina Benítez (34) y Daniel Oscar Medina (40), la mujer y un allegado, respectivamente, de Adrián Alberto Giacomelli, quien está acusado en Italia por el mismo delito y ya tiene una condena de la Justicia de Mendoza por infracción a la Ley de Drogas.
Fuentes judiciales informaron que los dos imputados, oriundos de la ciudad santafesina de Rosario, fueron procesados sin prisión preventiva por el juez Federal de Campana, Adrián González Charvay, quien los consideró coautores del delito de lavado de activos de origen delictivo.
"Se presume que mediante la compra de un inmueble en el country La Cascada de Pilar y la adquisición de varios vehículos, Medina y Benítez lavaron fondos generados por el tráfico de estupefacientes cometido por Giacomelli", explicó un vocero judicial.
A este hombre no se le conoce en el país ninguna actividad comercial ni otro empleo y a quienes se acusa de actuar como sus lavadores tampoco.
Según la investigación, los sindicados testaferros compraron autos por sumas normales (40.000 pesos, 69.000 pesos y 15.000 dólares son algunas de las cifras de operaciones concretas), pero además se hallaron transferencias desde España por 322.000 pesos y desde Bolivia por 12.000.
Por su parte, Giacomelli fue detenido por primera vez en 2007, en Campana, por orden del juez federal Norberto Oyarbide, quien dictó su arresto preventivo debido a que un Tribunal Penal de Roma había reclamado su extradición a la Justicia argentina.
El 20 de marzo de 2009, el magistrado denegó la extradición para que fuera juzgado por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico porque Giacomelli tenía causas pendientes en el país.
Es que al momento de su detención, el acusado exhibió ante la Policía documentos que lo identificaban como Roberto Valente, por lo que también fue procesado por adulteración de documento público destinado a acreditar la identidad de las personas.
Anteriormente, Giacomelli había sido condenado en mayo de 2008 a seis años de prisión por el Tribunal Oral 1 de Mendoza, por infracción al artículo quinto, inciso C de la Ley 23.737, que pena la tenencia y el tráfico de estupefacientes.
Ese artículo castiga aquel que "comercie con estupefacientes o materias primas para su producción o fabricación o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya o dé en pago, o almacene o transporte".
Fuentes de la Unidad de Información Financiera (UIF) explicaron que "debido al interés que tiene el Estado en investigar el aspecto patrimonial de los delitos", ese organismo, dependiente del Ministerio de Justicia, se presentó como querellante en la causa que sigue González Charvay y fue aceptado como parte.
Es que tras la detención pedida por Oyarbide, el juez de Campana descubrió distintas actividades económicas sospechosas y así llegó a determinar que Giacomelli utilizaba a testaferros.
Al dictar el procesamiento de los testaferros, el juez González Charvay afirmó que los analistas de la UIF "realizaron un estudio exhaustivo y detallado de las actividades financieras bajo sospecha" y que dictó medidas cautelares para asegurar los bienes que se habrían obtenido ilegalmente, de modo de tenerlos disponibles para su recupero.
El juez recuerda lo sostenido por la Cámara Nacional de Casación Penal, que afirma que no hace falta que exista una condena por el delito subyacente para poder avanzar en la causa que investiga cómo se insertó en la economía lícita el dinero proveniente de la actividad ilegal desarrollada.
Es decir, resulta suficiente que el o los lavadores hayan conocido el origen criminal de los fondos que hicieron circular y si eso se considera probado, entonces el proceso penal puede seguir su curso, encuadrado como lavado de activos.