Procesaron a Guillermo Moreno por "abuso de autoridad"
El secretario de Comercio fue procesado luego de aplicarle multas a varias consultoras, entre ellas la de Jorge Todesca, "Finsoport".
Procesaron al secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno por abuso de autoridad. Así lo dispuso el juez Claudio Bonadío, debido a una causa que tenía el funcionario kirchnerista por realizarle multas de manera irregular a una consultora.
En el 2011 Guillermo Moreno le había realizado diferentes multas a varias consultoras que miden la inflación, cuyos resultados eran más que dispares con los del Indec.
Una de esas consultoras, Finsoport, de Jorge Todesca presentó una querella contra el secretario de Comercio por "abuso de autoridad".
Finalmente hoy, el juez Claudio Bonadío y el fiscal Ramiro González procesaron a Moreno y a otros dos funcionarios más de la misma área que intervinieron en su momento con la aplicación de la multa.
El procesamiento reza: "El Estado, encarnado en este caso por los funcionarios que abusaron de la autoridad que se les confiara, no puede ni debe controlar, y mucho menos impedir que ciudadanos en forma personal o mediante asociaciones jurídicas o comerciales, postulen o publiquen estudios u opiniones, en suma, contenidos que signifiquen una forma de interpretar la realidad política o económica, aunque ésta se sostenga en bases presuntamente científicas. Los pretendidos errores metodológicos esgrimidos como fundamento de la supuesta errónea o tendenciosa labor de Finsoport S.A. -y claro, el resto de las consultoras- en mediciones privadas no pueden ser catalogados como hechos delictivos o perjudiciales, cuando el Estado tiene medios y formas para demostrar y comprobar esos supuestos errores. En suma: cuando todo indica que los funcionarios excedieron las facultades de las cuales disponían, sin cortapisa de ningún tipo en cuanto al objetivo procurado, que no era otro que silenciar a Finsoport S.A. de publicar índices que elaboraban, ni mesura alguna en cuanto al medio elegido, pues se la multó con el máximo de la previsión de la norma invocada ilegalmente, y cuando tal intención incluso es tangencialmente reconocida por los propios responsables -solo que justificándolo en una visión subjetiva y arbitraria de la cuestión- no es mucho lo que a ello puede agregarse".