Presupuesto, república y kirchnerismo

La denominada "ley de leyes", como es obvio, es una atribución del Poder Legislativo, donde están representados el pueblo y las provincias. Cuando algunos oficialistas señalan que se debe aprobar rápida y prácticamente a libro cerrado el proyecto de ley de presupuesto, sostienen que ello es necesario porque el Poder Ejecutivo fue votado para gobernar.

El punto es que los legisladores también fueron votados y en las elecciones legislativas del año pasado el oficialismo perdió la mayoría, por lo cual el Poder Ejecutivo tiene que respetar la voluntad popular expresada también en los legisladores opositores. Y, por cierto, el Poder Legislativo también gobierna, pues allí -aunque resulte redundante- se aprueban las leyes.

El problema es que el kirchnerismo es en esencia anti-republicano y no está dispuesto a gobernar de acuerdo a las costumbres democráticas, pretendiendo replicar en la Nación las mismas prácticas aplicadas en una desolada provincia como Santa Cruz. Es que en democracia no se pueden imponer las propias posturas de manera dogmática, sin aceptar dialogar y negociar con la oposición. Incluso cuando el oficialismo tiene mayoría propia en ambas cámaras, se deben mantener las formas republicanas en el tratamiento de los proyectos de ley y contemplar las opiniones de la oposición.

Ahora, yendo a la discusión del proyecto de ley de presupuesto de la administración pública nacional, la misma debería ser el debate político de fondo, pues se trata nada menos que aprobar cuánto y en qué se van a gastar los recursos que recauda el estado. Este debate presupuestario es más importante que las promesas y propuestas que se realizan durante las campañas electorales.

Quizás habría que discutir la modificación de la Ley de Administración Financiera del Estado, y que en lugar de fijar el 15 de septiembre como fecha límite en la cual debe el Poder Ejecutivo -a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros- enviar a la Cámara de Diputados el Proyecto de ley de presupuesto, la misma se establezca, por ejemplo, el 30 de junio.

Esta modificación permitiría respetar más adecuadamente uno de los principios generales del presupuesto: su publicidad. Al respecto, Dino Jarach señala: "El conocimiento general y particularizado del Plan presupuestario es condición fundamental para el control de la acción del estado por la opinión pública y para que el sector privado ajuste sus propias actividades en función de la economía del sector público, tanto en lo referente a los gastos como a los recursos, ya que ambos han de ocasionar efectos en la demanda y en la oferta de bienes y servicios. El proyecto de la publicidad se proyecta -también- sobre la preparación y sobre la ejecución del presupuesto".

Es que difícilmente un legislador -o sus asesores- puedan en tan corto tiempo analizar seriamente el proyecto de ley de presupuesto y, entre otras cosas, formular observaciones y en lo posible marcar con un ‘lápiz rojo‘ las asignaciones que considera innecesarias o superpuestas y que son muchas.

En realidad, la falta de un profundo y extenso debate del presupuesto nacional demuestra la actitud hipócrita de muchos políticos, muy elocuentes en su preocupación por la situación de pobreza, desigualdad y exclusión social, pero muy inoperantes e irresponsables a la hora de decidir cómo se gasta.

Como reflexión final, vale la pena recordar algo que señalaba Juan Bautista Alberdi hace un siglo y medio atrás: "No hay un barómetro más exacto para estimar el grado de sensatez y civilización de cada país, que su ley de presupuesto, o la cuenta de sus gastos públicos. La ley de gastos (si habla la verdad) nos dice a punto fijo si el país se halla en poder de explotadores, o está regido por hombres de honor; si marcha a la barbarie, o camina a su engrandecimiento; si sabe dónde está y a dónde va, o se encuentra a ciegas sobre su destino y posición".