Presupuesto Nacional, menú a la carta
En repetidas oportunidades hemos sostenido en esta columna que el Presupuesto Nacional, la Ley de Leyes como se decía en otras épocas, se ha convertido en una ficción, se trata de un "menú a la carta" a gusto del gobierno central.
La Ley de Emergencia Económica, emergencia que va a cumplir una década, faculta al Poder Ejecutivo a efectuar todas las modificaciones que quiera en la asignación de las partidas de gastos y recursos. Paralelamente, la reiterada práctica de subestimar el cálculo de recursos (la inflación y el nivel de actividad) confluyen para que la recaudación fiscal sea muy superior a la estimada originalmente.
Se trata de decenas de miles de millones de pesos que quedan a disposición de la voluntad discrecional del Gobierno para asignar su destino. El círculo se cierra, cuando recordamos que tres de cada cuatro pesos de recaudación quedan en manos del poder central y uno va automáticamente a las provincias.
Las modificaciones al Presupuesto Nacional las puede realizar directamente el jefe de Gabinete, mediante las denominadas Decisiones Administrativas o por Decreto del Gobierno Nacional, incluidos los criticadas y muy usados de Necesidad y Urgencia. Estos procedimientos han sido utilizados en los últimos días del año recién terminado para introducir enormes modificaciones, que hacen al Presupuesto.
Dos son las modificaciones realizadas en la última semana del año. La primera se concretó utilizando Disposición Administrativa Nº 19 firmada por el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, de la que dio cuenta nuestro diario en su edición del 27 pasado. Esta disposición implicó una ampliación del gasto en 4.100 millones de pesos, en su mayoría destinados a subsidios a las empresas públicas nacionales y la producción de energía eléctrica.
Aerolíneas Argentinas, Cammesa, Aguas y Servicios de Buenos Aires, Enarsa, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Argentina Satelital, Yaciretá, Télam y Canal 7, Vialidad Nacional y Fútbol para Todos. El hecho importante es que para otorgar esos subsidios se redujo el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial en casi 3.600 millones de pesos, es decir que casi todo el dinero salió de lo que correspondía a las provincias.
Pero por si estos cambios fuesen poco, apenas pocos días después mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 324 del 30 de diciembre, firmado por la Presidenta y todos los ministros se reasignaron partidas por la astronómica suma de casi 40.000 millones de pesos. La reasignación alcanza a decenas de dependencias y organismos del Estado Nacional y empresas públicas.
Curiosamente se incluye a varias de las que habían recibido partidas pocos días antes. Así por ejemplo Aerolíneas Argentinas completó con estos fondos un subsidio de 3.340 millones de pesos en el año. Se autorizó el pago de deuda externa por 8.800 millones de pesos y se hicieron modificaciones en el balance del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, incorporándole recursos de cuentas a cobrar y valorización de títulos en moneda extranjera. Esta suma nominalmente cuantiosa, casi 28.000 millones de pesos sirvió para financiar buena parte de los gastos adicionales, no a los jubilados.
En resumen, durante el año 2011 el Presupuesto Nacional fue modificado en mas de 50 oportunidades, la ampliación de gasto público alcanzó la astronómica suma de 70.000 millones de pesos, un 18% del monto originalmente autorizados. Sin dudas el Presupuesto es una ficción jurídica, se ha convertido en una especie de "menú a la carta" a gusto del Gobierno Nacional.
Finalmente una curiosidad del DNU 324, que contiene un artículo que obliga a realizar una revisión de los sueldos, de los adicionales y beneficios especiales de que goza un privilegiado sector de empleados y funcionarios públicos nacionales. La norma no sólo obliga a la revisión sino que permite la eliminación de esos privilegios. Veremos si efectivamente se cumple o queda como una simple amenaza.
Se trata de decenas de miles de millones de pesos que quedan a disposición de la voluntad discrecional del Gobierno para asignar su destino. El círculo se cierra, cuando recordamos que tres de cada cuatro pesos de recaudación quedan en manos del poder central y uno va automáticamente a las provincias.
Las modificaciones al Presupuesto Nacional las puede realizar directamente el jefe de Gabinete, mediante las denominadas Decisiones Administrativas o por Decreto del Gobierno Nacional, incluidos los criticadas y muy usados de Necesidad y Urgencia. Estos procedimientos han sido utilizados en los últimos días del año recién terminado para introducir enormes modificaciones, que hacen al Presupuesto.
Dos son las modificaciones realizadas en la última semana del año. La primera se concretó utilizando Disposición Administrativa Nº 19 firmada por el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, de la que dio cuenta nuestro diario en su edición del 27 pasado. Esta disposición implicó una ampliación del gasto en 4.100 millones de pesos, en su mayoría destinados a subsidios a las empresas públicas nacionales y la producción de energía eléctrica.
Aerolíneas Argentinas, Cammesa, Aguas y Servicios de Buenos Aires, Enarsa, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Argentina Satelital, Yaciretá, Télam y Canal 7, Vialidad Nacional y Fútbol para Todos. El hecho importante es que para otorgar esos subsidios se redujo el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial en casi 3.600 millones de pesos, es decir que casi todo el dinero salió de lo que correspondía a las provincias.
Pero por si estos cambios fuesen poco, apenas pocos días después mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 324 del 30 de diciembre, firmado por la Presidenta y todos los ministros se reasignaron partidas por la astronómica suma de casi 40.000 millones de pesos. La reasignación alcanza a decenas de dependencias y organismos del Estado Nacional y empresas públicas.
Curiosamente se incluye a varias de las que habían recibido partidas pocos días antes. Así por ejemplo Aerolíneas Argentinas completó con estos fondos un subsidio de 3.340 millones de pesos en el año. Se autorizó el pago de deuda externa por 8.800 millones de pesos y se hicieron modificaciones en el balance del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, incorporándole recursos de cuentas a cobrar y valorización de títulos en moneda extranjera. Esta suma nominalmente cuantiosa, casi 28.000 millones de pesos sirvió para financiar buena parte de los gastos adicionales, no a los jubilados.
En resumen, durante el año 2011 el Presupuesto Nacional fue modificado en mas de 50 oportunidades, la ampliación de gasto público alcanzó la astronómica suma de 70.000 millones de pesos, un 18% del monto originalmente autorizados. Sin dudas el Presupuesto es una ficción jurídica, se ha convertido en una especie de "menú a la carta" a gusto del Gobierno Nacional.
Finalmente una curiosidad del DNU 324, que contiene un artículo que obliga a realizar una revisión de los sueldos, de los adicionales y beneficios especiales de que goza un privilegiado sector de empleados y funcionarios públicos nacionales. La norma no sólo obliga a la revisión sino que permite la eliminación de esos privilegios. Veremos si efectivamente se cumple o queda como una simple amenaza.