Presunto espionaje a jueces, funcionarios y personajes de los medios de comunicación

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Ramiro González están al frente de una profunda investigación sobre el sistema de consultas de la AFIP para esclarecer si funcionarios allegados a la diputada Elisa Carrió ingresaron al sistema interno del organismo recaudatorio para buscar información sin requerimiento judicial. Esta investigación comenzó hace dos años luego de que el periodista Carlos Pagni de La Nación publicara un artículo en el que se mencionaba la existencia de distintas operaciones de espionaje ilegal. También se solicitaron informes a la UIF, Migraciones y al Banco Central.

En ámbitos judiciales ya comparan esta investigación -por su metodología- con la causa que lleva adelante en Dolores el juez Alejo Ramos Padilla. Aunque este caso sería incluso de mayor gravedad. Según pudo saber este medio, funcionarios ya habrían confesado ante la Justicia que entraron en los sistemas a sacar información sin ningún tipo de autorización.

El último pedido del fiscal surgió luego de que esta semana un programa del canal C5N reveló documentos que demostrarían que la diputada de Cambiemos espiaba a jueces, periodistas y famosos conductores de la televisión argentina.


Según confirmaron a Infobae fuentes judiciales, González le solicitó a Canicoba Corral que constate si a través del sistema e-log de la AFIP se realizaron consultas “por fuera de un marco legal que la justifique” y que, de ser necesario, se convoque a personal especializado de la AFIP para que explique cómo funciona el sistema. En el programa ADN de C5N, se sostenía que el presunto espionaje incluía desde Susana Giménez, Mirtha Legrand, Jorge Lanata y Santiago del Moro, hasta a Hugo Moyano, Angelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri) y al propio Franco Macri (padre del Presidente, que falleció este año).

El pedido de esta información a la AFIP surge en el marco de una investigación que se abrió hace más de dos años, luego de que el periodista Carlos Pagni publicara un artículo llamado “El pestilente círculo negro del espionaje", en el que se mencionaba la existencia de distintas operaciones de espionaje ilegal, en ese caso vinculadas a la AFI. En ese marco, fue la propia AFI la que radicó la denuncia que recayó en manos del fiscal Federico Delgado y el juez Canicoba Corral en donde se hicieron distintas diligencias, pero hasta ahora nunca había trascendido ninguna.

Sin embargo, hace unas semanas, el fiscal González (reemplazante de Delgado durante su licencia) requirió una ampliación de la investigación. En su dictamen, el fiscal señala que el juez decidió separar la paja del trigo. Es decir “una cantidad de vínculos interpersonales entre agentes, ex agentes de inteligencia y abogados pero de momento sin hipótesis fácticas concretas” de “hechos puntuales de espionaje pasibles de verificación”.

Y así solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones que informe las solicitudes de información migratoria que se hubieren generado en los últimos dos años respecto de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Casación Federal, de la Cámara Federal, jueces de Comodoro Py y del fuero penal económico, así como de tribunales orales. También saber si se buscó información sobre legisladores, ministros del Ejecutivo y del Gobierno bonaerense, los gobernantes de todas las provincias y la Capital Federal, y del director y subdirectora de la AFI.

Fue así que detectó que al menos 21 jueces de todos los estamentos figuraban en los registros consultados de Migraciones, sin una explicación concreta. Entre ellos aparecía el ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda y después se sumó el nombre de Ricardo Lorenzetti. (Los movimientos migratorios de otros dos jueces de la Corte, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, figuraban en tanto en las carpetas del falso abogado Marcelo D’Alessio, investigado en Dolores). Entre los 21 jueces, estaba también el propio Canicoba, que había pedido los informes.

Pero la lista es amplia. Desde la camarista de Casación Ana María Figueroa al presidente de la Cámara Federal Martín Irurzun. También aparecen los más nuevos de Comodoro Py, como el camarista federal Mariano Llorens y la flamante jueza federal María Eugenia Capuchetti y jueces a los que en algún momento apuntaron dirigentes de Cambiemos, como Sebastián Casanello, Daniel Rafecas y Luis Rodriguez. En la lista también están María Servini, los jueces del fuero penal económico Marcelo Aguinsky, Javier López Biscayart y Pablo Yadarola. Y de tribunales orales como Claudio Gutiérrez de la Cárcova, María Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer, Ángel Gabriel Nardiello, Sergio Paduczak, Javier Ríos, José Martínez Sobrino y Nicolás Toselli.

Se espera que en los próximos días se conozcan otras posibles víctimas del espionaje. Estarían vinculadas al Gobierno nacional y gobernadores de distintas provincias.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional exigió el inmediato esclarecimiento del caso y expresó su “profunda preocupación” respecto de operaciones de espionaje ilegal.

Después de que se detectaran esas consultas en Migraciones, el juez pidió informes a otros organismos públicos como AFIP, el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, la Procuración General y el Poder Judicial. Pero ante las últimas novedades solicitó profundizar los detalles sobre la AFIP.

“Se trata de desentrañar si desde alguno de los organismos y/o dependencias del estado individualizadas (AFIP, Ministerio de Seguridad de la Nación, Jefatura de Policía de la CABA, Ministerio de Seguridad de la provincia de Salta, Unidad de Información Financiera (UIF), Gendarmería Nacional, la Agencia Federal de Inteligencia, Procuración General de la Nación, Jefatura de PFA, Jefatura de Policía de Seguridad Aeroporturia, Jefatura de Prefectura) se desplegaron actividades de espionaje e inteligencia ilegal” sobre esa veintena de jueces mencionados, añadió el fiscal González a la hora de ampliar su investigación.