Presión sindical sobre la Justicia
La decisión del gremialismo de hacer un paro en protesta por una denuncia judicial, que ayer por la tarde transformó en una "medida en suspenso", es una forma de presión inadmisible sobre el accionar de la Justicia que, además, toma de rehén a la ciudadanía.
La Justicia suiza bloqueó la cuenta del dueño de la empresa Covelia, perteneciente a un empresario vinculado con el titular de la CGT Hugo Moyano, y le pidió a la Justicia argentina las causas en las que esté investigado Moyano, para incorporarlas a un expediente abierto en ese país por supuesto lavado de dinero. Acto seguido, el sindicato de camioneros al que pertenece Moyano promovió un paro para el lunes, al que adhirieron de inmediato otros sindicatos, para protestar contra el accionar de la Justicia, intención que había sido ratificada en la conferencia de prensa convocada a media tarde.
La utilización de una medida de fuerza sindical para presionar contra una investigación judicial que, además, no está vinculada con un tema laboral, es un recurso inadmisible en el cuadro de las relaciones laborales e implica utilizar el aparato sindical para defender los intereses de un dirigente bajo sospecha. Es, también, un movimiento para defender los intereses corporativos ante las investigaciones judiciales sobre hechos de violencia y defraudaciones al Estado y a los afiliados.
Algunos dirigentes han llegado al punto de protestar porque la Cancillería no rechazó el pedido suizo protegiendo a Moyano de una investigación judicial y reclamaron que el Gobierno se pronuncie en su apoyo. El Gobierno, por su parte, no se pronunció oficialmente sobre el hecho, a pesar de su gravedad y de su trascendencia internacional y no condenó una medida de fuerza que no puede ser encuadrada en forma alguna como defensa de derechos laborales ni siquiera como manifestación política. Paralelamente, el sindicato de Camioneros amenazó con salir a presionar a los periodistas que publiquen informaciones sobre las investigaciones en curso, lo cual tampoco fue condenado por el Gobierno.
La medida de fuerza en protesta por una acción judicial que involucra a Hugo Moyano es una inadmisible presión a la Justicia. El Gobierno no ha condenado ni prohibido la medida.