Presión del Gobierno a los gremios para apurar el cierre de paritarias
El gobierno de Cristina Kirchner intentará en los próximos días firmar la mayor cantidad de acuerdos salariales con sindicatos de la CGT oficialista.
Nota extraída de La Nación
Por Mariano Obarrio
El gobierno de Cristina Kirchner intentará en los próximos días firmar la mayor cantidad de acuerdos salariales con sindicatos de la CGT oficialista, con el propósito de acelerar la resolución de las demás negociaciones paritarias, descomprimir el nivel de conflictividad social y exhibir una señal que permita moderar los índices de inflación.
Si logra una seguidilla de convenios, podrá también debilitar el paro anunciado para el 10 de abril por la CGT de Hugo Moyano, la CGT Azul y Blanca de Luis Barrionuevo y la CTA de Pablo Micheli, convocatoria que el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, volvió a cuestionar por considerarla "política" (ver aparte).
Según confiaron a LA NACION en la Casa Rosada, hay negociaciones avanzadas con sindicatos afines al Gobierno como Uocra (construcción), Smata (mecánicos), Obras Sanitarias, Luz y Fuerza, UPCN (empleados públicos), petroleros, ferroviarios, taxistas, telefónicos y bancarios, entre otros gremios.
También están en la mira Comercio y Alimentación, aunque estas paritarias comenzarán en abril.
El modelo de acuerdo es el que anteayer firmó la UOM, que encabeza Antonio Caló (ver aparte).
El aumento salarial acordado oficialmente fue 26,5%. Pero el sector empresario estima que la masa de sueldos crecerá el 31% en 2014 con las subas adicionales.
En el Gobierno confían en que mañana o el martes próximo cerraría su acuerdo la Uocra. Un vocero de Gerardo Martínez confirmó que mañana habrá una reunión con la Cámara Argentina de la Construcción, aunque eso no quiere decir que ya esté todo cerrado.
El Gobierno buscó fijarles un techo a los salarios del 25%. Pero se conforma ahora con dejarlo debajo de 30 y buscar que esos aumentos no se trasladen a los precios. Celebró así que no llegarán al 35%, que es la expectativa de inflación real.
Por eso, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, se exhibió satisfecho durante el anuncio con Caló. "Estamos muy contentos, es un beneficio para todos", dijo a LA NACION un negociador del Gobierno.
"Todos van a cerrar esta semana entre 28 y 32%, promedio 30% y lejos del 35%. Caló abrió el camino y condiciona al resto", dijeron las fuentes oficiales. Contemplan además que en la semana el Gobierno firmará el acuerdo con los sindicatos docentes nacionales luego del que fue sellado ayer con los bonaerenses (entendimiento en el cual la Casa Rosada no habría estado ajena).
El gran protagonista de esta avanzada negociación salarial múltiple para un gran acuerdo es el ministro de Planificación, Julio De Vido, hoy reconciliado con la Presidenta. También fue clave el secretario de Obras Públicas, José Francisco López, que reflotó el uso de su segundo nombre en honor al Papa y al diálogo.
Los negociadores sindicales fueron Caló, Omar Viviani (taxistas), José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez (UPCN) y Martínez (Uocra), que los últimos días estuvo en Ginebra, en la OIT, y en Roma con el papa Francisco.
"Tomada también trabaja a destajo para neutralizar con estos acuerdos el paro de Moyano y la sensación de conflicto social abierto", dijo un hombre de la Casa Rosada.
El presidente de la Cámara de la Alimentación (Copal), Daniel Funes de Rioja, dijo ayer a LA NACION que "es una buena señal que haya un acuerdo con Caló por la importancia de la UOM y por ser el secretario general de la CGT. Eso tiene un efecto de reflejo adicional".
"La paritaria de alimentación será en abril, hay tensiones, pero es el camino de la negociación y el dialogo el que vamos a seguir y evitar la conflictividad", agregó.
Los aumentos salariales en 25% o 28% para empleados estatales implicarían un gasto y una emisión monetaria de $ 30.000 millones, adicional a los $ 100.000 millones que preveía imprimir en 2014 el Banco Central. Según estima la Casa Rosada, esa cantidad es tolerable porque sería esterilizada con la emisión de Lebacs.
La decisión de no pagar el cupón del PBI buscó ahorrar unos $ 30.000 millones. La quita de subsidios en gas y agua reduciría gastos entre $ 7000 y $ 15.000 millones. Pero elevaría el precio de esos servicios.
La Presidenta analiza ahora bajar impuestos y aumentar planes sociales para reducir la caída del poder adquisitivo. Y tomar financiamiento EXTERNO para cancelar vencimientos de deuda sin comprometer las reservas y llegar bien a 2015.