Preocupación en ASDRA por atrasos en el pago de las prestaciones médicas
Autoridades de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina presentaron diferentes reclamos dado que hay profesionales que no cobran desde hace por lo menos seis meses.
Las autoridades de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) presentaron en los últimos días diferentes reclamos por atrasos en el pago de las prestaciones médicas a sus especialistas en discapacidad. Ya emitieron notificaciones en las que plantean su preocupación al Ministerio de Salud, a la Vicepresidencia de la Nación, a la Superintendencia de Servicios de Salud, a la Agencia Nacional de Discapacidad y a la Defensoría del Pueblo.
Los profesionales que realizan apoyos a personas con discapacidad denuncian que son cada vez más preocupantes las demoras entre la prestación de servicios efectuada y el pago correspondiente por parte de las Obras Sociales. Según explicaron desde ASDRA, hay profesionales que no cobran desde hace por lo menos seis meses y esta situación se ve agravada por la falta de actualización del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, que quedó desfasado por el repunte inflacionario. Se trata de una lista que establece cuál es la cifra en pesos que resulta obligatorio reintegrar por cada prestación brindada a una persona con discapacidad. Los profesionales que brindan prestaciones de apoyo tuvieron un sólo aumento en 2017, del 5 por ciento, y hasta ahora ninguno en todo 2018.
Estas situaciones, señalan, están generando que cada vez más profesionales soliciten a las familias que se hagan cargo del ajuste que el Estado no realizó, lo que resulta prácticamente imposible para la mayoría de la gente, sobre todo la de menores recursos. El peor escenario, remarcan, es que por falta de pago ya existen casos de expertos que tuvieron que dejar de prestar servicios, lo que significa un perjuicio concreto para las personas discapacitadas.
Por ese motivo, desde ASDRA emitieron una carta en donde hacen mención a la Ley 24.901 de Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad, promulgada el 2 de diciembre de 1997, que establece que se instituya un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.
Según la mencionada ley, las obras sociales, comprendiendo por tal concepto las entidades enunciadas en el artículo 1º de la ley 23.660, tienen a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en dicha ley, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a las mismas.
También, el presidente de ASDRA, Marcelo Varela, expresó en una carta que "las personas con síndrome de Down, como las personas con discapacidad en general, tienen seriamente afectadas hoy las coberturas de apoyo profesional para su pleno desarrollo. Y esto trae consigo importantes dificultades para la continuidad de procesos de inclusión escolar y laboral, y también de acceso a diferentes tratamientos y terapias de salud.
Y agregó: "El Gobierno nacional adeuda pagos por servicios prestados desde hace más de siete meses. Y esto hace que les resulte imposible a muchos profesionales sostener sus actividades, ya que se hallan empujados a buscar otras opciones laborales para sustentarse. Esta situación se agrava por la falta de actualización del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, que establece cuál es la cifra en pesos que resulta obligatorio reintegrar por cada prestación brindada a una persona con discapacidad".
"Los profesionales que brindan prestaciones de apoyo tuvieron un sólo aumento en 2017, que fue del 5 por ciento, y ninguno en 2018. Por ejemplo, para la prestación de apoyo están cobrando $475 por hora desde el 1 de octubre de 2017, fecha en que recibieron el último aumento, ya que hasta esa fecha el valor era de $452, lo que implica un aumento del 5 % en 18 meses", continúa.
En ese sentido, concluye la misiva: "ASDRA envió cartas por este tema a la Vicepresidencia de la Nación (Gabriela Michetti es quien tiene a cargo el Plan Nacional de Discapacidad), al Ministerio de Salud de la Nación, a la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, y a la Agencia Nacional de Discapacidad. No obtuvo respuesta de nadie. Mientras tanto, cada vez con más intensidad, más personas con discapacidad quedan sin apoyos fundamentales para su inclusión. ¡Peligran las prestaciones!".
Fuente: Mitre
Los profesionales que realizan apoyos a personas con discapacidad denuncian que son cada vez más preocupantes las demoras entre la prestación de servicios efectuada y el pago correspondiente por parte de las Obras Sociales. Según explicaron desde ASDRA, hay profesionales que no cobran desde hace por lo menos seis meses y esta situación se ve agravada por la falta de actualización del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, que quedó desfasado por el repunte inflacionario. Se trata de una lista que establece cuál es la cifra en pesos que resulta obligatorio reintegrar por cada prestación brindada a una persona con discapacidad. Los profesionales que brindan prestaciones de apoyo tuvieron un sólo aumento en 2017, del 5 por ciento, y hasta ahora ninguno en todo 2018.
Estas situaciones, señalan, están generando que cada vez más profesionales soliciten a las familias que se hagan cargo del ajuste que el Estado no realizó, lo que resulta prácticamente imposible para la mayoría de la gente, sobre todo la de menores recursos. El peor escenario, remarcan, es que por falta de pago ya existen casos de expertos que tuvieron que dejar de prestar servicios, lo que significa un perjuicio concreto para las personas discapacitadas.
Por ese motivo, desde ASDRA emitieron una carta en donde hacen mención a la Ley 24.901 de Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad, promulgada el 2 de diciembre de 1997, que establece que se instituya un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.
Según la mencionada ley, las obras sociales, comprendiendo por tal concepto las entidades enunciadas en el artículo 1º de la ley 23.660, tienen a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en dicha ley, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a las mismas.
También, el presidente de ASDRA, Marcelo Varela, expresó en una carta que "las personas con síndrome de Down, como las personas con discapacidad en general, tienen seriamente afectadas hoy las coberturas de apoyo profesional para su pleno desarrollo. Y esto trae consigo importantes dificultades para la continuidad de procesos de inclusión escolar y laboral, y también de acceso a diferentes tratamientos y terapias de salud.
Y agregó: "El Gobierno nacional adeuda pagos por servicios prestados desde hace más de siete meses. Y esto hace que les resulte imposible a muchos profesionales sostener sus actividades, ya que se hallan empujados a buscar otras opciones laborales para sustentarse. Esta situación se agrava por la falta de actualización del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, que establece cuál es la cifra en pesos que resulta obligatorio reintegrar por cada prestación brindada a una persona con discapacidad".
"Los profesionales que brindan prestaciones de apoyo tuvieron un sólo aumento en 2017, que fue del 5 por ciento, y ninguno en 2018. Por ejemplo, para la prestación de apoyo están cobrando $475 por hora desde el 1 de octubre de 2017, fecha en que recibieron el último aumento, ya que hasta esa fecha el valor era de $452, lo que implica un aumento del 5 % en 18 meses", continúa.
En ese sentido, concluye la misiva: "ASDRA envió cartas por este tema a la Vicepresidencia de la Nación (Gabriela Michetti es quien tiene a cargo el Plan Nacional de Discapacidad), al Ministerio de Salud de la Nación, a la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, y a la Agencia Nacional de Discapacidad. No obtuvo respuesta de nadie. Mientras tanto, cada vez con más intensidad, más personas con discapacidad quedan sin apoyos fundamentales para su inclusión. ¡Peligran las prestaciones!".
Fuente: Mitre