Prensa y democracia

En su última reunión anual, la entidad que nuclea a las entidades periodísticas de la República Argentina (Adepa), ratificó la necesidad de respetar la libertad de prensa como un elemento fundamental para sostener la calidad democrática.

Aseguró en el documento que "sin prensa libre, bajo el imperio del autoritarismo y del silencio, podrán los gobiernos arrasar al resto de las instituciones de la República, controlar o desobedecer a los jueces, cambiar las reglas de convivencia, disponer sin control alguno del patrimonio de todos los argentinos, manipular los indicadores de analfabetismo y de inflación y podrá seguir creciendo la corrupción y la pobreza sin que nadie lo denuncie".

La declaración constituyó la continuidad de una denuncia anterior donde se aseguró que "nunca, en estos 27 años de vida democrática, la tarea de los medios de comunicación, la de los periodistas y la expresión de opinión crítica ha sido tan degradada por el Gobierno nacional y ciertos grupos de presión como en los últimos tiempos".

Lo que está sucediendo en la Argentina va a contramano de lo que se plantea en casi todos los países democráticos, donde los gobiernos le asignan a la libertad de prensa una prioridad institucional dentro del sistema.

Sólo a modo de ejemplo cabría señalar que, como consecuencia de la reciente crisis económica mundial, algunos Estados decidieron acudir en auxilio de los medios de comunicación. En Francia, el presidente Nicolás Sarkozy comprometió una ayuda de 600 millones de euros para la prensa escrita, canalizada a través de la reducción de los costos fiscales y la creación de un programa estatal destinado a financiar una suscripción gratuita para que todos los jóvenes franceses cuenten en sus casas con un diario, hasta cumplir los 18 años.

Mientras, en España, el Ejecutivo y el Parlamento consideraron seriamente la posibilidad de concurrir en ayuda de los medios que se encuentren en problemas económicos. En todos los casos, se aseguró que el objetivo central pasa por la subsistencia a la prensa dentro del sistema democrático, como un soporte fundamental para asegurar su efectiva existencia.

Algunos países de América Latina, como Chile, Brasil y Uruguay, son clarísimos ejemplos de gobiernos que han decidido respetar a rajatabla los derechos de sus habitantes, incluyendo en ellos la función de libertad de expresión, aceptando las duras críticas que a veces reciben, sin por ello avanzar sobre los medios de comunicación.

Una situación diametralmente distinta a la aplicada en otros países de América del Sur, como Venezuela, que ataca de todos los modos posibles a los medios críticos del gobierno o Ecuador, donde su presidente, Rafael Correa, expresó públicamente que las naciones latinoamericanas deberían conformar un bloque para "defender a los gobiernos de los abusos de la prensa", mientras calificaba a los medios de su país de "corruptos e instrumentos de la oligarquía".

En la Argentina, lo que sucede con los bloqueos a los diarios y las acciones que apuntan al menoscabo de periodistas, directivos y empresarios de medios, no hacen más que ratificar que se ha elegido el camino equivocado si lo que se quiere es fortalecer la convivencia democrática.

Nuestro país tiene un amplísimo abanico de medios de comunicación que constituyen espacios imprescindibles para el debate. Y es la opinión pública la que debe decidir sobre la seriedad y credibilidad de los mismos, no las presiones de un gobierno hacia quienes tienen la misión de informar, examinar o criticar, multiplicando de ese modo la potencialidad de las variadas voces de la sociedad civil, para que no sea sólo la voz del Estado y la de su apabullante poder propagandístico, la única que sea escuchada.