Posse ofrece 350 mil pesos para que las familias de las villas se vayan a otros municipios
Al mismo tiempo, desde el Frente para la Victoria buscan aprobar un proyecto para regulizar la situación.
A través de un proyecto de ordenanza enviado al Concejo Deliberante, el intendente Gustavo Posse, del Frente Renovador, busca "erradicar" un asentamiento del barrio Uspallata, por lo que la Municipalidad de San Isidro ofrece un subsidio de 350.000 pesos a los habitantes con el fin de que se radiquen "en otras provincias o municipios". Y esto trajo mucha polémica.
Al respecto, Posse opinó en diálogo con "Hola Chiche": "En San Isidro no hay polémica, mientras que en el área metropolitana desde 2001 al 2011 las villas aumentaron un 130 por ciento, en el municipio se redujeron en el 35 o 39 por ciento porque se practican políticas para las villas de emergencia donde hay alta densidad, pero se vive en el lugar del otro".
Según indicó Posse, "de 62 casas, 42 ya prestaron consentimiento y aceptaron los 350 mil pesos", al tiempo que criticó: "Hay una corriente política que necesita que siga habiendo villas".
Por el contrario, un proyecto de la diputada provincial del FpV-PJ María del Carmen Pan Rivas busca regularizar la situación de las tierras que habitan los vecinos del barrio Uspallata, de la localidad de Béccar, Partido de San Isidro.
De aprobarse el proyecto, las tierras "serán adjudicadas en propiedad, a título oneroso y por venta directa a los ocupantes de los inmuebles con cargo de construcción de vivienda propia".
En los fundamentos, Pan Rivas destaca "el derecho humano, universal y constitucional de toda persona a acceder a una vivienda digna" y recuerda que "es deber del Estado garantizar este derecho básico a todos los habitantes".
En 1997 se sancionó la Ley 11.959, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación a esas tierras y detalla que la Provincia impulsó las diversas acciones expropiatorias.
Pero asegura que uno de los propietarios originales de los terrenos, Alberto O'Connor, logró que la norma fuera declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.