Por una revolución vial en el país

La propuesta tiene características excepcionales: la red se construiría sin que los usuarios tengan que pagar peaje, siguiendo el modelo de Alemania y Estados Unidos. Ni peaje ni impuestos. La iniciativa incluye en su conformación un fondo que, además de las autopistas, financiaría el rescate y modernización de nuestra abandonada red ferroviaria.

Los especialistas insisten en que el entramado propuesto es sólido: se evitarían siete de cada ocho muertes, se uniría todo el país, volverían a florecer ciudades y pueblos agónicos, se multiplicaría la producción, crecería la demanda de mano de obra y se descongestionarían las megalópolis.

En el Congreso de la Nación este proyecto ya tiene estado legislativo con el apoyo de ocho bloques de diputados. Una propuesta revolucionaria que podría convertir las decrépitas rutas en una fabulosa red de autopistas inteligentes que abarcaran nada menos que 13.500 kilómetros.

Son suficientes para unir todas las capitales de provincia y otras 1.150 poblaciones. De esa forma se conectaría nuestra enorme extensión territorial entre sí y con los puertos y centros turísticos. La red podría ser construida -según detalla el proyecto- aplicando una tasa de tres centavos por litro de combustible, pero sólo cuando cada 1.000 kilómetros de carretera estén completamente terminados. Es decir, se comenzaría a pagar recién cuando cada tramo se concluya en todos sus detalles.

El contraste con la situación actual conmociona. Hoy el usuario paga cada año 15.269 millones de pesos en impuesto a los combustibles, el doble de lo que costará toda la nueva red. En términos económicos, los accidentes de ruta ascienden hoy al 2% del PBI, es decir, 6.600 millones de dólares.

Tres veces más de lo que costaría la red de autopistas una vez concluida.

La iniciativa fue elaborada en detalle por un calificado equipo de ingenieros viales argentinos. Es un proyecto ambicioso y claramente factible. Propone nuevas autopistas modernas, con calzadas desdobladas por un cantero central y guardarrieles que eviten los choques frontales (causa del 66% de las muertes).

Los cruces tendrán lugar en diferentes niveles para impedir colisiones con trenes u otros vehículos. Las banquinas gozarán de un buen pavimento para que al morderlas no produzcan vuelcos luctuosos. Las poblaciones gozarán de una circunvalación para que su centro evite el tránsito pasante a gran velocidad. También habrá radarización y detectores de niebla, como se estila en los países modernos. Se trata de poner en marcha la Argentina.

Y -según la propuesta que analiza el Congreso- todo este emprendimiento no implicará erogación alguna por parte del Estado. Será realizado por empresas privadas que recuperarán su inversión cuando terminen cada tramo. No antes, como se hace hasta ahora, facilitando corrupciones. Cuando cada tramo concluya, recién entonces las empresas comenzarán a recibir la tasa de tres centavos por litro de combustible.

Si esto finalmente progresara como política de Estado -tal cual lo han hecho los países de mayor crecimiento económico y social- podríamos ser testigos de la mayor inversión vial de toda nuestra historia. Se necesitarán 10 años para terminar de construirla por completo, a un promedio de 1.350 km por año.

Ocho bloques del Congreso lo avalan, tras 13 años de intentos. Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Mendoza, que conforman más de la mitad del país, ya han emitido sus adhesiones.
Una epopeya de integración vial sólo comparable a la construcción de los ferrocarriles en el siglo XIX, cuando -entre 1864 y 1915- se tendieron 33.000 km de líneas férreas.

Sin embargo, para lograrlo es preciso un consenso nacional que obligue a respetar los pactos, sin mezquindades electoralistas, sectoriales, mafiosas o personales.