Por una pendiente resbaladiza
Nadie ignora los motivos por los que el gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner quiere apoderarse...
... directa o indirectamente, de YPF: necesita más dinero y, como entienden muy bien ciertos tiranos del Oriente Medio y el mandamás venezolano Hugo Chávez, cuando de conseguirlo se trata no hay nada mejor que disponer de reservas de petróleo. Con todo, si bien puede considerarse lógico el interés del gobierno kirchnerista por encontrar nuevas fuentes de financiación en una etapa signada por la escasez creciente, el método elegido para ablandar a los dueños actuales de YPF podría resultarle muy pero muy costoso.
Al hostigar a la empresa con su virulencia habitual, los kirchneristas, acompañados por media docena de gobernadores provinciales de retórica frenéticamente xenófoba, han logrado reducir, en pocas semanas, el valor asignado por el mercado a la petrolera por aproximadamente 6.000 millones de dólares, lo que a su juicio habrá servido para hacer de ella una auténtica ganga, pero también se las han arreglado para asustar tanto a los inversores en potencia que hasta nuevo aviso la mayoría boicoteará a la Argentina. Desde el punto de vista de todos salvo los kirchneristas mismos, la Argentina es un país sin ley ni garantías mínimas, uno en que las reglas pueden cambiar en cualquier momento según el humor de una presidenta notoriamente caprichosa.
Para justificar su conducta atropellada, el gobierno nacional y sus aliados provinciales acusan a YPF de no invertir lo suficiente, de violar acuerdos y de estar más interesada en repartir dividendos jugosos entre sus accionistas, comenzando con los españoles de Repsol, que en buscar petróleo. Sin embargo, las deficiencias de YPF se deben en gran medida a la decisión de Néstor Kirchner de "argentinizarla" entregándola en efecto a miembros de la familia Eskenazi que, desde luego, no tenían ninguna experiencia en el nada sencillo negocio petrolero.
Dicho de otro modo, se trata de una consecuencia previsible de un intento de hacer funcionar un modelo basado en el "capitalismo de los amigos". Según parece, la presidenta aún no ha decidido cómo remediar los daños provocados por sus propios errores y los de su difunto marido, de ahí la demora en formular un anuncio definitivo sobre el destino de la empresa maltrecha, pero las alternativas que presuntamente baraja no lucen promisorias. Impulsar la participación en el negocio de otro "amigo" integrante de la llamada "burguesía nacional" no modificaría mucho, mientras que suponer que estarían en condiciones de manejar con eficiencia lo que quedara de YPF burócratas suministrados por La Cámpora suena fantasioso.
Puede que YPF haya aportado a la desastrosa crisis energética creada por el gobierno kirchnerista, pero su eventual desmembramiento o su regreso a las manos del corrupto y sumamente inoperante Estado nacional no ayudarían a atenuarla. Por el contrario, entrañarían el riesgo de agravarla todavía más, con consecuencias nada felices para el país o para el gobierno de Cristina, que ya ha visto esfumarse miles de millones de dólares anuales a causa de la necesidad de importar energía a precios internacionales. Asimismo, el que el accionista mayor siga siendo Repsol, que, para más señas, cuenta con el pleno respaldo del gobierno español por ser cuestión de la empresa más importante de su país, significa que cualquier arreglo que no sea de su agrado motivaría un conflicto con el integrante de la Unión Europea que, hasta hace poco, actuaba como un aliado fiel de la Argentina.
Como es natural, los españoles sospechan que los kirchneristas están procurando aprovechar en beneficio propio las dificultades económicas de la "madre patria", actitud que, claro está, no les causa gracia alguna, ya que hace apenas diez años trataron de ayudarnos cuando nuestra economía se precipitaba en un pozo. Puesto que han comenzado a abundar las señales de que nos espera una etapa muy ardua –una consistente en los esfuerzos del gobierno de Cristina de adueñarse de YPF por los medios que fueran, sin preocuparse en absoluto por los cuantiosos costos colaterales–, no nos convendría del todo prescindir de la buena voluntad de los españoles que, en este ámbito, disfrutarán del apoyo de todos los demás miembros de la Unión Europea.
Al hostigar a la empresa con su virulencia habitual, los kirchneristas, acompañados por media docena de gobernadores provinciales de retórica frenéticamente xenófoba, han logrado reducir, en pocas semanas, el valor asignado por el mercado a la petrolera por aproximadamente 6.000 millones de dólares, lo que a su juicio habrá servido para hacer de ella una auténtica ganga, pero también se las han arreglado para asustar tanto a los inversores en potencia que hasta nuevo aviso la mayoría boicoteará a la Argentina. Desde el punto de vista de todos salvo los kirchneristas mismos, la Argentina es un país sin ley ni garantías mínimas, uno en que las reglas pueden cambiar en cualquier momento según el humor de una presidenta notoriamente caprichosa.
Para justificar su conducta atropellada, el gobierno nacional y sus aliados provinciales acusan a YPF de no invertir lo suficiente, de violar acuerdos y de estar más interesada en repartir dividendos jugosos entre sus accionistas, comenzando con los españoles de Repsol, que en buscar petróleo. Sin embargo, las deficiencias de YPF se deben en gran medida a la decisión de Néstor Kirchner de "argentinizarla" entregándola en efecto a miembros de la familia Eskenazi que, desde luego, no tenían ninguna experiencia en el nada sencillo negocio petrolero.
Dicho de otro modo, se trata de una consecuencia previsible de un intento de hacer funcionar un modelo basado en el "capitalismo de los amigos". Según parece, la presidenta aún no ha decidido cómo remediar los daños provocados por sus propios errores y los de su difunto marido, de ahí la demora en formular un anuncio definitivo sobre el destino de la empresa maltrecha, pero las alternativas que presuntamente baraja no lucen promisorias. Impulsar la participación en el negocio de otro "amigo" integrante de la llamada "burguesía nacional" no modificaría mucho, mientras que suponer que estarían en condiciones de manejar con eficiencia lo que quedara de YPF burócratas suministrados por La Cámpora suena fantasioso.
Puede que YPF haya aportado a la desastrosa crisis energética creada por el gobierno kirchnerista, pero su eventual desmembramiento o su regreso a las manos del corrupto y sumamente inoperante Estado nacional no ayudarían a atenuarla. Por el contrario, entrañarían el riesgo de agravarla todavía más, con consecuencias nada felices para el país o para el gobierno de Cristina, que ya ha visto esfumarse miles de millones de dólares anuales a causa de la necesidad de importar energía a precios internacionales. Asimismo, el que el accionista mayor siga siendo Repsol, que, para más señas, cuenta con el pleno respaldo del gobierno español por ser cuestión de la empresa más importante de su país, significa que cualquier arreglo que no sea de su agrado motivaría un conflicto con el integrante de la Unión Europea que, hasta hace poco, actuaba como un aliado fiel de la Argentina.
Como es natural, los españoles sospechan que los kirchneristas están procurando aprovechar en beneficio propio las dificultades económicas de la "madre patria", actitud que, claro está, no les causa gracia alguna, ya que hace apenas diez años trataron de ayudarnos cuando nuestra economía se precipitaba en un pozo. Puesto que han comenzado a abundar las señales de que nos espera una etapa muy ardua –una consistente en los esfuerzos del gobierno de Cristina de adueñarse de YPF por los medios que fueran, sin preocuparse en absoluto por los cuantiosos costos colaterales–, no nos convendría del todo prescindir de la buena voluntad de los españoles que, en este ámbito, disfrutarán del apoyo de todos los demás miembros de la Unión Europea.