¿Por qué debe reformarse el Código Procesal Penal?
Por Sofía Tarruella. El Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 15, Adrián Martín, explicó el urgente reclamo que realizan más de 200 magistrados de todo el país.
Por Sofía Tarruella
@Sofisuu
starruella@diarioveloz.com
Días atrás, un grupo de jueces de todo el país presentó una carta en el Congreso en la que advierten que están trabajando con un código arcaico y solicitan que traten con urgencia los proyectos de reforma del Código Procesal Penal Federal.
En representación de más de 200 magistrados de todo el país, la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ángela Ledesma, y el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, Luis María Cabral, pidieron que se debatan proyectos ya que el actual Código Procesal Penal "no puede garantizar un servicio de justicia eficiente".
Los magistrados impulsan, entre otros puntos, establecer un código procesal acusatorio con división clara de roles y de funciones; la oralidad de todos los procesos y agilizar su duración.
En cuanto al primer punto, el manifiesto pretende que el "juez juzgue y no investigue".
"Hoy básicamente en la etapa de investigación preliminar y también, en menor medida, en otras etapas, el juez investiga y juzga. Esto es un primer problema porque nadie puede controlarse a sí mismo, requiere un gran esfuerzo personal y muchas veces no se puede hacer. Es una locura que la defensa lo padece sistemáticamente", explicó a DiarioVeloz.com el Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal nº 15, Adrián Martín.
Asimismo, los magistrados pretenden organizar los recursos según el nivel de complejidad y alcance de los delitos.
"Si el ministerio público fiscal investiga y el juez no, el ministerio público fiscal es un órgano único, no son tantos jueces y tiene que poder organizar razonablemente, es decir, tiene que poder explicarle a la gente en qué gasta sus recursos y con qué destino".
Y añadió: "Entonces puede destinar más recursos y más gente a delitos complejos y menos gente a delitos cotidianos y con menos daño social. Hoy un hurto en un supermercado es una causa, y un delito de corrupción es una causa, todo vale uno. Además, no se trata de los recursos de una sola persona sino de los esfuerzos de un órgano estatal y significa recursos materiales, dinero que no van a los hospitales, no va educación, y que si se decide que vaya a justicia, debería volver a la comunidad en provecho".
Otra cuestión es que los procesos sean más rápidos y no haya una enorme cantidad de imputados en prisión preventiva.
"Que estén detenidos lo que estén detenidos pero no que los que cometan delitos tontos y tengan que esperar dos años para obtener una respuesta porque la justicia está abarrotada de expedientes, porque son todos escritos", explicó Martín.
Según detalló el juez, para agilizar los tiempos judiciales el ministerio publico fiscal debe resolver rápidamente que casos van a juicio y que no y, por otro lado, debe implementar un sistema oral.
"Hoy se escrituraliza el 80 por ciento de las cosas, entonces si alguien habla durante una hora hay un secretario que está escribiendo todo lo que dijo, otro que escribe lo que le contestan y luego una sentencia escrita que responde todo eso, esto lleva mucho tiempo y muchos recursos".
Por otro lado, la oralidad favorece una mayor justicia: "Muchos profesores de derecho procesal decimos una frase que es irrefutable "el escrito soporta todo", uno por escrito puede decir las cosas mas absurdas, cortar y pegar, y pensar que "si me lo compran, me lo compran". En cambio, oralmente, cara a cara, no puede decir cualquier cosa, y además tampoco se puede hablar muchísimo. Por lo tanto se pueden resolver más casos es menos tiempo".
@Sofisuu
starruella@diarioveloz.com
Días atrás, un grupo de jueces de todo el país presentó una carta en el Congreso en la que advierten que están trabajando con un código arcaico y solicitan que traten con urgencia los proyectos de reforma del Código Procesal Penal Federal.
En representación de más de 200 magistrados de todo el país, la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ángela Ledesma, y el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, Luis María Cabral, pidieron que se debatan proyectos ya que el actual Código Procesal Penal "no puede garantizar un servicio de justicia eficiente".
Los magistrados impulsan, entre otros puntos, establecer un código procesal acusatorio con división clara de roles y de funciones; la oralidad de todos los procesos y agilizar su duración.
En cuanto al primer punto, el manifiesto pretende que el "juez juzgue y no investigue".
"Hoy básicamente en la etapa de investigación preliminar y también, en menor medida, en otras etapas, el juez investiga y juzga. Esto es un primer problema porque nadie puede controlarse a sí mismo, requiere un gran esfuerzo personal y muchas veces no se puede hacer. Es una locura que la defensa lo padece sistemáticamente", explicó a DiarioVeloz.com el Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal nº 15, Adrián Martín.
Asimismo, los magistrados pretenden organizar los recursos según el nivel de complejidad y alcance de los delitos.
"Si el ministerio público fiscal investiga y el juez no, el ministerio público fiscal es un órgano único, no son tantos jueces y tiene que poder organizar razonablemente, es decir, tiene que poder explicarle a la gente en qué gasta sus recursos y con qué destino".
Y añadió: "Entonces puede destinar más recursos y más gente a delitos complejos y menos gente a delitos cotidianos y con menos daño social. Hoy un hurto en un supermercado es una causa, y un delito de corrupción es una causa, todo vale uno. Además, no se trata de los recursos de una sola persona sino de los esfuerzos de un órgano estatal y significa recursos materiales, dinero que no van a los hospitales, no va educación, y que si se decide que vaya a justicia, debería volver a la comunidad en provecho".
Otra cuestión es que los procesos sean más rápidos y no haya una enorme cantidad de imputados en prisión preventiva.
"Que estén detenidos lo que estén detenidos pero no que los que cometan delitos tontos y tengan que esperar dos años para obtener una respuesta porque la justicia está abarrotada de expedientes, porque son todos escritos", explicó Martín.
Según detalló el juez, para agilizar los tiempos judiciales el ministerio publico fiscal debe resolver rápidamente que casos van a juicio y que no y, por otro lado, debe implementar un sistema oral.
"Hoy se escrituraliza el 80 por ciento de las cosas, entonces si alguien habla durante una hora hay un secretario que está escribiendo todo lo que dijo, otro que escribe lo que le contestan y luego una sentencia escrita que responde todo eso, esto lleva mucho tiempo y muchos recursos".
Por otro lado, la oralidad favorece una mayor justicia: "Muchos profesores de derecho procesal decimos una frase que es irrefutable "el escrito soporta todo", uno por escrito puede decir las cosas mas absurdas, cortar y pegar, y pensar que "si me lo compran, me lo compran". En cambio, oralmente, cara a cara, no puede decir cualquier cosa, y además tampoco se puede hablar muchísimo. Por lo tanto se pueden resolver más casos es menos tiempo".