Por primera vez habló el fiscal: ¿cómo sigue la causa de la triple fuga de los hermanos Lanatta y de Víctor Schillaci?

La Justicia centraliza hoy en análisis telefónicos la investigación que intenta saber si la fuga de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci de la cárcel de General Alvear contó con la protección de una red de narcotraficantes.

"Estamos centrados en una cantidad de testimonios y declaraciones, interceptación de teléfonos, cruces de llamados, notificación de titulares... Estamos desarrollando todas esas medidas ahora y que tiene que ver con el objeto propio de nuestra investigación", dijo hoy el juez federal Sergio Torres, en sus primeras declaraciones públicas desde que comenzó el caso.

Torres afirmó que también está investigando si en la fuga pudo haber tenido alguna vinculación Ibar Esteban Pérez Corradi, el financista que ordenó el triple crimen de General Alvear y que se encuentra prófugo desde el 2012, más allá de las declaraciones de sus defensores de las últimas horas diciendo que se entregaría.

Si Pérez Corradi tiene algo q ver, "no lo sabemos; es una investigación que tiene una semana porque empezamos a intervenir el lunes de la semana pasada (3 de enero). Va a llevar unos días la investigación. Y estamos abiertos a que cualquier hipótesis es posible. Es todo materia de investigación y se va a saber con el trascurso de los días", señaló.

La saga de la fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez -un caso relacionado con el negocio de la efedrina y la política- comenzó el 27 de diciembre último, cuando los Lanatta y Schillaci escaparon de la prisión con la ayuda de varias personas, entre ellos al menos un penitenciario, sostiene el fiscal de Azul Cristian Citterio.

Tras la fuga, los prófugos balearon de gravedad a dos policías que quisieron detenerlos en un control policial el 31 de diciembre pasado, y luego reaparecieron el jueves 7 en la provincia de Santa Fe, donde se enfrentaron a tiros con gendarmes.

El sábado 9, Martín Lanatta fue arrestado en la localidad santafesina de Cayastá, luego de haber volcado con una de las camionetas que había robado en su raid y de haber mantenido, junto a sus cómplices, privados de la libertad a un ingeniero agrónomo primero y a un productor rural más tarde.

Ese día, distintas voces oficiales -la justicia, el gobierno nacional y el gobierno de Santa Fe- hablaron de tres detenciones, pero luego se dio marcha atrás con la información y nadie supo nada de Cristian Lanatta y Schillaci hasta que el lunes fueron arrestados en un arrocero de Cayastá, muy cerca de donde había caído el primer atrapado.

La diputada Elisa Carrió, impulsora de Cambiemos, denunció que el mismo sábado los tres prófugos fueron atrapados pero se buscó dejar en ridículo al gobierno de Mauricio Macri.

En declaraciones a radio Del Plata, el juez Torres afirmó que "es natural que pase" que cada fuerza quiera atribuirse los logros cuando las cosas salen bien, y "es natural que cuando las cosas no salen bien nadie se haga cargo".

Pero el juez exigió que todo lo sucedido derive en la conformación de protocolos para que las fuerzas de seguridad actúen coordinadamente en situaciones complejas como ésta.

"Acá hubo varias personas lastimadas, pasaron muchas cosas que no son lindas... Si alguna enseñanza tenemos es la obligación como Estado de sacar después de esto, es que esto es una oportunidad para ver todo lo que se hizo mal y mejorar los protocolos para que se hagan bien. Hay que trabajar con comandos unificados, con un lugar que concentre toda la información de las distintas fuerzas que intervienen y trabajado armónicamente", dijo.

En ese sentido, el magistrado opinó que ese punto "es clave tanto a nivel federal como nacional" y reclamó que hay que "establecer una política de Estado en donde cada una de las partes que intervienen en esta problemática tengan un rol claro para que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer".

"Es una problemática muy compleja y por lo tanto el abordaje debe ser complejo -reseñó-. Todos los intervinientes, las fuerzas policiales, el poder judicial y los poderes ejecutivos nacional y locales, los organismos que se vinculan con el lavado, todos debieran trabajar armónicamente".

Fuente: DyN