Políticas que desalientan el agro

La intervención pública actuó de manera similar al resto del mundo, procurando, durante la última parte del siglo XIX, la ocupación efectiva del territorio, la vigencia del Estado de Derecho y, sobre todo, proveer la infraestructura que permitiera movilizar su enorme potencial, al tiempo de contribuir a la defensa nacional.

Se trataba de ocupar y explotar tierras de excepcional feracidad, incorporando capital, mano de obra, conocimientos y, esencialmente, medios de transporte.

Los historiadores económicos calcularon, en referencia a esto último, que la incorporación del ferrocarril abarató los transportes en un 90%, es decir, 7.3 centavos de pesos oro por t-km transportada (la tracción a sangre costaba 8.3 centavos por t-km, y el ferrocarril, un centavo).

Sólo se pudo producir masivamente, promover la integración y la inversión en el interior del país, por el efecto de esta transformación. A su vez, el costo del transporte transatlántico se abarató en más de un 50% en promedio, siendo ese efecto más formidable cuanto más pesada era la carga.

El crecimiento del sector productivo fue extraordinario hacia los años 20 del siglo pasado, cuando se había logrado ocupar gran parte del territorio, con las limitaciones que las condiciones tecnológicas imponían.

El shock que significó la Primera Guerra Mundial, y la crisis de los años treinta, afectó gravemente al sector agricolaganadero, integrado al sistema de comercio mundial.

El proteccionismo y el cierre del mercado externo produjeron una enorme crisis en nuestro país. Allí, en la década del 30, comienza una intervención diferente de la del resto del mundo, en términos de un fuerte protagonismo del Estado.

Ello tenía que ver, en parte, con la necesidad de ampliar las facilidades de almacenaje, con la construcción de silos y elevadores que evitaran la venta desesperada en épocas de cosecha, y facilitara una comercialización más ordenada, tanto interna como externa.

Al mismo tiempo, tal como ocurrió en algunos países, debe recordarse que en la crisis se resolvió un drástico cambio en la política monetaria, al establecer el control de cambio a las transacciones de bienes y servicios y operaciones de la cuenta capital del Balance de Pagos, con la respectiva salida de la convertibilidad del peso.

El argumento fue la necesidad de preservar las reservas y destinarlas para el pago de la deuda pública. Como se verá, nada nuevo bajo el sol ocurre en estos tiempos.

El tipo de cambio resultante del control practicado era diferente para el agro y para la industria, siendo ellos inferiores al tipo de cambio del mercado libre. El criterio y la pauta aplicable eran diferentes para el servicio de la deuda pública y las importaciones oficiales. Este impuesto implícito a la producción exportable del agro fue un rasgo dominante de las políticas públicas argentinas, que resultaron contrarias a las que se ejercían en el resto del mundo.

Ese desaliento a la producción afectaría seriamente nuestra ocupación territorial, la estructura productiva y, por supuesto, la competitividad del sector. Esto reflejaba, entre otras cuestiones, el clima cultural de la época, que llevaba a la subestimación del potencial agrícola como instrumento de crecimiento. Se señalaba, asociada a tal concepción, la crisis del comercio internacional y la idea de que la especialización excesiva había reducido las opciones disponibles, al depender todo el sistema productivo del estado de los mercados mundiales. Si bien ello era discutible, se convirtió en el marco conceptual sobre el que se basó el esfuerzo intervencionista.

Esta política discriminatoria fue forzando una urbanización creciente, en particular en la megaurbe de Buenos Aires, y al revés de otros países donde se protegía la ocupación del territorio, aquí se indujo un despoblamiento del interior.

Al comienzo de este proceso de discriminación de la producción agrícola se suponía que ello tenía una duración transitoria. Esta política desalentadora se iría desarmando cuando se consolidaran los sectores no agrícolas, o sea, cuando se superara el estadio de industria infantil y se normalizara la situación internacional en materia de comercio internacional y pagos externos, dejándose atrás a escala mundial tanto el proteccionismo y el comercio dirigido como el control de cambios.

En alguna medida, ése fue el programa de la posguerra de la comunidad internacional que dio lugar a instituciones como el GATT, el FMI, el Banco Mundial y el BID, entre otros.

Se subestimó en la reflexión colectiva doméstica el fenómeno de endogeneidad de la macrourbanización y la dificultad para revertir las políticas y los incentivos una vez lanzados, así como el desequilibrio político y de gobernabilidad de las polis que sobrevendría con estas políticas.

Es evidente que este problema subsiste hasta el presente. Incluso se ha exacerbado y radicalizado como pocas veces en nuestra historia.