Política, gremios y barrabravas
Las recompensas y retribuciones que reciben son la contrapartida por la movilización de fuerzas, el uso de ese recurso irracional en disputas internas, crímenes que llegan a cometerse en ese circuito de ilegalismos que tiene ya décadas en nuestro país.
La política y la actividad gremial han cobijado y permitido el crecimiento y la persistencia de las barras bravas del fútbol argentino, tanto en la Capital y el Gran Buenos Aires como en las principales ciudades del país, como es el caso de La Plata y Rosario, entre otras. El entramado de negocios y actividades ilegales, de servicios y tareas violentas ha gozado, de este modo, de mantos de protección, lo cual explica la impunidad con la que desde hace décadas se desenvuelven estos grupos que la Justicia ha calificado como mafiosos.
La muerte del joven militante político Mariano Ferreyra ha originado una investigación que vuelve a exponer algunos de estos lazos, en los cuales se solapan las prácticas violentas en los estadios con la recaudación y distribución de fondos de orígenes poco transparentes, el alquiler de fuerzas de choque para manifestaciones y disputas de todo tipo, la intervención en el tráfico de drogas y el acceso a puestos en la Administración Pública como pago de favores.
Las recompensas y retribuciones que reciben estos grupos son la contrapartida por la movilización de fuerzas, por el uso de ese recurso irracional en disputas internas de gremios y partidos políticos, por crímenes que llegan a cometerse en ese circuito de ilegalismos que tiene ya décadas en nuestro país y ante el cual no se han formulado intentos serios de erradicación. La cancha, la droga, el delito conforman una red que apresa al juego político,
especialmente en las instancias locales. En los municipios es donde estas tramas se sellan y emplean con asiduidad, más allá del cambio de lealtades y liderazgos transitorios. Las disputas de liderazgo territorial en el campo partidario y gremial proveen recurrentes oportunidades de intervención a las barras bravas, sin que se repare en los efectos corrosivos que estas prácticas provocan sobre la política democrática y la cultura de respeto a la legalidad. Ante este fenómeno turbio, es necesario extender la transparencia en la gestión de entidades deportivas, gremiales, partidarias y municipales, y, además, se requiere que la violencia que no quede impune.
El crecimiento de los barrabravas se explica por el lazo que han articulado con la política y la actividad gremial. Este uso de la violencia afecta a la democracia y a la observancia de la ley.