Polémica por las prepagas: cómo se calculan los aumentos y bajan los asociados

¿Causas y consecuencias de que las prepagas aumenten sus cuotas a un ritmo duro, sin medidas paliativas para el bolsillo del argentino medio? Las consecuencias: una baja importante de afiliados en los últimos tres años, del 12%, según la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). ¿Las causas? Desde las asociaciones de defensa del consumidor apuntan que "las empresas piden aumentos y la Superintendencia simplemente los autoriza". Y quizás sea así. Es que, si bien la ley de Medicina Prepaga (26.682) estableció en 2011 que la SSS sólo aprobaría alzas fundadas en las "variaciones de la estructura de costos de las compañías", un vocero de ese organismo de control que dialogó con Clarín reconoció (como una autocrítica explícita) que, en ocho años, el texto legal no se pudo aplicar del todo, y que recién este año se empezó a ordenar la forma de trabajo para discutir los aumentos tomando en cuenta, también, los balances de las empresas.

Zambullirse en el costo de pertenecer al sistema privado de salud no sólo está motivado por el malestar que generaron las últimas alzas anunciadas, que cuando en noviembre se terminen de aplicar habrán llevado las cuotas a un 57% más que un año atrás. También porque, a contrapelo de las malas noticias, cada tanto surgen matices, como pasó en estos días con la emisión de un fallo judicial a favor de un jubilado que había denunciado a su prepaga (OSDE) por “un aumento desproporcionado, abusivo, excesivo e irrazonable del valor de su cuota por cuestiones de edad”. La Justicia dijo que la empresa no le había informado al usuario, en tiempo y forma, del cambio que aplicaría en su cuota.


Frente a estas escenas surgen varias preguntas: ¿cuál sería un aumento "razonable"? ¿Cuánto sería adecuado pagar por un plan de salud prepago? Las aguas se dividen.

En representación de las prepagas, Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical y de la recientemente creada Unión Argentina de Entidades de Salud del sector privado, explicó a Clarín que "se paga muy por debajo de los costos", y señaló que "la gente se queja porque hay una concepción errónea de la gratuidad de la salud, pero las cuotas de las prepagas por lo menos deberían estar emparejadas a lo que una familia está dispuesta a pagar por la educación privada de sus hijos".

En tanto, desde las asociaciones de defensa del consumidor como ADDUC o ADECUA, con las que habló este medio, coincidieron en que a los aumentos "desmedidos" le siguen cada vez más acciones legales contra las compañías, producto de que "la gente no los puede bancar". Y apuntan a un incumplimiento de la ley de Prepagas: dicen que las empresas no exhiben sus balances frente a la Superintendencia, por lo que las subas no quedan adecuadamente justificadas.

Al respecto, una alta fuente de la SSS admitió, en diálogo con este medio, una “demora importante" en la puesta en marcha del Consejo Permanente de Concertación (como estipuló la ley de Medicina Prepaga en 2011), que es "la mesa donde deberían acordarse los aumentos con todos los actores involucrados. O sea, representantes de consumidores, de la Defensoría del Pueblo y Prepagas”. Agregó que “su funcionamiento sería parecido a una paritaria”.

Cabe recordar que en el Gobierno anterior los aumentos eran autorizados por la Secretaría de Comercio, más allá de que la ley de 2011 especificara que debía hacerlo la Superintendencia. Y si bien desde el cambio de gestión podría haberse "encarrilado" la modalidad, no ocurrió: la primera reunión del consejo de concertación se hizo ocho años después de sancionada la ley de Prepagas, en abril pasado.

Cosmovisiones

¿Qué dice la ley de Medicina Prepaga sobre los aumentos? El artículo 17 expresa que "la Autoridad de Aplicación [la Superintendencia de Servicios de Salud] autorizará el aumento de las cuotas cuando el mismo esté fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos". 

El vocero de la SSS que habló con Clarín admitió que para aprobar los aumentos que piden las prepagas se tienen en cuenta variables como la estructura de costos, desde ya, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y otras fórmulas técnicas.

Pero, si bien la ley aclara que "la Autoridad de Aplicación (la SSS) fiscalizará y garantizará la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales", reconoció que no se toman en cuenta los balances empresariales, o sea, el resultado "final", del que se desprende ganancia o pérdida para una compañía. El vocero esbozó que "los balances deberían incluirse en un futuro", y confió en que ocurrirá, más allá del signo político del próximo gobierno.

¿Qué dicen las prepagas? Enfático, Belocopitt criticó el texto de la ley de Prepagas ("es un mamarracho") y señaló tres variables esenciales que hacen a sus gastos: "La inflación, el avance de la tecnología y la incorporación que hizo del Estado de cada vez más prácticas médicas a cubrir".

Pero respecto de la omisión de discutir aumentos con los balances en mano, Belocopitt replicó: "No se toman en cuenta porque, si lo hiciera, la Superintendencia tendría que dar aumentos de un 40% adicional. ¡Estamos desesperados para que tomen en cuenta los balances!".


Marcha atrás

En Argentina, están afiliadas a prepagas unas 5 a 6 millones de personas.Sin contar que el sitio "MiObraSocial" relevó que el 59% de los afiliados consideró cambiar de cobertura médica en el primer semestre de 2019 (11% más que en 2018), Osvaldo Bassano, presidente de ADDUC, estimó que “al menos un 20% de los afiliados a nivel nacional, mayormente personas de 50 a 60 años, se bajó en los últimos dos años a obras sociales o al sistema público”. En coincidencia con ese diagnóstico, Sandra González, presidenta de ADECUA, agregó que “en los últimos meses se agudizaron mucho los reclamos”.

Desde la UAS, Belocopitt matizó la merma, de "entre un 10% y un 15%, siempre hablando del segmento medio y bajo... es un sector muy variado".

En este punto vale la pena destacar que hasta este año no era legal que las prepagas aumentaran la cuota a quienes, por ejemplo, entraban en sus “treintas” o “cuarentas”; sólo a los mayores de 65 años que no alcanzaran los diez años de antigüedad.

Pero el decreto 66 habilitó en enero pasado aumentos por franja etaria, siempre que el incremento haya estado informado en el contrato del plan, con copia al usuario, "un derecho explicitado en el nuevo Código Civil", recordó Bassano.

Eso sí, los aumentos tienen límites. A título orientativo, en OSDE informaron que un plan estándar para un menor de 28 años ronda los 3.500 pesos. Pasada esa edad, salta a 5.200 pesos (48% más), y para un mayor de 35 años sube a 8.500 (63% más). Parece mucho, pero respeta la consigna de que la franja etaria mayor no supere más de tres veces la cuota del más joven. Así lo dice la ley.