Pocas armas contra la corrupción

Esos enfrentamientos revelan, de manera muy descarnada, que las instituciones democráticas están gravemente heridas y la ciudadanía es la víctima más concreta de este fracaso de sus representantes.

Esos hechos, de los que cada día se van conociendo más detalles, nos permiten apreciar claramente las consecuencias de tantos años sin la adopción de políticas que fortalezcan a esas instituciones.

Las últimas medidas adoptadas para promover la transparencia, la lucha contra la corrupción y la participación ciudadana fueron promulgadas hace casi una década , mientras que en ese lapso, además, se adoptaron medidas para profundizar el debilitamiento de los organismos de control. En lugar de tomar decisiones para garantizar la división de poderes, se hizo todo lo contrario.

En los hechos que han salido a la luz se aprecia cómo algunos protagonistas del sistema se benefician de sus falencias: el vicepresidente consiguió la remoción del juez de la causa cuando éste había ordenado el allanamiento de una vivienda de su propiedad, pues el magistrado tenía relaciones con un abogado de otro de los imputados. A la vez, se dicen perjudicados por situaciones que ellos mismos permitieron : el propio Boudou denunció al ex procurador general por el aprovechamiento de influencias del estudio jurídico de su familia, pese a que esos mismos abogados fueron quienes defendieron a la Presidenta en una causa por enriquecimiento ilícito.

Uno de los argumentos más repetidos para minimizar la relevancia de las políticas de fortalecimiento de las instituciones es que estas últimas solo permiten mantener el status quo y, en consecuencia, sostener las desigualdades sociales existentes. Sin embargo, ello es incorrecto . Un estado de derecho que funcione -en el cual los poderes del estado se controlen entre sí- facilita la promoción del respeto de los derechos de las minorías. Y, por supuesto, protege a la sociedad civil de los abusos de poder.